Abril 25, 2024 [G]:

Los índices de transparencia de la Asamblea Legistiva de Bolivia

Este reporte corresponde a la Red Latinoamericana de Transparencia legislativa que aglutina a diez organizaciones de diferentes países (todas de iniciativa ciudadana), cuya misión es promover mayores estándares de transparencia en los órganos y asambleas legislativas.


Lunes 12 de Diciembre de 2016, 11:15am






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En la primera semana del último mes del año se ha dado a conocer el Índice de Transparencia Legislativa 2016, que tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos (Congresos), y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública desde una perspectiva ciudadana.

En el Informe –cuyo reporte de datos corresponde a la tercera versión del Informe Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL)–, se ha puesto en evidencia que entre 13 países latinoamericanos, Bolivia se ubica décimo en transparencia legislativa.

En este sentido se ha dado a conocer que en la nueva medición a la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los Congresos de la región latinoamericana, de al menos 13 países, Bolivia se ubica en el décimo lugar con el 43%, solo por encima de Argentina, República Dominicana y Venezuela que es último con 21%. En tanto que, en el pedestal más alto, sobre promedio máximo de 100, se encuentran tres países: Costa Rica con 72%, seguido por Chile (64%) y Paraguay con 62%.

Este reporte corresponde a la Red Latinoamericana de Transparencia legislativa que aglutina a diez organizaciones de diferentes países (todas de iniciativa ciudadana), cuya misión es promover mayores estándares de transparencia en los órganos y asambleas legislativas.

Hay que apuntar que la transparencia, ciertamente constituye uno de los indicadores más importantes de la calidad de la actividad legislativa que se desarrolla en la Asamblea; y resulta preocupante que nuestro país apenas pueda alcanzar un décimo lugar en la escala de medición de la transparencia legislativa, a diferencia de otros países que ocupan otros sitiales privilegiados.

Ello pone en evidencia que las iniciativas y mecanismos que hasta ahora se han puesto en práctica (concretamente la rendición de cuentas o los foros ciudadanos participativos), no están logrando los resultados esperados, lo que redunda en la existencia de una muy poca participación ciudadana en la construcción legislativa; dado que muchas veces, los únicos que participan en la creación y discusión de los alcances de algunas leyes, son solamente aquellos sectores sociales que tienen afinidad con el partido de gobierno y sus políticas, lo que implica una lamentable exclusión de voces disidentes de otros sectores de la población.

Así también lo han señalado algunos diputados de partidos de oposición, precisando que ese indicador es el reflejo de los “dos tercios”, que en el fondo llegan a conculcar u obstaculizar una discusión mucho más plural, democrática y consensuada dentro de la Asamblea, que posibilite una mayor transparencia legislativa.

Por otro lado, si se presta atención a algunas variables de esta medición, se debe tener en cuenta que, según se ha informado, en el ILTL, se muestra a Bolivia en una muy buena posición en términos de participación ciudadana y rendición de cuentas con un 62%. En normatividad que facilite el acceso a la información, el promedio es del 53%; pero los aspectos llamativos y de bajos índices se encuentran en la labor legislativa propiamente, cuya actividad es valorada con apenas el 34% de efectividad; y en términos de transparencia de la información referente al presupuesto y la propia gestión legislativa, la calificación apenas llega al 30%, lo que ubica a Bolivia también en el décimo puesto.

Estos datos, deben llamar la atención de los legisladores del partido de gobierno, dado que al tener una gran cuota de representación en la Asamblea Legislativa, debieran también hacer una amplia reflexión de las políticas de transparencia que hasta ahora hubieran implementado, y dirigir sus actividades con mayor equilibrio en el debate legislativo, e igualdad de oportunidades de todos los partidos con representación en la Asamblea, para la construcción inclusiva y equitativa de las leyes del país, en el contexto plurinacional en que deben ser creadas, debiendo tener mayor cuidado de transparentar la información referente al presupuesto y la gestión legislativa.

Por otro lado, es importante dejar de lado las diferencias políticas, o al menos intentar que ellas no perjudiquen la actividad deliberativa que se debe llevar adelante en la Asamblea; lo que implica la necesidad de promover por todos los medios, mayores espacios de debate parlamentario, pero un debate de carácter estrictamente legislativo, es decir, sobre el proyecto de ley que se trate, y no dejarse llevar por las pasiones políticas o las visiones individuales de determinados líderes que solamente pueden nublar la visión, y no coadyuvan a una construcción legislativa eficaz.

El debate parlamentario también implica la necesidad de escuchar a todos los sectores interesados y/o posiblemente afectados con las disposiciones de la disposición legal que se esté proyectando o discutiendo, requisito que no se llena simplemente con escuchar a los sectores afines al gobierno, o los sectores que sólo estén de acuerdo porque esa sea la consigna; también deben escucharse las voces de los disidentes, de quienes piensan diferente, para ver también con mayor objetividad los pros y contras de determinada política que se pretenda plasmar en una disposición legal.

Entonces, no se trata sólo de que trabajemos para tener una mejor situación en el ranking; sino que para lograr mejores y mayores índices de transparencia legislativa, también debe preferirse buscar el consenso con todos los sectores sociales involucrados en las disposiciones legales, lo cual sólo se puede conseguir a través de promover una participación ciudadana inclusiva, sin exclusiones de colores o preferencias políticas (sin ningún tipo de discriminación), porque un debate parlamentario que sea capaz de escuchar las voces de toda la ciudadanía, antes que las voces de los actores políticos solamente, es un debate que puede lograr satisfacer de mejor manera las exigencias surgidas de las necesidades reales de la población.

En definitiva, la culminación de este año y el recibimiento del venidero, deben ser una oportunidad para reencontrarnos y escucharnos, para hablarnos y comprendernos entre todos(as), ya sin colores, ya sin diferencias, sino para reconciliarnos pensando en un solo propósito, cual es lograr el anhelado vivir bien.

 

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