Dos días después del hallazgo del cadáver de la niña Darlyng en el municipio de Mairana en Santa Cruz, el viceministro de Justicia, César Siles, expresó la indignación del Ejecutivo sobre este caso y anunció que abogados del gobierno se constituyeron en patrocinantes del proceso con el fin de que la justicia dicte una sanción de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los responsables de esa muerte, que, según algunos datos, habrían pedido una recompensa a la familia.
“Hemos recabado la información preliminar de las investigaciones. Nos estamos constituyendo como abogados patrocinantes de este hecho lamentable”, indicó Siles.
Explicó que, según las investigaciones preliminares que realizó la policía y el Ministerio Público, se tiene como indicios llamadas telefónicas y mensajes de whatsapp que configuran la hipótesis de que la muerte de la niña tuvo móviles económicos ya que se habría solicitado una recompensa por la menor de edad.
El Viceministro dijo que se buscará que la justicia determine la máxima sanción legal contra las personas responsables del asesinato, es decir 30 años de presidio sin derecho a indulto.
Por su lado, la directora de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, exigió que los administradores de justicia dicten la máxima sanción contra los infanticidas y recordó que el Gobierno tiene el principio de ejercer una lucha tajante contra la violencia hacia niños y niñas.