10 de diciembre (Christian Rojas/ Urgente.bo).- Terrorismo de Estado, asesinatos colectivos con franco-tiradores, emboscadas, torturas, toma de rehenes, son algunos de los presuntos delitos por los que deben responder el expresidente Evo Morales, cuatro exministros y un asambleísta departamental deban responder ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Así lo explica Alfonso M. Dorado, abogado de al menos de 10 bolivianos que interpusieron el recurso en busca de justicia y evitar que los crímenes acaecidos en Bolivia, entre 27 de octubre y el 20 de noviembre, no queden impunes.

El jurista que es parte de un buffet de reconocidos abogados en Paris, Francia, conversó este martes con el portal informativo Urgente.bo. En la entrevista explicó las razones del por qué se acudió a la instancia internacional bajo el mecanismo de subsidiaridad. Aseguró que se presentaron 18 videos y 51 escritos como pruebas en contra del exmandatario de Bolivia con asilo en México, el exvicepresidente Álvaro García Linera, y los exministros: Juan Ramón Quintana Taborga, Wilma Alanoca Mamani, Carlos Romero Bonifaz, Javier Zavaleta López, además del asambleísta departamental por La Paz, Gustavo Torrico Landa.

El abogado contratado por las víctimas afirmó que la Corte Penal de La Haya, podría asumir acción y persecución penal, toda vez que hay elementos por demás suficientes, que prueban que el Ministerio Público en Bolivia, no quiere tomar acciones contra los responsables de cerco y asfixia a las ciudades, el uso de dinamitas, evitar la llegada de alimentos y agua. El 2 de noviembre, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que se desestimó el recurso  penal de la senadora opositora Carmen Eva Gonzáles, por las amenazas de Evo de cercar las capitales de La Paz y El Alto.

Lea la entrevista:

¿Cuándo comienza la demanda y contra quienes?

Es una denuncia de varias víctimas cuyo nombre está en reserva contra  el expresidente Evo Morales. El señor, García Linera, el señor; Quintana Taborga, el señor; Romero Bonifaz, la señora; Alanoca Mamani, y el señor; Torrico Landa por los delitos de lesa humanidad.

Se trata de una denuncia  por crimines de lesa humanidad, un ataque generalizado que se lleva a cabo desde el 27 de octubre, hasta el 20 noviembre del 2019 al menos, la fecha puede ampliarse, hay pruebas y eso significa apertura automática de la investigación, puesto que,  debe sr analizado  por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

¿A qué tipo de instancias se puede acudir para presentar este tipo de denuncias?

Hay tres mecanismos. O bien se lo hace a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que significa tener los votos mayoritarios del Consejo de Seguridad. La segunda, es que el propio Estado, donde han ocurrido los hechos que son considerados de lesa humanidad como  crímenes de guerra  u otros crímenes internacionales, sean tratados en el mismo país de acuerdo el Estatuto de Roma y, un tercero, es que Fiscalía de la propia Corte Internacional Penal de oficio  puede abrir una investigación, a partir de lo que son las denuncias  formuladas por personas físicas, en el caso víctimas o asociaciones de víctimas.

¿Qué se trata de evitar y probar con esta demanda?

Sobretodo evitar la impunidad que se ve  en Bolivia  y en otros países. Para eso existe la Corte Penal Internacional, de manera que se ha acudido a la Corte Penal Internacional para dar la posibilidad de que se juzguen primero estos crimines en estos países, pero; en caso no haya voluntad de las  instituciones, ahí interviene la Corte.  Espero que estos crimines sean juzgados primero en Bolivia, es una Espada de Democles  para el sistema  judicial y si éste funciona o no. 

¿Qué significa activar el principio de subsidiaridad en delitos de lesa humanidad?

Significa que con esta denuncia se está a dando a conocer los hechos acaecidos en Bolivia, pero obliga también al sistema judicial boliviano a actuar.

Está en el tratado de Roma de la Corte Penal Internacional que fue ratificado. Es una ley de la República, tiene rango constitucional. En el caso de Bolivia, fue adoptado el instrumento de ratificación y fue depositado el 2 de junio  del 2002. Entonces, el mecanismo de subsidiaridad es que si no se juzgan estos actos, que están tipificaos como crimines de lesa humanidad en Bolivia, la Corte Penal Internacional puede atraer la causa para que las personas y los autores sean juzgados ante La Haya.

¿Cuántos presentaron la demanda y quiénes son?

Son al menos 10 personas, pero se pueden sumar otras víctimas más. Hay muchas más que han sido afectadas y hay distintas grados de víctimas. Son personas físicas que son  varias, no se pueden conocer los nombres, por qué, porque me pidieron se mantenga en reserva, y hay que respetarlo. Se pidió también a la Fiscalía mantener en reserva los nombres.

¿Qué pruebas que se presentó ante la CPI?

Son 18 videos, que van desde la declaración del señor Evo Morales del 27 de octubre  del 2019, en Sicaya, Cochabamba, que da la instrucción de cercar las ciudades , interrumpir el acceso al agua y alimentos . Hay videos de los hechos acaecidos, por ejemplo: la emboscada de los buses en Vila Vila (Oruro) o testimonios relacionados a rehenes, agresiones sexuales que hubieron  y también torturas y las agresiones que un grupo de jóvenes que  sufrieron. También está la planificación y premeditación, sobre todo los momentos de zozobra que se causaron. Por otro lado, hay 51 pruebas escritas.

¿Cuánto tardará la Corte Penal de La Haya en iniciar la investigación?

Es difícil saber, eso puede tomar bastante tiempo, pueden ser meses que pueden transcurrir, porque se van acumulando las pruebas. Hay un registro que está abierto a esta denuncia, significa que la Fiscalía va estar atenta a todas las pruebas que se van a presentar en esta primera etapa de pruebas.

¿En una etapa posterior, las víctimas se presentarán en la Corte?

No, no necesitan se puede constituir en parte civil, en realidad todas las personas que se consideren lo que ha sucedido en esas fechas, pueden considerarse en la parte civil  bajo forma de asociación  y es lo que sucede ante la Corte Internacional Penal y son representados por abogados como es mi caso. No ocurre lo mismo con los acusados, autores o presuntos autores que tienen que presentarse.

 

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