1 de septiembre (Urgente.bo).- El ministro de Justicia, Iván Lima, presentó este miércoles los seis ejes para una reforma judicial en Bolivia que van desde el balanceo del conflicto, hasta la transparencia institucional. La socialización comienza este jueves en Oruro y será por 30 días.

En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental explicó que, posteriormente, el documento será socializado en otros departamentos con distintos sectores sociales y la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica y los partidos políticos.

“Proponemos que sea sistematizada y que sean coordinadas y consensuadas. Que las personas que vengan a integrar toda esta propuesta, sistematizarlas y  entregar un plan estructural. Proponemos que ese diálogo sea público, trasparente y sea trasmitido por las redes sociales y medios de comunicación”,  indicó Lima.

Una vez consensuadas las propuestas, se elaborarán con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las normas para reformar la justicia.

Con el Ministerio de Economía, se abordará el tema del presupuesto reformulado para la Justicia.

Los ejes temáticos.

Balanceo del conflicto

Consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a calidad del servicio judicial.  

Actualmente el 24% de los juzgados corresponde a la materia Civil y Comercial, y el 1% a la materia Administrativa y Coactiva Fiscal. El 82% de los casos se resuelven en los juzgados de las capitales y el 18% en las provincias.

A nivel nacional, en promedio, hay un juzgado por cada 8.361 habitantes, de esa cifra global, en ciudades capitales se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098.

Con relación a la cantidad de juzgados por departamento, los casos extremos, en Chuquisaca se cuenta con un vocal por cada 8.531 habitantes en capitales y uno por cada 2.623 en provincias; en Santa Cruz, uno por cada 18.892 en capitales y uno por cada 10.087 en provincias.

Sistema de acceso a la justicia.

Se quiere promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones. La constitución de este sistema de acceso se basará en la demanda real de justicia, estableciendo una red de trabajo integral entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil.

Es necesario asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para su acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje.

En ese ámbito se detectó deficiencias en la cobertura de juzgados, de acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Justicia, existen 175 municipios sin juzgados, lo que significa que 1.294.312 habitantes no cuentan con la cobertura directa.

Independencia judicial

Se busca consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público. Es necesario garantizar la carrera judicial institucionalizada, a través del desarrollo de procesos participativos con actores nacionales e internacionales.

Según el Consejo de la Magistratura de un total de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y 33 (3%) son acéfalos.

Soluciones tic

El plan estratégico del gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.

La implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para los servicios que brinda el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y sus entidades descentralizadas, se reforzará con la construcción de una red interinstitucional en distintos niveles del Estado.

Desarrollo normativo

En este eje se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. Así se garantiza el acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras medidas, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

Esta es la normativa priorizada:

Ley de modificaciones a la Ley Nº 004 contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Proyecto de ley de modificaciones de la Ley Nº 044 de juicios de responsabilidades.

Proyecto de ley de modificaciones de la ley Nº 1104 de creación de salas constitucionales.

Proyecto de ley de modificaciones de la ley N° 025, de 24 de junio de 2010 del Órgano Judicial.

Proyecto de ley del servicio de Derechos Reales.

Modificaciones a la Ley N° 348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Ley de jurisdicción agroambiental.

Transparencia institucional

Se busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información, control y participación social y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico.