Washington, 04 de abril (Guido Roberto Peredo para Urgentebo).- El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzain fueron hallados responsables de cometer “ejecuciones extrajudiciales” y podrían pagar hasta 10 millones de dólares por daños y lesiones causadas a ocho de las 60 víctimas mortales, en la llamada Guerra por el Gas
En las puertas de la Corte Federal de Florida, la asesora de Comunicación del Centro para los Derechos Constitucionales (CDC), dio a conocer que aunque la defensa de Goni y Sánchez Berzaín, considera de que este juicio no ha terminado, el juez no podrá cambiar del Jurado que les halló responsables del juicio civil que iniciaron nueve familias bolivianas por la muerte de ocho ciudadanos bolivianos en los sucesos del 2003 en diferentes poblaciones de La Paz.
Luego de un mes de deliberaciones el jurado civil compuesto por 10 miembros, con mayoría étnica blanca, encontró como culpables por Ejecuciones en Masa a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, y en mayo próximo el juez podrá hacer publica ciertas objeciones al caso, que no pueden ni deberán cambiar la sentencia de final que todo el mundo ya sabe, dijo Jen Hessel.
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Las familias bolivianas que buscaron justicia en EEUU y el equipo de abogados que les apoyo (Human Rights Program at Harvard Law School)
En un email dirigido a la redacción de Urgentebo, Hessel explicó que aunque la norma permite hacer ciertas modificaciones o cambios a un juez de la Corte Federal, éste no puede revisar, reducir o cuestionar las decisiones finales del jurado.
“Puede cuestionar el procedimiento por el que un jurado llega a una decisión, pero no puede cambiar la sentencia final”, dijo.
En otras palabras, el Juez James I. Cohn, solo podrá hacer ajustes, si los hay, y hasta el 04 de mayo próximo. Sin embargo, se prevé que antes de ello, las partes podrían llegar a un acuerdo tal como sucede en otro tipo de casos donde la pena es básicamente monetaria.
En otras palabras se trata del primer caso en que un jurado halla responsable a un mandatario por ejecuciones extrajudiciales, mediante el uso desproporcionado de armas de fuego de las Fuerzas Armadas contra ciudadanos, en este caso, bolivianos.
Para Hessel, lo que puede suceder es que el juez cuestione ciertos procedimientos que el jurado tomó para llegar a la decisión final, pero, insistió, en que no va a poder, ni puede legalmente cambiar la decisión del jurado.
Hessel explicó que debido a que la Corte Federal decidió juzgar este caso bajo la Ley de Protección Contra las Víctimas de Tortura (TVPA), que es un cargo grave, este caso civil federal tiene un tratamiento especial.
El objetivo de esta ley es castigar a gobernantes por abuso de poder y proteger a la sociedad civil de matanzas y ejecuciones en masa, como en este caso que tiene relación con los sucesos de septiembre y octubre de 2003, donde más de 60 personas perdieron la vida y centenares quedaron heridas.
El abogado de la Defensa, como es norma y tradición, cuestionó la decisión y pidió al juez que revise ciertas “inconsistencias”. Por ello el Juez, Cohn estableció un receso en sala y luego dicto una pausa hasta el 04 de mayo, para cuando ya habrá definido si la Defensa ha demostrado que el jurado dio su veredicto debido a ciertas inconsistencias técnicas que no son de fondo.
En todo caso, el jurado ya dio su sentencia sobre el caso, “Culpables por ejecuciones en masa”, tal como dice la sentencia entregada al juez, de forma escrita por el jurado.
