El paro es una medida de protesta que refleja el descontento social por la conducta política de un gobierno. Como en todo conflicto, a su alrededor se genera desinformación acerca de su legitimidad, debido a la polarización que amenaza con enfrentamientos en torno a su ejecución.
El paro de este lunes 08 de noviembre de 2021 coincide con los actos de festejo por el primer año de gestión de Luis Arce Catacora al frente del gobierno central; una gestión que sistemáticamente, alentó el conflicto y la división entre bolivianos, acudiendo a grupos de choque, e incluso a instituciones de distintos niveles del Estado.
Inicialmente, el paro se dirige contra la ley N° 1386 “de estrategia nacional y lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”. De entrada, la denominación de la ley resulta irónica, cuando está comprobado, más allá de toda duda, que funcionarios del régimen del Movimiento al Socialismo cometieron actos de corrupción desde que fueron gobierno en 2006 y favorecieron a la evasión de sus responsables; lo lamentable es que, estas conductas se han mantenido vigentes durante este periodo de gobierno, basta mencionar, la actuación del INRA y de las autoridades frente a los conflictos armados y el secuestro de periodistas sucedido en “Las Londras” el día 28 de octubre pasado.
En torno al paro, el gobierno y las “organizaciones sociales”, han generado desinformación con la finalidad de generar enfrentamiento en las calles de nuestras ciudades. Se apunta a una supuesta intención de golpe desestabilizador al gobierno legalmente constituido; se apunta a un intento por frenar la reactivación económica promovido por “empresas multinacionales”, “oligarquías” y “cívicos golpistas”, hoy por hoy, cualquier medida de presión legítima, puede ser etiquetada como “intento de golpe”, cuando, en realidad, no existe un solo elemento que apunte a ello; es más, aunque pese a muchos, el gobierno es legal y legítimo, eso no está en discusión, sí, su manera de actuar, de atentar contra la paz social, generando conflictos en todo el territorio nacional.
Pero, intentemos comprender desde otra óptica. El paro, como medida, se ha convertido en la única herramienta, pacífica y legítima de una sociedad asfixiada por sus autoridades; sucedió en octubre de 2019, luego del fraude electoral, fue entonces que, una parte de la ciudadanía, comprendió que esta medida es efectiva y lo, es más, cuando se desarrolla en unidad.
Así como el gobierno nacional goza de legalidad y legitimidad, también lo hace la oposición, y principalmente, la ciudadanía que es parte de ese 45% que votó por otras opciones y merece respeto, especialmente en el trato a sus representantes dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Entre los días de ayer 06 de noviembre y hoy 07 de noviembre, observamos el inconcebible actuar de los asambleístas a momento de elegir las directivas para el siguiente periodo legislativo. Nuevamente, el Parlamento fue escenario de gritos, insultos y agresiones físicas, incluso por parte de la Policía Boliviana en contra de Asambleístas de oposición.
En una actitud rastrera, el Presidente de la Cámara de Diputados y la bancada del MAS, intentó sesionar a escondidas en el viejo hemiciclo para nombrar las directivas sin la presencia de los asambleístas de oposición, a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde, distintos medios de comunicación difundieron en vivo las imágenes de cómo, dos asambleístas oficialistas obstruían el corredor central del hemiciclo y no permitían que los asambleístas de oposición emitan su voto.
El ojo de la tormenta, estuvo en torno al asambleísta de Comunidad Ciudadana, Edwin Rosas, quién, a espaldas de su bancada se postuló a la segunda vicepresidencia de la Cámara, con el apoyo del MAS, alcanzando su objetivo de manera cobarde. El nuevamente Presidente de la Cámara, incapaz de poner orden (no era conveniente a sus intereses partidarios), hizo la vista gorda frente a las agresiones físicas que sufrieron los diputados de oposición, y finalmente, contribuyó en gran medida a consolidar un golpe en el Congreso Nacional.
Este lunes, los festejos en Plaza Murillo contrastarán con el paro nacional indefinido acatado por, al menos, ocho sectores sociales. Días atrás, organizaciones como la CSUTCB, la Fejuve de El Alto y autoridades de Estado, salieron a amenazar con que “no permitirán ningún intento de golpe”, y yo pregunto ¿de qué golpe hablamos? ¿es qué acaso, no tenemos el derecho de manifestarnos pacíficamente en contra del abuso de autoridad?
Bolivia vive años complejos, años que serán definitivos para su futuro. Con la democracia pendiendo de un hilo, no existe otro escenario que no sea el de la lucha pacífica por la reivindicación de la institucionalidad del Estado y la independencia de sus poderes.
A los políticos, pedirles que no se equivoquen, que el país no es propiedad de ningún partido, que el futuro depende, en gran medida de la sociedad en su conjunto y si nos tienen unidos, pues entonces, no nos tienen a su merced.
Porque el abuso y la violencia deben cesar de una vez y por todas, mañana vamos pacíficamente al paro.
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