La Paz, 11 de diciembre (Urgentebo.com).- La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) presentó el informe 2018, sobre la situación de las libertades fundamentales.
“Durante el 2018, el Estado boliviano ha mantenido una tendencia vulneradora al derecho a la libertad de expresión contra quienes investigan, critican o se oponen a la gestión gubernamental”, dice parte del informe.
Además, temas como la censura, autocensura, acceso a la información y resguardo de fuentes fueron abordados en el informe correspondiente a la gestión 2018, en base a Información recolectada del monitoreo diario que realiza el Observatorio de Defensores de DDHH.
“En lo relacionado a la protección de fuentes, el caso de Jhiery Fernandez confirma una tendencia generalizada de vulneración a la libertad de expresión, considerando que la Fiscalía General del Estado exigió a la Red ATB, revelar la fuente que le permitió acceder al audio que develó serios problemas en la administración de justicia”, informó Susana Eróstegui, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
El Informe denuncia vulneraciones y falta de garantías en protestas pacíficas a través del uso de agentes químicos y el vehículo Neptuno, además ejemplifica con el caso de la muerte de Jonathan Quispe, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) abatido en una protesta universitaria por miembros de la Policía, caso que aún no ha sido esclarecido.
“La falta de protección a sectores vulnerables es evidente”, dijo Eróstegui al señalar algunos casos referidos a los Pueblos Indígenas y la violación a sus derechos, por ejemplo, a la consulta previa e informada en cuanto a mega-proyectos de desarrollo.
La falta de institucionalidad democrática fue la problemática que cierra el informe donde se destacan los casos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
