La Paz, 23 de junio (Urgentebo).- La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció ante la ONU que el trabajo periodístico en el país se encuentra en una

“peligrosa situación de vulnerabilidad”. Con ese motivo, entregó una carta al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Denis Racicot, con un detalle de los hechos que afectan la labor independiente de periodistas y medios frente a las amenazas y ataques verbales del gobierno.

Durante más de una hora, el presidente de la ANP, Pedro Rivero, el primer vicepresidente, Jorge Carrasco y el ex presidente Marco Dipp, informaron a Racicot y sus asesores sobre el temor generado entre periodistas y directores de medios que la semana pasada fueron amenazados por el vicepresidente Álvaro García con la pena de cárcel por el supuesto delito de conspiración contra el presidente Evo Morales.

“Además de todas las agresiones registradas contra el periodismo a lo largo de la última década, las mismas que han sido oportuna y públicamente denunciadas por la ANP, numerosos hechos y señales nos permiten evidenciar que, en las últimas semanas, estamos asistiendo al despliegue de una reacción gubernamental que amenaza y pone en una peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes”, expresa la carta.

Describe que la fase de mayor tensión entre el gobierno y la prensa, desde el ascenso a la Presidencia de Morales, en enero de 2006, comenzó el pasado 19 de mayo de 2016, cuando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una interpelación parlamentaria en torno al denominado “Caso Zapata”, que dominó la atención informativa de nuestro país en los últimos meses, pretendió responsabilizar del tema a la Agencia de Noticias Fides (ANF), a la red Erbol y los diarios Página Siete y El Deber, y los periodistas Carlos Valverde, Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez.

El miércoles 15 de junio, el vicepresidente García aludió a los periódicos Los Tiempos, Página Siete, El Deber, la red Erbol y ANF por la difusión de titulares que según la autoridad, incurrieron en un ataque despiadado contra Evo Morales al acusarlo de promover un tráfico de influencias.

“Desvirtuamos el supuesto afán de desestabilizar al gobierno y ratificamos la búsqueda de una relación de mutuo respeto”, reiteró el Presidente de la ANP.

“Se agotaron las instancias institucionales autónomas para obtener protección a los derechos ciudadanos, y por ello recurrimos a las Naciones Unidas”, explicó Dipp.

Carrasco denunció que desde el poder político “se busca que la línea editorial de los medios de información se someta a los dictados del gobierno. Frente a ello, queremos conservar la independencia de los medios”, en estricto apego a los derechos constitucionales de periodistas y ciudadanos, habilitados plenamente para  informar y ser informados, de acuerdo a su rol en la sociedad.

Los representantes de la organización que agrupa a los principales medios escritos de Bolivia, informaron en detalle sobre las permanentes acciones de fiscalización y sanciones injustificadas que se imponen a medios independientes, a manera de represalia por la difusión de noticias contrarias a la imagen del gobierno.

Veto publicitario

Con ejemplos de casos concretos, los directivos de la ANP denunciaron una política orientada a afectar los ingresos de empresas periodísticas independientes a través de una disposición interna que suspendió la publicidad estatal a los medios comprometidos con la veracidad de la noticia. “Paralelamente, el Gobierno, a través de las reparticiones estatales y de las distintas instituciones y empresas públicas que controla, comenzó en los últimos meses y semanas –según sea el caso– la aplicación de un veto publicitario parcial, en unos casos, y total, en otros, a los medios de comunicación independientes, como una medida de presión y represalia porque su actividad periodística estuvo ceñida a parámetros periodísticos antes que políticos, y regida a códigos y principios éticos antes que a intereses ajenos a nuestra suprema misión de informar”.

En un apartado de la comunicación, la ANP recuerda al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que como efecto del ambiente de temor, generado por las permanentes amenazas, los periodistas Wilson García Mérida y Carlos Valverde Bravo buscaron refugio en Brasil y Argentina, respectivamente.

La ANP se solidarizó con las cerca de 500 emisoras privadas que podrían cerrar en el proceso de readecuación de frecuencias dirigido por el gobierno, y pidió a Racicot realice una vigilancia sobre las políticas estatales en materia de radiodifusión.

A continuación se adjunta el texto de la carta:

Señor Racicot:

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los medios de comunicación escritos de Bolivia se dirige a Usted con las mayores consideraciones para alertar y expresar su profunda preocupación por el estado actual de la Libertad de Expresión, y de la Libertad de Prensa en particular, lesionadas por un sistemático ataque del aparato gubernamental y político contra las empresas periodísticas independientes, así como contra sus directores y periodistas.

Además de todas las agresiones registradas contra el periodismo a lo largo de la última década, las mismas que han sido oportuna y públicamente denunciadas por la ANP, numerosos hechos y señales nos permiten evidenciar que, en las últimas semanas, estamos asistiendo al despliegue de una reacción gubernamental que amenaza y pone en una peligrosa situación de vulnerabilidad el libre ejercicio de la actividad periodística y el normal desempeño de los medios de comunicación independientes.

Esa reacción comenzó a manifestarse el 19 de mayo de 2016, cuando el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una interpelación parlamentaria en torno al denominado “Caso Zapata”, que dominó la atención informativa de nuestro país en los últimos meses, pretendió responsabilizar del tema a la Agencia de Noticias Fides (ANF), a la red Erbol y los diarios Página Siete y El Deber, y los periodistas Carlos Valverde, Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez.

Los medios señalados fueron acusados de conformar un “cártel de la mentira” por difundir noticias sobre la supuesta existencia de un hijo entre la empresaria Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales.

En esa misma dirección, y motivado por la misma causa, el miércoles 15 de junio, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, atribuyó actividades de conspiración a los directores de medios y amenazó con su encarcelamiento. "Unos medios de comunicación mentirosos y unos políticos tramposos  juntos han hecho una conspiración política-mediática contra Bolivia, porque el daño no sólo es a Evo, es a todos los bolivianos. Esta confabulación y conspiración política y mediática, la hemos derrotado con la verdad y los responsables tienen que ir a la cárcel. No vamos perdonar, no vamos a perdonar que se use de esa manera la ley”, expresó y luego advirtió que "los responsables deben ir a la cárcel”.

La línea discursiva de ambas autoridades de Estado ha sido amplificada, difundida y materializada por numerosos operadores políticos del partido gobernante en los distintos departamentos del país.

Paralelamente, el Gobierno, a través de las reparticiones estatales y de las distintas instituciones y empresas públicas que controla, comenzó en los últimos meses y semanas –según sea el caso– la aplicación de un veto publicitario parcial, en unos casos, y total, en otros, a los medios de comunicación independientes, como una medida de presión y represalia porque su actividad periodística estuvo ceñida a parámetros periodísticos antes que políticos, y regida a códigos y principios éticos antes que a intereses ajenos a nuestra suprema misión de informar.

El ambiente de temor, creado por las permanentes amenazas, determinó que el periodista Wilson García Mérida busque refugio en Brasil, tras ser notificado con una demanda abierta por el ministro Quintana por sedición. El periodista Carlos Valverde abandonó el país ante una posible detención y ahora reside en Argentina.

Una rígida fiscalización a las empresas periodísticas defensoras del equilibrio informativo y tras la difusión de noticias contrarias a las políticas del gobierno, funcionarios y recaudadores imponen multas sin justificarlas.

La propia Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) sufre el congelamiento de cuentas bancarias por orden del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). A pesar de haberse pagado la multa, hoy continúa el peso del castigo que interpretamos como sanción a la permanente defensa de la Libertad de Expresión.

Cerca de 500 radioemisoras privadas se encuentran en incertidumbre por la aplicación de una readecuación de frecuencias, un proceso que podría suspender su funcionamiento, un tema que reclama permanente vigilancia.

Con estos antecedentes que afligen al periodismo boliviano, acudimos a su representación para solicitar una acción encaminada a proteger la Libertad de Expresión en Bolivia, con pleno respeto a los Derechos Humanos y principios democráticos.

Agradecemos las gestiones y atención a la presente.

Atentamente,

Jorge Carrasco Guzmán                        Pedro Rivero Jordán

  Primer Vicepresidente                                             Presidente