“Me han dañado psicológicamente, me perjudicaron en mi carrera y me han puesto incluso hasta un lunar diciendo que yo era (la raptora)”, se lamentó Dana, la enfermera inocente que fue acusada de raptar al bebé Alex, en La Paz.
La joven, de 22 años, permaneció más de dos meses con orden de detención preventiva en la cárcel de Obrajes, a pesar de ser inocente. Fue liberada cuando apareció la verdadera raptora y se declaró culpable. Dana, tras salir libre, dijo que pedirá justicia por todas las mujeres inocentes que se encuentran detenidas en la cárcel.
Al igual que Dana, hay personas encerradas en la cárcel de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz y que no han sido declaradas culpables. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el 2021, en Bolivia había 12.155 personas con detención preventiva y en La Paz son 2. 872.
“Hay varios casos de privados de libertad que están mucho tiempo con detención preventiva y no recibieron una sentencia. Muchos de ellos incluso más tiempo del mínimo legal, dichos casos generalmente después acaban olvidados”, lamentó Marco Loayza, coordinador de proyectos de Fundación Construir.
Mónica Moya, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, señaló que en Bolivia hay un abuso de la figura de la detención preventiva, lo que provoca el hacinamiento en las cárceles y que los presuntos inocentes después de cumplir uno a dos años con detención preventiva prefieren declararse culpable únicamente con el objetivo de salir libres. “Hay presos preventivos que están detenidos 3 ó 4 años”, complementó Loayza.
“Hay casos de quienes optan por un proceso abreviado, lo que implica reconocer la autoría de un delito real o no, no sabemos. Para algunas personas, el proceso abreviado es la posibilidad para salir, sin importar que hayan tenido que reconocer la comisión de un delito real o no”, lamentó Moya.
Otro de los casos que demuestran la retardación de justicia en el país es el caso de Roberto Huanca. Este hombre lleva detenido preventivamente por un año y tres meses tras ser vinculado por el asesinato de Mayerli, joven que fue asesinada y descuartizada por Matusalén, el hombre que confesó el crimen en 2021.
Al igual que Roberto, hay varias personas que alegan ser inocentes pero están con detención preventiva, incluso por un tiempo que rebasa el de su condena en el caso de que fueran hallados culpables.
El abogado Aldo Torrez, de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), dijo que la detención preventiva normalmente es de “seis meses, pero se alarga debido a la gravedad al caso, ya que el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones correspondientes”.
Para Moya, hay negligencia por parte de la Fiscalía y escasa eficiencia en el trabajo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), ya que no cuentan con las herramientas necesarias para acelerar una investigación.
“Hay limitados recursos humanos y equipamientos que dilatan las investigaciones”, lamentó el estudio de este asunto.
Según datos del INE, en Bolivia hasta el 2021 hay un registro de 1.953 personas detenidas por el delito de narcotráfico y de esas personas, 348 se encuentran en La Paz.
Muchas mujeres cumplen detención preventiva en la cárcel por narcotráfico, en varios casos son implicadas en grado de complicidad con su pareja y reciben la misma sentencia como autoras del delito.
Para la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Moya, la justicia debería cambiar la sentencia penal para estas mujeres y ser juzgadas por el grado de delito que cometieron.
“La Ley 1.008 establece penas muy altas para todos los casos, donde no considera graduaciones. Son casos de mujeres que no tuvieron una participación directa”, dijo Moya.
Los recintos penitenciarios del país están en pésimas condiciones debido al poco presupuesto que el Gobierno destina para el sector. La situación se agrava por el hacinamiento carcelario y el abuso de la detención preventiva.
“Bolivia ocupa el tercer puesto en tasa de hacinamiento a nivel mundial, una de las más altas y eso demuestra un abuso de la detención preventiva”, dijo la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Moya.
Según los datos del INE, hasta el 2021 la población carcelaria bordeaba las 19 mil personas privadas de libertad, más de 17.000 hombres y casi 2.000 mujeres. Del total, casi 6.000 obtuvieron condena, mientras que 12.000 esperan la decisión judicial con detención preventiva.
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