La Paz, 25 de mayo (Urgentebo).- La Procuraduría General del Estado remitió la noche del jueves a la Fiscalía una solicitud para que investigue al expresidente Carlos Mesa por tres delitos, por revertir la concesión de Non Metalic, socia de Quiborax, a la que el Estado deberá pagar 48,6 millones de bolivianos tras un proceso que ganó esa empresa chilena.

menacho.jpg

El Procurador General del Estado (ABI)

La Procuraduría General del Estado le acusa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, informó el procurador Pablo Menacho, luego de conocer el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Menacho pidió la noche del jueves a la Fiscalía investigar a Mesa y a tres de sus ministros por supuestamente incumplir normas al revertir la concesión de Non Metalic, socia de Quiborax.

"Resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica son estos tres hechos por los que hemos denunciado a Fiscalía para que inicié una investigación en contra del expresidente Carlos Mesa y tres ministros que estaban mandados, ordenados a realizar las auditorías", dijo en conferencia de prensa.

Menacho precisó que esa solicitud fue presentada el 22 de mayo y aseguró que el caso Quiborax es el más antiguo que Bolivia atendió ante un tribunal arbitral y el último en el CIADI, del que el país se retiró en mayo de 2007.

El CIADI falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax por la reversión, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita que se ejecutó en el gobierno de Mesa (2003-2005).

El Procurador del Estado manifestó que el Gobierno en el marco de honrar sus compromisos, en la actualidad conversa con la empresa demandante para ver la forma de cumplimiento del laudo "más ordenada y beneficiosa a los intereses del Estado".

Menacho dijo que en el gobierno de Mesa se vulneraron leyes y se incumplieron normas, como la Ley 2564 que facultaba al entonces Poder Ejecutivo a llevar adelante seis auditorías sobre concesiones y anular éstas en caso de existir irregularidades en su adjudicación, pero no a revertirlas.