Las Elecciones Generales 2019 están programadas para el 20 de octubre, esto es que hay un pequeño intérvalo de tiempo para que la población se defina a favor o en contra de un candidato, propuesta, organización política o visión de país. No está por demás, mencionar que a la fecha se han realizado y difundido una serie de encuestas de percepción electoral sobre la preferencia e intención de voto.

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Frente a este escenario, se ha especulado mucho sobre la transparencia, imparcialidad, confiabilidad y veracidad de las encuestas difundidas en los diferentes medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, que dan lugar a subvalorar o sobrevalorar a ciertas candidaturas y a la efectividad de sus estrategias electorales. Es así que partiríamos por preguntarnos: ¿Es posible, a pocas semanas de las Elecciones, tener resultados aproximados sobre la intención de voto de manera objetiva, mismos que permitan al electorado orientarse en su preferencia?

La Universidad como institución académica de educación superior, amparado por la Constitución Política del Estado (Artículo 92) como ente autónomo, y en su calidad de actor social y político imparcial, defensor de la democracia y las libertades de expresión, ha tomado la iniciativa en coordinación con instituciones de la sociedad civil llevar adelante una encuesta de percepción electoral y la posterior difusión de sus resultados, con el objetivo de contribuir a un proceso electoral transparente a partir del ejercicio del derecho político ciudadano de acompañamiento a las Elecciones Generales.

El resultado de esta investigación estadística se diferencia de las demás encuestas por haber tomado una muestra de más de 14 mil entrevistados, lo que le da un margen de error estadístico del 2,4% en relación al tamaño de la población. La cantidad de encuestados es histórica, porque rebasa cualquier otra anterior encuesta realizada por alguna empresa sobre la percepción de intención de voto, lo que lo hace cualitativamente superior a los demás estudios, porque permite realizar interpretaciones y análisis a nivel nacional y departamental sin que correr el riego de distorsionar la realidad y el estado actual de la contienda electoral.

Pero más allá de la información técnica, sus resultados son los que han generado gran controversia, inclusive llegando a censurarse el trabajo y la difusión de los datos de este estudio. La intención de voto revela que tenemos a dos candidatos fuertes que encabezan la intención de voto. Por un lado, tenemos al candidato del oficialismo (con 31,1%) que lleva la delantera sin alcanzar el porcentaje potencial deseado de intención de voto y por el otro lado, el expresidente Mesa quien (con 24,9%) logra el porcentaje necesario para ir a una segunda vuelta. Muy por debajo sigue Oscar Ortiz que logra conservar su personería jurídica. Estos resultados de la encuesta se han viralizado en cuestión de minutos en las redes sociales, generando una serie de expresiones de apoyo a la Universidad e instituciones aliadas, y repudio al accionar del Tribunal Supremo Electoral.

Para el candidato oficialista, este se convierte en un balde de agua fría pues factores externos atribuibles a los incendios forestales y a su política permisiva de expansión de la frontera agrícola han retrasado su campaña y han puesto en apuros su gestión de gobierno en materia de gestión ambiental. Ninguno de los candidatos alternativos ha logrado capitalizar aquello, al contrario, los nulos, blancos e indecisos han crecido.

Nuevamente se confirma la dicotomía campo ciudad, con un Carlos Mesa fortalecido en el área urbana y un Evo Morales en el área rural. Si esto es así, se percibe una división en la asamblea, con modelos de vida y visiones de futuro diferentes y no compartidas. Lo que significa que tendríamos nuevos ganadores y perdedores en esta lucha por escaños.

Estos resultados de intención de voto han puesto en un lugar incómodo a los candidatos en carrera y a sus estructuras partidarias. No es para menos mencionar que la reciente prohibición por el Tribunal Supremo Electoral a la difusión de dichos resultados académicos, es una forma de cohibir la libertad de expresión y un atentado a la autonomía universitaria. Desde la academia, esto significa demeritar y desvalorar la calidad de nuestras unidades académicas, nuestro talento humano docente y estudiantil, así como del equipo que lleva a cabo el proyecto en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.

Solo con iniciativas como ésta podremos garantizar la institucionalidad y la calidad de la democracia.

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