La Paz, 30 de agosto (Urgentebo).- El defensor del Pueblo, David Tezanos, presentó este martes una evaluación del conflicto entre el sector cooperativista y el Gobierno. Sostuvo que la violencia provocó la deslegitimación de la dirigencia y que los líderes políticos opten por el consenso y el respeto a la democracia. La defensoría hizo un recuento de lo registrado durante los días de conflicto el 10, 11, 22, 23, 24, y 25 de agosto.

Indicó que durante el conflicto evidenció el uso de explosivos por parte de los cooperativistas, quienes, dijo, apostaron por la incitación, bloqueos de caminos y escaló con agitación mediante noticias falsas, el lanzamiento de dinamitas en hondas, consumo de alcohol, robos, destrucción de propiedad pública y privada, toma de rehenes, privaciones de libertad, secuestros, lesiones gravísimas, atentado a ductos, vejámenes, hasta el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

“La Defensoría del Pueblo procuró generar espacios de diálogo, llamó al repliegue policial y cuarto intermedio en los bloqueos de caminos; sin embrago, la tensión no bajó. La escalada de violencia y subversión del orden  y la ley, abierta y sin  procedentes, sumada a la forma en que se asesino a una autoridad, ha descantado en una legitimación de las dirigencias  de un sector social y que estás deben asumir  responsabilidades; asimismo sus demandas debieron ajustarse al modelo  de Estado y no exponer a la clase trabajadora a una confrontación”, aseguró Tezanos en conferencia de prensa.

La Defensoría constató, informó Tezanos, la existencia de cartuchos de gases y balines de goma, casquillos, heridos y víctimas fatales por arma de fuego, por lo que se puso en la tarea de mediar y evitar más enfrentamientos en los puntos de bloqueo, aún poniéndose en medio de los mismos.

“La utilización de munición letal estará sujeta a investigación, tanto en la Policía Boliviana como por el Ministerio Público”, dijo.

Identificó entre los perjudicados por el conflicto a las y los pobladores de las comunidades de Mantecani y Panduro, debido a que se registraron afectación de sus predios. Asimismo, transportistas, viajeros, reporteros y camarógrafos de diferentes medios de comunicación sufrieron agresiones y daños por acciones de personas del sector cooperativista.

“La Defensoría manifiesta su solidaridad con las familias de las víctimas que ha dejado este conflicto, llamando al sistema de justicia a la investigación y sanción de los hechos delictivos suscitados, invocando a los líderes políticos en demanda a ser personas de consenso y respeto a la democracia y la cultura de paz, así como instando a las autoridades a allanar las soluciones que correspondan”, explicó.

La institución defensora elabora un informe sobre los hechos relacionados a esta situación de conflictividad, y aclaró que no ha establecido responsabilidades.

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