DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL BOLIVIANO. Es el título que lleva el nuevo libro del Ministro de Justicia, Dr. Héctor Arce, que ha sido presentado hace unos meses en instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como también en las principales Facultades de Derecho del país (Santa Cruz y La Paz, por ejemplo). Con este motivo, aprovecho la oportunidad para trazar algunos apuntes y observaciones críticas al libro, desde el punto de vista estrictamente académico, apoyado en la experiencia que brinda la docencia universitaria, y con el único afán de expresar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de esta disciplina, que ciertamente ha sido insertada de manera relativamente reciente entre los Planes de Estudio de las Universidades de nuestro país.

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A primera vista, el texto tiene una simpática presentación: lleva un prólogo del Dr. José Luis Gutierrez Sardán (rector de la UASB), quien rememora el momento en que conoció al autor, su notable trabajo con el Dr. Manuel Morales Dávila (Docente de la UMSA) y la defensa del entonces diputado Evo Morales. A lo anterior, se añade un prefacio del autor del libro, en donde además de señalar algunos de los importantes cambios que se han introducido en la vida institucional del Estado, a través de la Constitución promulgada el 7 de febrero de 2019, reconoce que este nuevo libro en realidad se trata de una versión ampliada y actualizada, de su anterior libro sobre “Recursos Constitucionales” que publicara hace dos décadas atrás en el año 1999 (con posteriores ediciones en los años 2002, 2004, 2006 y 2009), a partir de la adopción de sistema de control de constitucionalidad concentrado en Bolivia.

Ahora bien, el nuevo texto publicado por el autor, se divide en dos partes: una primera parte dedicada -según dice- al Derecho Procesal Constitucional, y una segunda parte dedicada a los "procedimientos constitucionales"(sic). En la primera parte –y en lugar de desarrollar el concepto y características del Derecho Procesal Constitucional–, se dedica a describir algunos conceptos sobre Derecho Constitucional y Constitución (rindiendo tributo a su maestro Manuel Morales Dávila), sistemas de control de constitucionalidad y algunas notas sobre la Jurisdicción Constitucional en Bolivia, para terminar  con una breve revisión de la Jurisdicción Constitucional en América Latina.

En la segunda parte comienza haciendo un resumen del contenido del Código Procesal Constitucional, para luego desarrollar por capítulos (resumidos en 5 a 8 páginas) cada una de las Acciones de Defensa y los Recursos Constitucionales vigentes. Sin embargo, en cada capítulo, tan solo se limita a señalar un concepto, los antecedentes históricos, las características de la Acción o Recurso de que se trate, y luego resume el procedimiento, reiterando lo ya establecido en el Código Procesal Constitucional y en la nueva Ley que establece las Salas Constitucionales en Bolivia; de todo lo cual, es difícil identificar un aporte propio del autor, y lo que llama la atención, es que no se mencionan las principales líneas jurisprudenciales establecidas por el TCP sobre cada uno de los institutos jurídicos que se estudian en el texto.

Así por ejemplo, se omite mencionar las líneas jurisprudenciales que –a través de subreglas– ha establecido el TCP respecto a la posibilidad de presentación oral de la Acción de Libertad, así como la subsidiariedad excepcional de la misma; no se hace mención al desarrollo jurisprudencial de la inmediatez y subsidiariedad que rigen la tramitación de la Acción de Amparo Constitucional, las subreglas existentes en la actualidad sobre el computo de los seis meses establecidos constitucionalmente para su interposición en forma oportuna, la medida de la aplicación de estos parámetros en la Acción de Protección de Privacidad, etc.

Creo que talvez lo único actualizado del texto –según mi criterio–, sean las 8 páginas de Anexo al final, en donde se resume en un cuadro explicativo, la jurisprudencia relevante del TCP (2012 - 2013) sin haber dejado de mencionar la polémica SCP 0084/2017.

Particularmente, considero que para la adecuada elaboración y posterior publicación de un libro sobre Derecho Procesal Constitucional, no es suficiente que la obra escrita exista o salga a la luz pública, sino más bien pienso que debe poseer un contenido lo suficientemente relevante que demuestre su utilidad concreta, y justifique la conveniencia de su aparición en determinada época, para alcanzar un propósito pedagógico específico; valoración que ciertamente queda librada al criterio del lector. De ahí que, es necesario precisar que cualquier obra sobre esta materia, deberá ineludiblemente considerar los estudios doctrinales existentes, las modificaciones legislativas recientes y, sobre todo, la constante evolución y desarrollo jurisprudencial de los institutos objeto de estudio de la disciplina.

Por ello –y principalmente por mi responsabilidad docente, en la cátedra de Derecho Procesal Constitucional– me corresponde hacer notar que si bien el texto concierne a la materia, lamentablemente no indaga –ni siquiera someramente– sobre los orígenes y desarrollo científico de la disciplina; tampoco da cuenta de sus avances actuales y su tendencia a la codificación en el caso de Latinoamérica; no hace referencia alguna al desarrollo normativo que ha tenido el Derecho Procesal Constitucional en Bolivia; ni mucho menos ofrece un acercamiento a la conceptualización de la disciplina, que sea mínimamente aceptable y comprensible para los estudiantes de pregrado y posgrado –a quienes se dirige la publicación, según el autor–.

De ahí que, se extraña que en el texto no se aborden algunas de las principales temáticas esenciales del Derecho Procesal Constitucional, tales como: los sistemas de control de constitucionalidad (control plural en el caso de Bolivia), sus características diferenciadoras y sus manifestaciones en otros países; los principios y criterios de interpretación constitucional; la naturaleza de las sentencias constitucionales, clasificación, alcances y efectos jurídicos; la jurisprudencia constitucional y sus modulaciones.

En consecuencia, se olvida por completo que esta disciplina –como bien precisa Rivera Santivañez–, realiza un estudio teórico-doctrinal, normativo y jurisprudencial sobre los sistemas de defensa de la Constitución (a través del control de constitucionalidad), analizando su fundamento jurídico y político, los diversos modelos de control de constitucionalidad que se han adoptado en el mundo (difuso, concentrado y mixto), los mecanismos y vías de control, defensa e interpretación de la Constitución, y finalmente también estudia los procedimientos jurisdiccionales que deben emplearse para efectivizar el control de constitucionalidad (en el ámbito normativo, competencial y/o tutelar), comprendiendo el conjunto de actividades desarrolladas por los jueces y tribunales encargados de administrar justicia constitucional, tales como la interpretación constitucional, la legitimación activa y pasiva, los procedimientos de tramitación de los recursos y/o acciones constitucionales, las sentencias constitucionales en cuanto a sus efectos vinculantes, incluyendo además el estudio de la jurisprudencia constitucional^[1].

Con todo lo expresado hasta aquí, no pretendemos desmerecer el trabajo destacable realizado por el autor; sin embargo, por estas y otras omisiones que se aprecian a primera vista, se ve truncado el propósito perseguido, de constituirse en “un texto de consulta sobre la materia, así como un manual de los procedimientos constitucionales en Bolivia”; dado que en razón de éstas y otras temáticas indispensables de que carece el texto, difícilmente podría llenar las expectativas de estudiantes y profesionales, que coadyuve tanto a su formación profesional, como al ejercicio adecuado de la profesión en estrados judiciales, con conocimiento de causa y con información actualizada.

En consecuencia, es importante que los estudiantes, estudiosos y profesores de Derecho Procesal Constitucional, sometan a un estudio crítico serio este nuevo aporte bibliográfico, y puedan valorarlo de manera responsable, a fin de identificar las principales necesidades pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina en Bolivia.