Una de las actitudes más deleznables de un político es la utilización de personas vulnerables para interés propio y electoralista, aprovechando la coyuntura y la desesperación, en este caso, de algunos clientes de entidades financieras que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
En esta etapa preelectoral las estrategias para sumar adherentes y votantes en muchos casos sobrepasan a los tradicionales baños de popularidad como los saludos, besos y abrazos que son comunes en los políticos. Al parecer estas actitudes, para ganar adeptos, ya no son suficientes por lo cual añaden a su estrategia la identificación de sectores vulnerables con alguna problemática para aprovecharse de esa situación, tratando de sumar votos a cambio de promesas. Uno de esos grupos lo constituyen algunos prestatarios que tienen problemas para cumplir con sus obligaciones crediticias por eventos ajenos.
Es cierto que existen vicisitudes en el contexto externo e interno que complican la actividad económica de nuestro país por lo que es importante mencionar información y elementos técnicos con relación a los prestatarios en general. A agosto de la presente gestión Bolivia tiene un índice de mora de 3,5%, cifra que está por debajo del promedio de la región, reflejando el nivel de cumplimiento de los bolivianos con sus obligaciones crediticias en el mismo contexto económico y político, esto quiere decir que el 96,5% de las deudas son pagadas de manera oportuna, mostrando de esta manera la apropiada cultura crediticia de una inmensa mayoría de los bolivianos.
También es cierto que los conflictos sociales, eventos climatológicos y otras vicisitudes están afectando a una parte de la población en el normal desarrollo de su actividad económica. En tal sentido, se dispusieron mecanismo de solución como la reprogramación y el refinanciamiento de créditos, beneficio al cual se pueden acoger los deudores que fueron afectados en sus ingresos y con ello su capacidad de pago, asimismo, estos mecanismos de apoyo pueden contemplar periodos de gracia y otros mecanismos favorables que faciliten las condiciones crediticias. Razón por la cual, debido a que cada cliente tiene una realidad diferente, es necesario que cada uno de ellos se aproxime a su entidad financiera y solicite voluntariamente la reprogramación de su crédito, sí así lo necesita.
Recordemos que la intermediación financiera implica la colocación de los ahorros de la población para créditos a los prestatarios, en ambos casos se adopta una tasa de interés, pasiva para los ahorristas y activa para los prestatarios, razón por la cual, parte de los intereses que son cobrados se destinan para el pago de intereses por los depósitos, es por eso que sí se efectúa una condonación de intereses a los prestatarios existiría un desequilibrio en la intermediación financiera, con sus consecuentes efectos nocivos.
Un periodo de gracia mayor a un año y medio, como algunos lo plantean, sería insostenible para el sistema financiero debido a que en el citado periodo no se pagaría ni intereses ni capital por lo que las entidades no contarían con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, entre ellas pago de intereses y capital al ahorrista, así como la imposibilidad de colocación de nuevos créditos.
Con relación a la ejecución de la garantía de créditos por mora, las nuevas modificaciones normativas establecen 120 días para el inicio de las acciones judiciales y sumados a la posibilidad de ampliarlos por 120 días adicionales llega a 240 días, margen en el cual el cliente tiene la posibilidad de negociar con la entidad financiera soluciones antes de llegar al cobro judicial.
Por los aspectos señalados, el camino apropiado para la solución a los problemas de pago que tienen algunos prestatarios es acercarse a su entidad financiera para negociar soluciones en el marco de la normativa vigente, no siendo recomendable que los deudores se dejen utilizar por políticos que solo buscan su interés personal a costa de problemas ajenos.
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