La Paz, 3 de septiembre (Urgentebo).-  Las Naciones Unidas a través de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su informe CRPD/C/BOL/CO/1 del 30 de agosto de 2016, recomienda el Gobierno nacional, establecer un proceso de investigación por los actos de represión que se realizaron en contra de las personas con discapacidad cuando realizaron una marcha y posterior vigilia en busca de una renta mensual.   

Las personas con discapacidad partieron de la ciudad de Cochabamba hacia La Paz el 21 de marzo de este año recorriendo 379 kilómetros por 35 días. Una vez en la Sede de Gobierno instalaron una vigilia por más de tres meses hasta el 29 de julio sin haber podido reunirse con el presidente Evo Morales como lo solicitaron. 

El informe final de la ONU se elaboró tras la reunión oficial con representantes del Estado Plurinacional de Bolivia los días 17 y 18 de agosto de 2016 en Ginebra, Suiza donde asistieron de parte del Gobierno la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y la embajadora ante la ONU Nardy Suxo; de parte de los discapacitados asistió a la audiencia Rose Mary Guarita, quien presentó un informe para denunciar la excesiva violencia y discriminación que sufrieron durante su manifestación.

“El Comité lamenta los actos de violencia en contra de la integridad física y psicosocial de personas con discapacidad que ejercían su legítimo derecho a la manifestación pública. También preocupan las informaciones de uso excesivo de fuerza, intimidación y violencia física y verbal, cometida por agentes de policía, que condujeron a lesiones físicas en manifestantes, incluyendo mujeres y niños con discapacidad”, señala el punto 45 del documento.

“El Comité insta al Estado parte a que establezca un proceso de investigación imparcial e independiente para determinar las responsabilidades en los actos de represión y el uso de la violencia en el contexto de las manifestaciones sociales de personas con discapacidad con miras a enjuiciar a los responsables así como la reparación física y psicosocial de quienes resultaron afectados”, 

En la parte final del documento oficial El Comité pide al Estado que en el plazo de 12 meses informe de las medidas adoptadas para aplicar la recomendación del Comité que figura en los párrafos 18 y 46 supra.

Asimismo, se pide al Estado que aplique las recomendaciones que figuran en las observaciones finales, y le recomienda que trasmita estas observaciones, para su examen y la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, los miembros del poder judicial y de los grupos profesionales pertinentes (como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho), las autoridades locales y los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.
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