Los ocho sentenciados por el caso Misiles Chinos deben pagar $us 3.005.280 a favor del Estado y debe monetizarse sus bienes embargados, para la reparación el daño ocasionado por la entrega del material bélico a Estados Unidos.
“Ya estamos en plena etapa de ejecución de la sentencia del caso Misiles Chinos, como Procuraduría no solo estamos exigiendo que se ejecutoríe el pago de más de 3 millones de dólares, sino también que se haga la ejecución de los bienes embargados de los sentenciados”, afirmó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.
Se tienen seis bienes embargados a los sentenciados. Por lo tanto, se está tomando los recaudos para que el Tribunal ejecute y se consiga la reparación de los daños ocasionados.
En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas (FFAA), fueron entregados irregularmente a la Embajada de Estados Unidos para su traslado al país del norte y su desactivación. El hecho ocurrió en el gobierno de transición del expresidente Eduardo Rodríguez.
Se activó un juicio y en noviembre de 2015, el coronel del Ejército Ciro Alejandro Valdivia fue sentenciado –en calidad de cómplice– a dos años de privación de libertad por los delitos de revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
También corrieron la misma suerte el excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez; exinspector general del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; y el coronel David Torrico.
Además, están el coronel Wilbert Sánchez; el exministro de Defensa Gonzalo Méndez, y el excomandante en jefe de las FFAA, almirante Marco Justiniano, quienes fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
Proceso de reparación
El Ministerio Público inició el proceso judicial de reparación del daño, junto con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, ante el Juzgado de Sentencia 2 de Sucre. En noviembre de 2023 emitió la Resolución que ordena el pago por parte de los ocho sentenciados.
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