En los últimos años se ha comenzado a hablar, con frecuencia, de minería ilegal en el país y de los impactos que esta actividad provocaría en distintos ámbitos. Hay avasallamientos de operaciones mineras, operaciones en áreas no autorizadas, actividades sin licencia ambiental, evasión y elusión de obligaciones con el Estado, contaminación ambiental, destrucción de ecosistemas, etnocidio, asociaciones no autorizadas con empresas, concesiones no adecuadas al régimen minero actual y otras irregularidades que configuran un panorama complejo y que reflejan las limitaciones del gobierno para ponerles tope y sancionarlas.
El desempleo, el subempleo, las cotizaciones elevadas de los metales en el mercado internacional, la flexibilidad de las instancias de control del Estado, el desconocimiento de las normas y la falta de escrúpulos de algunos operadores se traducen en actividades mineras ilegales.
Contrariamente a lo que ocurre en todos los otros sectores de la economía nacional, en el minero sólo se reconocen tres actores: la industria minera privada, la estatal y las sociedades cooperativas (Art. 369 CPE), las empresas sociales comunitarias han sido excluidas; por tanto, si apareciese otro actor, tal como un sindicato, una comunidad o una asociación realizando actividades mineras, éstas serían ilegales.
El derecho minero no es un derecho propietario real, es un derecho de uso y aprovechamiento que, el operador legalmente reconocido adquiere mediante la firma de un contrato de administración firmado con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en representación del Estado. Este contrato establece los derechos y obligaciones que asume el operador como el cumplimiento de una función económico social. El incumplimiento dará lugar a su resolución inmediata del contrato y a la pérdida del derecho. (Art. 370 CPE).
Los derechos mineros otorgan a los titulares, la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar y comercializar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complementarias en toda o parte de la cadena productiva minera (Art. 92 de la ley 535). Si un operador efectúa alguna de las actividades descritas sin tener un contrato firmado con la AJAM, está en un terreno ilegal.
Las obligaciones económicas de los operadores mineros con el Estado son de tres tipos, patentes, regalías e impuestos. Las regalías son compensaciones que deben dejar los operadores en las cuentas de los municipios y los departamentos por la extracción de recursos no renovables de sus territorios y los impuestos son varios, como el de utilidades. Estos impuestos que, en todos los otros sectores ascienden al 25% de las ganancias de la operación, en el sector minero son 37.5%.
Dentro de las ilegalidades figuran: operaciones mineras en áreas no autorizadas, no pagar la regalía, impuestos, operar en áreas avasalladas, operar sin ser uno de los actores reconocidos, apropiarse del valor del mineral extraído.
Los años 2009 y 2010, el gobierno había detectado varias operaciones mineras no autorizadas en las zonas fronterizas del país y cuantificó en 20 toneladas la cantidad de oro que era extraída anualmente. Después de esto no hubo más informes. En el presente, las denuncias realizadas por las comunidades afectadas, los medios de comunicación, la sociedad civil y otros hablan de muchas actividades en áreas no autorizadas.
Los operadores que explotan minerales de zinc, de estaño, de plomo, de cobre, de wólfram, de antimonio, de bismuto deben compensar a la región con el 5% del valor del mineral extraído; los que extraen plata, con el 6% y los que sacan oro, con el 7%. Estos porcentajes en el caso del oro, varían en función del tipo de yacimiento y del tamaño de la operación.
De manera que, si el oro se extrae de yacimiento sulfurosos complejos, el porcentaje de compensación baja a 5% y si el oro proviene de un yacimiento marginal y la operación es de pequeña escala, el porcentaje baja aún más, a 2,5%. A esto, hay que añadir otra rebaja. Cuando el mineral se vende al mercado interno, se debe compensar a la región sólo con el 60% del porcentaje establecido; en el caso del oro, y para la escala más baja, la regalía sólo sería de 1,5% del valor del oro extraído.
El año 2022, las regalías pagadas por los operadores que explotaron oro representaron el 2% del valor del oro, es decir, que, de las 54 toneladas extraídas (el INE dice 68 y de éstas, 2 se habrían destinado a la transformación en joyas y todas se habrían exportado), se tendrían que haber vendido 40 al mercado interno; pero esto va en contra de la información oficial; por tanto, hubo una estafa al Estado de por lo menos, 30 millones de dólares. La extracción de esa cantidad de oro no se realiza con operaciones de pequeña escala; por tanto, hay otra estafa al Estado ya que la regalía que debía pagarse tendría que haber sido el 7%. El Estado perdió 150 millones de dólares por esta acción.
La explotación del oro, el año 2022, no pagó ni un centavo de impuestos sobre utilidades. Gran parte de esa actividad fue llevada a cabo por empresas privadas asociadas a cooperativas; por tanto, debían pagar un impuesto a las utilidades de 37,5%. Suponiendo un costo de operación de 500 $US por onza troy obtenida, la utilidad de la operación aurífera habría sido de 2.400 millones de dólares por la que se debería haber pagado un impuesto de, aproximadamente, 900 millones de dólares, asumiendo que el 85% (estimación basada en las estadísticas de años anteriores) de la producción de oro estuviera ligado a empresas, el impuesto sería de $us 765 millones de dólares que el Estado no percibió.
En los otros metales no se cuenta con información sobre el volumen de las operaciones ilegales ni su valoración económica; pero, por las características de los otros metales, sería mucho menor.
La COMIBOL ha denunciado, continuamente, actividades mineras ilegales dentro de sus operaciones con el consiguiente robo de esos recursos.
En síntesis, hay varias formas de ilegalidad que impactan negativamente en la economía del país, la mayor parte de éstas se concentran en la minería aurífera. Sólo considerando la información oficial, el Estado, el año 2022, habría perdido cerca de mil millones de dólares en elusión y evasión de regalías e impuestos.
///
