Marzo 29, 2024 [G]:

La ONU advierte vulneración al debido proceso en el caso León

La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que hace conocer su preocupación sobre el caso de Eduardo León.


Jueves 2 de Junio de 2016, 8:15pm






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La Paz, 2 de junio (Urgentebo).- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que hace conocer su preocupación sobre el caso de Eduardo León.

El exabogado de Gabriela Zapata fue aprehendido el 17 de mayo luego de ser acusado por la Fiscalía por los delitos de trata y tráfico, asociación delictuosa y otros. Hasta el 26 de mayo, la situación de León fue de incertidumbre porque no se definía su situación legal ante la excusa de jueces. Ese punto fue observado por la ONU.

“Preocupa a la Oficina el excesivo tiempo que el abogado León estuvo detenido sin que se definiera su situación jurídica por parte de un juez cautelar, tal como la ley dispone. Jueces de La Paz, El Alto y Oruro se excusaron o solicitaron licencia lo que demoró el trámite de las audiencias previstas. En este sentido, la Oficina recomienda al Consejo de la Magistratura estudiar este caso en el contexto de la normativa vigente y proponer correctivos para que estas situaciones no se repitan en el futuro”, se lee en el comunicado.

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El abogado Eduardo León (Foto: AFKA)

El 26 de mayo, luego de nueve horas de audiencia cautelar, la jueza segundo de instrucción en lo penal de El Alto, Milenka Gutiérrez, dispuso arresto domiciliario y arraigo para León.

Logró pagar una fianza de Bs 80.000, tramitar su arraigo, pero no consiguió que el Ministerio de Gobierno le otorgue un custodio policial, que era un requisito para viabilizar la determinación de la juez, pero el martes, día en el que vencía el plazo, la Fiscalía emitió otra orden de aprehensión porque lo acusó de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.

“Por otra parte, a la Oficina también le preocupa que la orden judicial, emitida el 26 de mayo que dispuso el arresto domiciliario para el abogado León, no fue acatada, como tampoco se cumplió la orden judicial para procurar la custodia policial con el fin de vigilar dicha medida cautelar, alargando arbitrariamente la permanencia del abogado en celdas judiciales. En consecuencia, es importante señalar que las autoridades competentes deben cumplir sin demora las órdenes judiciales emitidas”, cuestionó la ONU.

El 17 de mayo, la fiscal Mariana Montero pidió la aprehensión de los abogados Eduardo León, Walter Zuleta y Williams Sánchez. La acción se dio un día después de que el abogado de Evo Morales, Gastón Velásquez, acudiera ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para denunciar a Zapata y a los tres juristas por tráfico y trata de personas, alteración y sustitución de Estado civil, sustracción de menor, falsedad material e ideológica  y uso de instrumento falsificado.

Velásquez se basó en la sentencia del Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia del 11 de mayo que establece la "inexistencia física comprobada" del niño que dijo Zapata era de Morales.

“La Oficina considera que la aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes, es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos. Es por ello, que la Oficina recuerda que los órganos encargados, tanto de la persecución penal como del juzgamiento, deben cumplir rigurosamente los principios de competencia, imparcialidad e independencia”, se lee en el comunicado.

El martes 31 de de mayo, el Ministerio de Educación emitió una resolución para anular el título en provisión nacional de Eduardo León y el Ministerio de Justicia se hizo responsable de quitarle la matricula del Registro Público de la Abogacía (RPA). El argumento para esa decisión fue que León fraguó su libreta de servicio militar utilizada para obtener el Título de Provisión Nacional de Licenciatura en Derecho y acceder a cargos públicos.

Esa situación llamó la atención de la ONU. La organización internacional considera que esas acciones pueden vulnerar seriamente las garantías del debido proceso, particularmente el derecho a la defensa plena e íntegra y el derecho a ser oído que tiene toda persona en cualquier área del derecho, ya sea penal, civil o administrativo.

“Por lo anteriormente expresado, la Oficina recuerda que, de conformidad, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados; la jurisprudencia vinculante de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos y la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos; así como las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cualquier proceso sancionatorio debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso”, se lee.

La jueza Décimo Tercero de Instrucción Penal Cautelar, Melina Lima, dispuso detención preventiva para Eduardo León en un audiencia en el Hospital de Clinicas, donde el procesado fue internado por su delicado estado de salud. La ONU dio a conocer que le preocupa el deterioro de la salud e instó a las autoridades a precautelar su derecho a la salud.

Hoy, el juez Sexto de Sentencia de La Paz, Delfor Ríos, denegó la acción de libertad interpuesta por León que se basaba en la tutela al derecho a la salud y a la vida.

“La Oficina confía en que estas consideraciones necesarias serán debidamente tomadas en cuenta por las instancias competentes. La Oficina continuará monitoreando el proceso con toda la atención debida como lo ha venido haciendo desde un principio”, se lee en otra parte del comunicado.

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