La Paz, 7 de septiembre (Urgentebo).- Los ministros de Defensa y de Justicia, Reymi Ferreira y Héctor Arce, respectivamente, y el procurador General del Estado, Pablo Menacho, presentaron a la Asamblea Legislativa la denuncia contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su fallo en el caso de los Misiles Chinos.
Así, se concretó el pedido que el presidente del Estado, Evo Morales, había hecho ayer, cuando solicitó abrir un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TSJ por emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y prevaricato.
“Nosotros teníamos un armamento estratégico y fue entregado, sería un funesto precedente dejar esto impune”, aseguró Arce después de hacer la entrega de la denuncia, que deberá tramitarse en el Legislativo.
Pablo menacho, por su parte, aseveró que la denuncia no es para revisar el fondo del proceso, “sino para investigar la actuación de los Magistrados en el caso”.
Ayer, Morales señaló estar convencido de que “ha habido mucha plata” para que las penas no sean tan severas como establece la Constitución. “No tengo pruebas, pero estoy convencido”, enfatizó.
El TSJ determinó una pena de tres años de prisión para ocho de los 10 implicados y en la audiencia quedó establecido que no se halló culpable a ninguno de los acusados por revelación de secretos militares ni de sometimiento a dominio extranjero.
La sentencia resolvió tres años de cárcel para Marcelo Antezana, Marco Antonio Vásquez, Gonzalo Méndez y Marco Antonio Justiniano, los dos últimos en rebeldía. Mientras, que Víctor Hugo Cuéllar Balcazar fue condenado a dos años y seis meses, en tanto que David Torricos Vargas y Wilbert Sánchez Sánchez fueron sentenciados a dos años. Entretanto, fueron absueltos Ernesto Caballero Ustariz y Gonzalo Rocabado. Ciro Valdivia Murguía se sometió con anterioridad a un proceso abreviado y fue condenado a dos años de cárcel.
Los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Rita Susana Nava Durán firmaron la cuestionada sentencia.
