6 de diciembre (Urgente.bo).- La Ley de Garantías que fue aprobada en la Cámara de Diputados, entre gallos y medianoche, por los 2/3 del Movimiento Al Socialismo (MAS) es la norma que ya genera un conflicto de poderes. La presidenta Jeanine Añez sostuvo que no la promulgará, pero por el otro lado, la oposición defiende su postura y dice que lo único que plantea es la restitución de los derechos constitucionales.
Dos son las consideraciones, explicó el abogado constitucionalista, Marco Baldivieso. El primero, es que en caso Añez se niegue a promulgar la normativa, es Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la que deberá dar luz verde al documento; pero ya recibe presiones de los más radicales del partido.
“No voy a promulgar la ley”, sentenció Añez. El 22 de noviembre, la mandataria boliviana aseguró que no otorgará protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos, dijo.
El art. 1 de la Ley de Garantías dice que: “la norma tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales: civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado y ratificado en tratados, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos en favor de líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, dirigentes vecinales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas y designadas, funcionarios públicos”.
El gobierno considera que eso sería eximir de toda responsabilidad penal a los autores que generaron zozobra los días, 11, 12 y 13 de noviembre, cuando realizaron bloqueos, cercaron ciudades y dejaron a La Paz y El Alto, sin combustibles y alimentos. La ley prohíbe también las aprehensiones, detenciones preventivas y persecuciones judiciales o de coacción.
El diputado del MAS Franklin Flores defiende el documento y manifestó que lo se quiere es que los dirigentes detenidos en cárceles puedan salir y defenderse en libertad. “Bajo el principio del debido proceso y la presunción de inocencia”.
Para la analista política Susana Bejarano, la Ley de Garantías puede generar un nuevo conflicto político, “un circulo complejo” entre los que apoyan a la presidente Añez y los seguidores de Evo Morales.
La salida
En caso que ni el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional no logren ponerse de acuerdo, la consulta debe ser elevada al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que debe interpretar si la propuesta del MAS es viable o no.
Se debe aplicar el control previo de constitucionalidad, aseguró el constitucionalista Marco Baldivieso, quien señala que se debe evitar una confrontación, más aun cuando el país trata de salir de una convulsión social generada por el expresidente Evo Morales. “Lo que sugiero es curarnos en sano”, manifestó.
Por otra parte, la abogada Silvia Salame, aseguró que los diputados del MAS que aprobaron la ley deben ser procesados porque el Legislativo y tampoco el Ejecutivo pueden subordinar al poder judicial.
“¿Quién define la culpabilidad o la inocencia de una persona?, por supuesto que es un juez, no los órganos Ejecutivo y Legislativo”, señaló Salame. Otras de las salidas, es que en caso Copa promulgue la norma que pasó al Senado. Añez tiene la potestad de acudir a un recurso de inconstitucionalidad.
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