La Paz, 5 de julio (Urgentebo).- La Asociación Nacional de la Prensa denunció que un proyecto de ley del Sistema Penal Boliviano propone la supresión del Artículo 296 del actual Código Penal vigente que ofrece protección a la libertad de prensa en Bolivia. Asimismo, indicó que la nueva ley abre la posibilidad de enjuiciar a periodistas, directores y propietarios de medios de información al margen de la Ley de Imprenta.

La ANP se basa en una publicación hecha por el matutino Los Tiempos, en su edición del 4 de julio de 2016.

El artículo 296 del Código Penal hace referencia a los delitos contra la libertad de prensa y señala: Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier impreso.

El presidente Evo Morales y sus colaboradores atribuyen la caída de su popularidad por las denuncias de corrupción y presunto tráfico de influencias que realizan los diarios El Deber, Página Siete, Los Tiempos, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y la red de emisoras Erbol. El 21 de febrero, Morales y el vicepresidente Álvaro García perdieron, por estrecho margen, una consulta popular que negó la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y su reelección.

Dentro del proceso de reforma de las normas jurídicas que desarrolla la administración del presidente Evo Morales, y de los que se denominan los Códigos Morales, se establece que en el transcurso de esta gestión se debe aprobar un nuevo cuerpo legal penal. En ese contexto, el Legislativo, en coordinación con el Ejecutivo y Judicial, preparó un documento que unifica los tres instrumentos penales: el Código Penal, de Procedimiento Penal y la Ejecución de Penas, anota el diario Los Tiempos.

“Des

e su ascenso al poder, en enero de 2006, los seguidores del presidente Morales intentaron reemplazar la Ley de Imprenta que procesa delitos por errores o faltas cometidas por periodistas en tribunales especializados, en lugar de los tribunales ordinarios”, se lee en un comunicado difundido por la ANP.

Durante 2015, los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco fueron imputados por fiscales y recluidos en el penal de La Paz, por algunos días, y la protesta de periodistas y defensores de los derechos humanos hizo posible su liberación. Los procesos contra ambos continúan.

Los Tiempos señala que “el proyecto de ley, conformado por más de 1.100 artículos, todavía está en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados se estima que será aprobado hasta fin de año para que entre en vigencia en 2017”.

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