Mientras los políticos de la región priorizan agendas con base en razones ideológicas, la agenda social cambió de paradigma, producto del coronavirus. Estamos frente a una generación actual que abandera el medioambiente, el cambio climático, las energías renovables, la conectividad digital, la salud, la educación, la economía, las libertades individuales y políticas, entre otros.
Es una generación que se manifiesta cada vez con mayor intensidad. No es casualidad que todas esas formas de protesta sean protagonizadas por jóvenes y población afectada por las decisiones del poder.
La reciente imagen del edificio del Congreso de Guatemala en llamas durante la protesta contra la aprobación del presupuesto para el 2021, que recorta recursos a la atención primaria del COVID-19, educación, derechos humanos, nutrición, entre otros; y fortalece a los ministerios de Infraestructura y Vivienda –identificados como botín de corrupción–, marcan un nuevo capítulo del descontento social en América Latina a las decisiones políticas que asumen gobiernos como la del presidente Alejandro Giammattei.
El estallido social peruano por la decisión del Congreso de destituir a través de una moción de vacancia al presidente encargado Martín Vizcarra es otro ejemplo. La medida desató protestas masivas en varias ciudades, protagonizadas principalmente por jóvenes en un evidente 'hartazgo' de su clase política. Las protestas culminaron con la muerte de dos jóvenes en medio de la represión policial y la renuncia de Manuel Merino.
Otra señal de desconexión con las necesidades de la gente se evidenció en el incremento de tarifas en el servicio del metro que puso en vigencia el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hace un año. De acuerdo a un estudio de la Universidad Diego Portales, las familias chilenas depositaban el 30% del sueldo mensual en el uso de transporte, ubicando al país en el puesto nueve de un total de 56 con costo de transporte público más elevado.
La decisión de La Moneda provocó un estallido social que extendió sus demandas hacia la exigencia de igualdad social, reforma de los sistemas de pensiones, salud, educación y cambios de la propia Constitución promulgada en 1980, bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Las protestas, que dejaron más de 30 muertos y miles de heridos, no terminaron con los resultados del referéndum para cambiar la ley fundamental actual en el plebiscito celebrado el domingo 25 de octubre.
El mapa de situación de desgaste político de la región también tuvo como referente a Bolivia, cuya causa principal fue la búsqueda de un cuarto mandato de Evo Morales a pesar del límite constitucional de dos periodos seguidos y los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de ir a la reelección.
El descontento social se expresó en la movilización de los 21 días, con más de 30 muertos y cientos de heridos, producto de 'operaciones dolosas' que alteraron 'la voluntad expresada en las urnas', tal y como reza el informe de conclusiones de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, emanado por la Organización de Estados Americanos (OEA); o lo que la gente denominó en las calles como: 'fraude electoral'. A un año, las heridas y la confrontación siguen abiertas, pese al cambio de liderazgo presidencial en el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) con el triunfo de Luis Arce.
Argentina no es la excepción, así muestran las recientes protestas en las calles contra su Gobierno –en plena pandemia– exigiendo claridad en la economía, la salud, la educación y la libertad, mientras en círculos políticos priorizan lo ideológico.
El mismo desgaste político se lee en los recientes resultados de las elecciones de alcaldes y concejales en Brasil, donde el voto apunta a dejar los extremos del ultraderechista Jair Bolsonaro o la izquierda del Partido de los Trabajadores de Lula, virando al centro moderado.
Hace años que la clase política en la región recae en promesas de mejoras en la calidad de vida de la gente, muchas de ellas no lograron cumplir con las expectativas de la sociedad que traduce su frustración en el conflicto social que muchas veces termina con la destrucción de espacios públicos en pleno desafío a los políticos en tiempos de pandemia.
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