Enero 31, 2025 -H-

Mesa: La Fiscalía comete “una aberración” cuando excluye a Menacho, Navarro y Arce

El exmandatario considera que la actuación del Ministerio Público es irresponsable porque no se puede separar el proceso, es decir que se exime a unos de culpa y a otros, como ser él, autoridades gubernamentales quieren instaurarle un juicio de responsabilidades.


Martes 21 de Agosto de 2018, 4:30pm






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La Paz, 21 de agosto (Urgentebo).-  El expresidente Carlos Mesa calificó como “una aberración jurídica”, que la Fiscalía de La Paz haya desestimado la denuncia contra el Procurador, Pablo Menacho, el ministro de Minería, Cesar Navarro, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y otros en el caso Quiborax.

El exmandatario considera que la actuación del Ministerio Público es irresponsable porque no se puede separar el proceso, es decir que se exime a unos de culpa y a otros, como ser él, autoridades gubernamentales quieren instaurarle un juicio de responsabilidades.

Es una aberración jurídica porque en todo caso el juicio de responsabilidades que quiere abrir  contra Carlos Mesa marca un caso. El caso Quikborax no pude separarse, si se hace una investigación, que pasaría si la Fiscalía de La Paz llega a una conclusión contraria de la que hace y desarrolla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, declaró Mesa a radio Compañera.

Un documento a la que accedió ANF, del 3 de agosto del 2018, dice: “Se desestima la denuncia interpuesta por Wilson Pedro Santamaría Choque, Rafael Arcangel Quispe Flores y Julio Grover Huanca Nina contra Elizabeth Arismendi Chumacero, Héctor Arce Zaconeta, Félix Cesar Navarro Miranda, Pablo Menacho Diederich, Edwin Blanco y Favio Maldonado”.

“En ningún momento puedes separar el caso cuando excluye a uno y llevas  a un juicio de responsabilidades a otro”, sostuvo Carlos Mesa.

El 18 de junio Mesa, mediante un memorial,  el expresidente de la República de Bolivia, solicitó al Ministerio Público incluir en este proceso a los ministros Arce,  Navarro y al Procurador Menacho que acusó a las autoridades gubernamentales de no haber hecho una  defensa legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por qué el Estado debió pagar a la Quiborax $us 42,6 millones.

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