El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que en los próximos días el presidente Luis Arce derogará una parte del decreto 4461, promulgado en febrero pasado, y en el que el gobierno actual concede amnistía a las personas que fueron procesadas durante el gobierno de Jeanine Añez.
“El Presidente anunció que se iba a derogar el decreto presidencial que da amnistía, no en su integridad, sino en cuanto a las razones expuestas por el GIEI para poder adecuar al estándar internacional y a la recomendación que nos hizo, (…) y eso también está en curso y yo entiendo que esta semana ya vamos a tener ese documento que debe pasar por la Asamblea, ya que el Presidente ha realizado lo que está bajo su ámbito de competencia para publicar en la Gaceta Oficial”, dijo Lima este domingo en una entrevista con medios estatales.
El artículo cinco del mencionado decreto señala lo siguiente:
I. Se concede el beneficio de amnistía a las personas que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial cumpla alguna de las siguientes condiciones:
1. Personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
El GIEI hizo 36 recomendaciones al Estado, destinadas a la reparación de los daños, la búsqueda de justicia y cambios en la institucionalidad del Órgano Judicial, para que no vuelvan a ocurrir hechos como los de 2019.
La anterior semana, el presidente Arce afirmó que, para comenzar a cumplir esas recomendaciones, se derogará el DS 4461, emitido el 2 de febrero de este año. Esta norma daba amnistía “por razones humanitarias” a las personas procesadas en 2019 por el Gobierno de Jeanine Áñez. La mayor parte de los amnistiados fueron seguidores del MAS que estaban acusados de generar violencia en los hechos de 2019.
En marzo pasado, la organización Human Rights se pronunció sobre ese decreto de amnistía.
“Existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de Áñez persiguió a partidarios del MAS en casos que obedecían a motivaciones políticas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”.
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