La Paz, 22 de dicembre ( Revista Oxígeno-Urgentebo).- El desfalco provocado al Banco Unión por Juan Pari, exjefe de operaciones de una pequeña sucursal, provocó una pérdida de,  al menos 37.6 millones de bolivianos. Ese fue el mayor escándalo delincuencial que se registró este año  después del caso de Gabriela Zapata y el Fondo Indígena.

Medios de comunicación bolivianos centraron la noticia en el caso por al menos seis semanas. Un joven de 28 años de edad,  sin título profesional, aprovechó los accesos que logró para robar  el dinero de la entidad estatal y vivir como un magnate. La novia, una bailarina de nacionalidad argentina, Luciana Gagnola, disfrutaba de los lujos que el daba el joven, quien hoy recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

El robo salpicó a toda la familia Pari, al menos cinco de sus integrantes están en distintos centros de reclusión en La Paz. Su padre, Segundino Pari, aprobó todas las maniobras delincuenciales de su hijo. La esposa y la madre de Juan también están en la cárcel acusadas de cómplices.

El misterio que hasta ahora no fue respondido es por qué Pari exhibía sin freno alguno la riqueza que había obtenido robando al banco estatal.

YPFB en la lista

En la primera parte del año,  YPFB fue el blanco de la investigación por un presunto hecho corrupción el 2017, mediante un proyecto de contrato que favorecía a la empresa italiana Drillmec. Las irregularidades fueron descubiertas y no hubo firma de contrato. El expresidente de YPFB, Guillermo Achá, fue involucrado en el proceso irregular y fue destituido del cargo. Este caso y el cambio de titular tuvieron un efecto adverso en la ejecución de inversión por la estatal.

En la última década, la estatal petrolera tuvo  siete presidentes, Santos Ramírez, Jorge Alvarado, Guillermo Aruquipa, Carlos Villegas y Manuel Morales Olivera, todos ellos afrontaron acusaciones de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, y enriquecimiento ilícito.

En noviembre el equipo jurídico  de la estatal petrolera presentó una querella ante el Ministerio Público contra  Javier M. J. F., contador acusado de los  delitos de cohecho pasivo propio, concusión, incumplimiento de deberes y extorsión. Javier solicitó una suma de dinero para supuestamente cubrir servicios profesionales (inexistentes) en la Dirección Legal.

El 20 de octubre, seis funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa)  estuvieron implicados en la venta irregular de maíz a precio preferencial para granjas consideradas fantasmas

El caso del Fondo Indígena involucró a dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS y a altas autoridades del Ejecutivo. Tras cinco años de investigación el caso está por cerrarse., la exministra Nemesia Achacollo goza de detención domiciliaria. Lo mismo ocurrió con la exministra Julia Ramos. Este caso generó críticas de la oposición y otros sectores.