El 21 de abril de 1993 fue una histórica jornada, que si bien estuvo marcada por recuerdos dolorosos, hubo la esperanza de un mejor futuro debido a que, tras siete años de lucha para conseguir el objetivo central, se otorgaba sentencia condenatoria contra Luis García Meza y Luis Arce Gómez con la máxima sanción penal, además de dar penas menores a sus colaboradores por el gobierno de facto 1980-1981.
La ciudad de Sucre, sede de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, acogió, en única instancia, el Juicio de Responsabilidades contra la última y cruenta dictadura que gobernó el país, y fue el momento de sentar en el banquillo de los acusados a esos responsables. La Policía Nacional hizo un magnífico trabajo para capturar a quienes serían sentenciados en ese Juicio de Responsabilidades, aunque García Meza fue capturado en Brasil un año después y su extradición duró casi un año en la Corte Suprema de Justicia de Brasil que finalmente aprobó la extradición, y el ex dictador llegó a La Paz el 15 de marzo de 1995 para ser trasladado directamente a Chonchocoro a cumplir su condena.
Un día antes de la sentencia, el Gobierno de Jaime Paz Zamora aprobó el Decreto Supremo Nº 23475, el cual, considerando “que es necesario relievar este acontecimiento, como un homenaje a la democracia boliviana y por constituir un antecedente histórico en los anales de la Judicatura Nacional”, declara el 21 de abril como Día de la Dignidad Nacional, por ser la fecha no solamente de la determinación de la condena por lo citado, sino porque Bolivia debía dar una lección a quienes violen la Constitución Política del Estado y vulneren los derechos fundamentales: sanción por sus acciones y omisiones, y mostrar que no debe existir impunidad de autoridades que, de manera temporal, ejerzan el poder.
El poder podrá ser absoluto, pero nunca eterno; esa es la premisa que tanto gobernantes como gobernados debemos entender y ejercer, y que la función pública es la oportunidad de la persona que la ejerza, de dar lo mejor de sí mismo para coadyuvar con el engrandecimiento del país. Por supuesto que la ciudadanía debe ser guardián de los intereses nacionales y no entregar en “bandeja de plata” todo el poder que tiene, a los políticos. Por ende, es necesario profundizar la verdadera democracia y consolidar verdadera institucionalidad en el país.
