Managua, 19 de julio (La Prensa).- La danza sangrienta de muertes que durante tres meses han causado fuerzas represivas del Gobierno contra manifestantes pacíficos, que ha estremecido no solo a Nicaragua, sino a la comunidad internacional, ya alcanza la misma cifra de los homicidios reportados en un año en el país.

Hasta el 11 de julio la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabilizaba 351 víctimas.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró hasta el fin de semana pasado 273, según expresó el 15 de julio, a través de su cuenta de Twitter, el secretario ejecutivo de ese organismo, Paulo Abrao, por medio del cual recordó que “ya contabilizamos 285”.

Datos oficiales registraron en un año 431 muertes violentas y si se toma en cuenta los registros de la ANPDH, en tres meses se habría ejecutado casi la misma cantidad de crímenes perpetrados el año pasado. Y casi la mitad de las muertes cobrados en las vías por los accidentes de tránsito el año pasado, con 791 muertos.

La diferencia de los crímenes actuales radica en que los principales hechos han sido atribuidos a una actuación conjunta entre fuerzas policiales y paramilitares con armas de guerra de alto calibre de uso exclusivo del Ejército.

Las muertes cometidas en los últimos tres meses iniciaron el 19 de abril con las protestas de manifestantes autoconvocados un día antes contra las ya derogadas reformas a la Ley de Seguridad Social.

Sin duda uno de los crímenes que han impactado fue el del periodista Ángel Gahona, director del noticiero local El Meridiano, en Bluefields, mientras realizaba una transmisión en vivo por Facebook Live.

Otros casos han sido cometidos contra manifestantes en desventaja de fuerza, porque lo único que portan son huleras con piedras y morteros, como sucedió con las primeras protestas de universitarios.

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A las inmediaciones de Metrocentro, el 20 de abril, Alvarito Conrado, de 15 años, llegó para solidarizarse con la protesta de la Universidad Nacional de Ingeniería, llevándoles agua. Ese día, tras un ataque policial, el menor falleció desangrado en un quirófano del Hospital Bautista, a causa de un balazo en el cuello y luego de que en el Hospital Cruz Azul rehusaron atenderlo a tiempo.

La primera masacre registrada fue el 30 de mayo, en la llamada Madre de todas las Marchas. Desde el estadio nacional de beisbol Dennis Martínez, francotiradores cazaban a sus víctimas. El baño de sangre cobró ese día en Managua ocho vidas y 16 en todo el país.

 “Operaciones limpieza”

Otra forma empleada para matar de las fuerzas represivas han sido las llamadas “operaciones limpieza” de los tranques, ejecutadas por las fuerzas regulares e irregulares armadas por el Gobierno, donde las poblaciones han sido sometidas a horas de disparos en jornadas de terror y exterminio.

Esta ha sido una de las formas represivas más cruentas y sin duda la más criminal, porque pese a que las trincheras son despejadas, por horas persiguen a sus víctimas hasta donde se refugian y por horas disparan sus armas de guerra contra los sitios donde estos se han resguardado.

Este tipo de asedio y ataque ha sido la forma más frecuente de provocar el terror entre la población de los sitios aledaños, donde los manifestantes autoconvocados han permanecido atrincherados.

Esto sucedió, por ejemplo, en los barrios orientales, donde al amanecer del 23 de junio, un día después de ingresar la Policía y paramilitares, la población quedó atrapada, pues los francotiradores disparaban a matar ante cualquier movimiento en la calle y una de esas víctimas fue el niño Teyler Leonardo Lorío Navarrete, de 14 meses, asesinado de un balazo certero en la cabeza, cuando sus padres corrían apresurados cruzando un callejón.

Ese día fue un día trágico para otras cuatro personas que sufrieron una situación similar en esos barrios.

Una semana antes en un intento similar por desalojar a los estudiantes de la Universidad Politécnica (Upoli), que sin duda ha sido uno de los centros de estudio más sometidos a constantes ataques, en una acción de venganza perversa una mañana del 16 de junio, en el barrio Carlos Marx, un grupo de paramilitares incendió la vivienda del pastor Óscar Velásquez Pavón, con sus moradores adentro, después que golpearon primero los portones, y luego hicieron disparos a la vivienda.

Allí murieron cuatro adultos y dos niños: uno de 3 meses de nacido y una de 3 años.

En otras ocasiones, la matanza llegó en situaciones similares con asedio, impedimento de atender a heridos a poblaciones como La Trinidad, Estelí, donde el 4 de julio acorralaron y mantuvieron bajo ataque de fusiles a las personas que allí se refugiaron durante unas 15 horas, allí murió una persona y decenas de heridos.

Cuatro días después le tocó a la población de Jinotepe, Diriamba y Dolores, Carazo, conocer el terror de las llamadas caravanas de la muerte.

A primeras horas del 8 de julio fuerzas paramilitares y policiales en una acción conjunta a sangre y fuego despejaron la vía Panamericana trancada por los manifestantes autoconvocados e impedía que circularan furgones de placas centroamericanas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estimaron, en ese momento, que la represión de ese fin de semana cobró la vida de unas 20 personas y decenas de heridos.

No obstante, la verdad de lo que ocurrió en Carazo nunca se sabrá, pues la ANPDH ha hablado de la existencia de fosas clandestinas, cuerpos trasladados a fincas y abandonados, así como personas desaparecidas.

Y los sucesos más recientes, la noche del 13 de julio para amanecer el 14 de julio, en un asedio armado que duró 20 horas contra estudiantes atrincherados, primero en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y luego refugiados en la iglesia Divina Misericordia; allí fallecieron dos jóvenes universitarios.

Emboscadas a campesinos

A estos hechos graves se suman las denuncias de emboscadas en contra de campesinos que buscaban cómo regresar a sus viviendas luego de abandonar el tranque en el Empalme de Lóvago, el 14 de julio, cuyo alcance de la misma aún se desconoce debido al sitio donde ocurrió el hecho.

Dos días antes, el 12 de julio, había ocurrido otra situación similar en la localidad de Morrito, Río San Juan, donde una marcha de autoconvocados fue atacada al ingresar al casco urbano, donde al menos seis personas fallecieron, cuatro de estas policías, cuyas circunstancias no están del todo esclarecidas, pues posteriormente nueve policías heridos responsabilizaron a sus mismos compañeros de las lesiones.

Y el más reciente ataque perpetrado el 17 de julio, contra manifestantes atrincherados en Monimbó, Masaya, donde la ANPDH reporta cuatro muertes: un policía y tres civiles. Una de las víctimas fue Emelina Castro, quien fue ejecutada por paramilitares. Ella apoyaba con alimentos a los jóvenes en las trincheras.

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