El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, junto a su par, la Fiscal de la Nación de la República del Perú, Liz Patricia Benavides Vargas, suscribieron hoy un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre Ministerios Públicos, que tiene como objetivo aunar acciones, capacidades y conocimientos para mejorar mutuamente el cumplimiento de sus atribuciones, que fortalecerán el trabajo investigativo contra hechos delictivos que afectan a ambos países hermanos.
“Para el Ministerio Público de Bolivia es importante la suscripción de convenios con la Fiscalía de Perú, es un logro, y esperamos materializarlo dentro de los marcos, respetando la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos defendiendo de manera conjunta a los ataques al trabajo fiscal. Nosotros nos debemos a la Constitución, a las leyes y a la sociedad”, expresó Lanchipa.
A su turno, la Fiscal de Perú, Liz Patricia Benavides Vargas, expresó su satisfacción por la rúbrica del acuerdo que beneficiará a ambos países.
“La delincuencia ha traspasado fronteras y estamos para trabajar en conjunto, porque en el Ministerio Público tenemos que defender la independencia y la autonomía que vamos a demostrar con las investigaciones a nivel internacional”, dijo.
Asimismo, según el documento firmado, acuerda facilitar el intercambio de información para las investigaciones en materia de Tráfico Ilícito de Drogas y Tráfico Ilícito de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Corrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como delitos cometidos en el marco de una organización criminal, para ello se establecerá canales directos de comunicación que operen en plazos breves y oportunos, todo ello, en el marco de lo dispuesto en las legislaciones de los Estados.
El acuerdo se suscribe en el marco de la Trigésima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se desarrolla del 27 al 28 de julio de la presente gestión en Punta Cana, República Dominicana, donde participan todos los países miembros.
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