Ante el vacío institucional inminente que se producirá el 1.enero.2024 en los máximos tribunales de justicia del país, han surgido en los últimos días variadas propuestas para solucionarlo, todas alejadas del marco constitucional que debe regir en un Estado de Derecho que se precia ser tal. Lo peor es que las propuestas vienen de altas autoridades del Estado, cuyo deber principal es cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¡Vaya paradoja!
Empecemos por el principio: los mandatos constitucionales –nos gusten o no- disponen en este tema 2 aspectos esenciales: i) la Asamblea Legislativa Plurinacional es el órgano competente para realizar la preselección de los postulantes a magistrados y magistradas de los máximos tribunales de justicia del país; y ii) la elección final de estos magistrados y magistradas se realizará mediante la intervención del soberano. No existe ambigüedad alguna, menos oscuridad en estos mandatos de la CPE, no se necesita interpretación alguna.
Sabemos que estos aspectos tienen grandes fallas estructurales que han permitido la exacerbación de la intervención política en el sistema de preselección. Sabemos que siendo la Asamblea Legislativa Plurinacional un órgano de naturaleza política partidaria, sus decisiones serán también partidarias. Sabemos que la elección popular y en especial el actual sistema de preselección no son los más idóneos para garantizar independencia y probidad. Cierto, lo sabemos, pero también sabemos que la Constitución no se reforma mediante leyes cortas ni decretos presidenciales, tampoco por la vía interpretativa a ejercerse por el órgano de control constitucional. ¿El asunto es si esto les importa a quienes hoy detentan el poder público? Pareciera que no.
Veamos a continuación cuales son las propuestas que han surgido en los últimos días y sobre todo las autorías para que entendamos lo mal que están nuestro sistema:
ANUNCIO DE ANDRONICO RODRIGUEZ, PRESIDENTE DEL SENADO NACIONAL: hace unos días afirmo que se presentará un proyecto de ley corta para designar a magistrados interinos del Órgano Judicial. Al respecto, el nombramiento de magistrados de altas cortes (interinos en este caso) no le corresponde a la ALP, ni al Presidente del Estado, ni a ninguna autoridad política. El hacerlo sería no solo darle la última estocada a la independencia judicial sino actuar sin competencia y por tanto al margen de la CPE y del derecho, en una clara actuación de ilegalidad.
ANTEPROYECTO DE LEY DE CC: la propuesta plantea un sorteo entre vocales departamentales y los jueces de grado, para que asumen la suplencia en las máximas magistraturas judiciales del país, por un tiempo de seis meses. No existe ninguna previsión constitucional ni legal, tampoco competencial, que pueda dar paso a esta posibilidad. Los vocales departamentales y jueces de grado, que por sorteo asuman como magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, en caso de darse, estarán sujetos a posteriores nulidades de sus actos y responsabilidades por haber asumido funciones sin competencias, además de aquellas de carácter penal. Desde esta columna, como jurista y ciudadana, le exijo al Sr. Carlos Mesa que reflexione a sus parlamentarios y que actúen como el momento lo exige.
SOLICITUD DE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: en su calidad de consultante, pide al Tribunal Constitucional ejercer su función interpretativa para “evitar el vacío de poder”, afirmando que ”…. resulta necesario y de vital importancia encontrar una alternativa que resulte viable para asegurar la elección y posesión de las nuevas autoridades…”. Pero, el Presidente del TSJ no se queda aquí, sino que argumentando que no siendo posible hasta la fecha la materialización efectiva de la preselección de los postulantes, afirma que se torna inviable también la elección popular de las altas cortes. En consecuencia, entre líneas y de forma astuta, ¿qué solicita el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia? Nada más y nada menos que el TCP por vía interpretativa solucione el vacío de poder de las altas cortes que se producirá el primer día del año 2024, definiendo una alternativa viable, desechando la preselección (ALP) y hasta la elección popular.
Sin duda, inaudito en un hombre de derecho, como se supone debe ser un Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que debería no solo preocuparse sino realizar acciones claras y contundentes para cumplir lo que manda la norma constitucional. Si el Presidente del TSJ quiere eliminar la competencia de la ALP para realizar la preselección de postulantes a altas cortes, tendrá que iniciar un proceso de reforma parcial de la CPE. Y si lo que pretende es eliminar la elección popular de estas magistraturas, tendrá que iniciarse un proceso constituyente. ¿En serio no lo sabe el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia?
Ante semejantes propuestas descabelladas, ¿no viene siendo hora ya de retormar la propuesta de reforma parcial de la CPE planteada por los Juristas Independientes y llamar a la ciudadanía a que se pronuncie en un referendo nacional? Pero claro, la clase política tiene miedo de la intervención del soberano en las repartijas de poder, que de seguro ahora mismo deben estar realizándose. Mientras tanto, la justicia agoniza.
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