La Paz, 27 de abril (Kelly Cruz, Urgente.bo).- “No hay rastros de Odalys”, la joven que desapareció el 30 de marzo en la carretera a los Yungas tras un viaje turístico que realizó con su novio, Joel P., quien está detenido en el centro de Rehabilitación de “Qalahuma”.

La búsqueda continua por parte de las autoridades y grupos de rescate; familiares, amigos y cercanos a la joven madre no pierden la esperanza de encontrarla con vida, su niño de 4 años aún la espera en casa. Sin embargo, este es la muestra de muchos casos en los cuales las personas desaparecidas no son halladas y son buscadas por años.

La Paz es el departamento que tiene el 50 % del total de denuncias de personas que son víctimas de trata, seguido de Santa Cruz y en tercer lugar Cochabamba.

Cada año los casos se incrementan, en 2023 el país registró 946 casos de trata de personas, 222 más que en 2022, que registró 724, informó la directora de Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya.

“Son casos y una estadística con datos menores a otros países, sin embargo, para nosotros son datos que nos preocupan más si de un año al otro hay incremento”, añadió.

Los padres de víctimas de trata exigen una investigación “real” para estos casos y denuncian dejadez, falta de atención oportuna de las autoridades por los desaparecidos que finalmente no son encontrados.

“Han aumentado los casos de trata, pero lo lamentable es la dejadez de las autoridades (…). Todos están fijados en el área preventiva, pero si los casos de desaparecidos continúan incrementándose en el tema de trata y tráfico es porque realmente no está funcionado algo”, lamentó María Rita Hurtado, presidenta de la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp).

Precisamente se observa esa dejadez de las autoridades en el caso de Daniel Denis Fernández Chávez, de 19 años, quien desapareció en el pasado 6 de abril de 2024 tras asistir a un cumpleaños en la zona de Satélite. Sus padres peregrinan “van y vienen” entre la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía en busca de ayuda para dar con el paradero de su hijo.

“Cuando se hace el comunicado de desaparecido, es la familia la que tiene que investigar (…). Pero debería ser una búsqueda compartida tanto la familia como la Policía”, añade Hurtado.

Finalmente, Chela Chávez y Tonny Fernández, padres de Daniel, hacen de investigadores y denuncian burocracia por parte de las autoridades en la Policía y Fiscalía.

‘Si tienen noticias o saben algo, vienen y nos dicen’ es una de las frases que indica la Policía a los familiares de los desaparecidos, según Hurtado. “Pese a esta situación la familia empieza hacer una investigación”.

Los padres de Daniel buscaron a su hijo en diferentes hospitales y la morgue tras indicación de las autoridades policiales, pero lamentan la falta de acompañamiento y la emisión de autorizaciones de requerimientos para recabar las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Fuimos a todo lado. No podemos estar tranquilos al saber que un ser querido se desapareció de la nada”, expresó Chela.

“Todos los casos en Santa Cruz y yo considero que también en La Paz y los 9 departamentos está sujeta a esta situación de vulnerabilidad, de dejadez de nuestras autoridades y de vulnerabilidad en las familias afectadas”, denunció Hurtado.

La cruceña María Rita Hurtado también contó su calvario tras el rapto de su hija, Dayana Algarañaz Hurtado, cuando tenía 20 años y cursaba el segundo año de Ingeniería Ambiental. Desapareció el 20 de junio de 2015 tras salir sus clases de la Universidad de Aquino (Udabol) de Santa Cruz y desde entonces se desconoce su paradero.

En primera instancia su novio fue aprehendido y procesado, permaneció en la cárcel cerca de un año, pero Hurtado y la familia decidieron cesar el caso, ya que vieron que no tenía alguna responsabilidad y que su caso “iba más a fondo” y tenía relación con trata de personas.

“No hubo un lineamiento de investigación y como siempre lo más cómodo es agarrar al cortejo o a la persona que está cerca (…). No hay una investigación más a fondo, eso es lo que falta. Tuvimos que dar la cesación de este muchacho”, indicó.

Al no dar con el paradero de su hija y ante la falta de respuestas de la institucionalidad, Rita creó la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp).

¿Qué ocurre con las víctimas de trata?

La Fiscalía General del Estado informó que en la gestión 2023 registró 1.359 hechos relacionados con delitos inmersos en la Ley 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas, justamente el 73%, es decir, más de 900 casos corresponden a trata de personas; mientras que 226 fueron de pornografía; proxenetismo, 82; tráfico de personas, 45; y violencia sexual comercial, 17.

Las víctimas pueden ser trasladadas dentro o fuera del país. Son privadas de su libertad con el fin de ser explotadas en distintas formas. Según estudio de la Defensoría del Pueblo dentro del país, las más recurrentes son: Explotación laboral, explotación sexual, comercial, empleo en actividades delictivas e incluso en extracción de órganos.

Según Hurtado, en el país hay redes de explotación sexual comercial, quienes captan a las jovencitas para ser ofertadas. Tras investigaciones que hacen los padres en busca de sus hijos, evidenciaron que estas redes manejan a las muchachas de distintas edades como “un circo”.

“Se podría decir que trabajan en una casa particular, tienen sus clientes y van a otros lugares, y así van llenándose dinero, los tratantes. Son redes grandes que no solo operan en Bolivia porque tienen otras redes en otros países”, explicó.

Los casos de víctimas de trata, según Arraya, continúan siendo investigados por las autoridades por el delito de trata y tráfico de personas, pero con los años algunos de ellos cambian de tipificación y se convierten en feminicidio.

“Muchas de estas desapariciones tiene que ver con problemas de pareja, hombres que llevan adelante feminicidios que esconden cuerpos, esconden a las personas y después son encontradas”, señaló y recordó el caso del feminicidio serial, Richard Choque. 

Choque es conocido como el “psicópata sexual” tras cometer tres feminicidios y un homicidio. El caso del peligroso feminicida, asesino y violador serial conmocionó e indignó a toda Bolivia y develó una “red criminal” que implica a operadores de justicia.

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