La Paz, 24 de agosto (Urgentebo).- Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia y agente nacional ante el Tribunal de La Haya por la Demanda Marítima, conversó con el periódico digital Utrgentebo sobre el caso Quiborax, cuyo gobierno fue protagonista con un decreto que revertía la expropiación de la concesión a la empresa chilena que debía explotar en el salar de Uyuni. El exmandatario dice que no pone en cuestión la determinación del Estado boliviano de nacionalizar dichas áreas, sino que tomó la determinación por restablecer el debido proceso en un caso que terminó con un fallo adverso al país por parte del tribunal arbitral del CIADI.

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Eduardo Rodríguez, expresidente de Bolivia y Agente de la Demanda Marítima ante La Haya (Foto: Urgentebo, Alejandro Carrasco)

En esta entrevista Rodríguez pide que el tema sea analizado con un sentido de autocrítica desde las diferentes instituciones del Estado que pudieron haber tenido parte, por ejemplo, la exsuperintendencia de Minas. Dice que la nacionalización fue una medida acertada, pero el procedimiento es lo que se hizo mal.

¿Cuál es el análisis que hace del caso Quiborax?

El análisis que hago no es a partir del proceso penal, la acusación o la contra acusación. No lo hago contra el expresidente Mesa. Tengo una mirada más grande del caso Quiborax no solo por el tiempo desde principio de los 2000 hasta el fallo que emite el CIADI sino por la complejidad que representó una decisión de Estado, la de recuperar una reserva fiscal, la de ordenar una recuperación de esas  concesiones, y sobre la forma en cómo se procesó. Puedo decir que tenemos que recuperar con un sentido de autocrítica y prospectiva, qué lecciones son importantes para el país. Este es un tema de Estado que tiene que ver con sus recursos naturales y con el principio de legalidad. El Estado emitió una ley que faculto al Poder Ejecutivo a recuperar esa concesión minera en los alrededores del salar.

¿Se refiere a la gestión del ex Presidente Mesa?

Sí, se le faculta recuperar esas concesiones en el marco de las disposiciones aplicables y de ciertas auditorias que debían cumplirse para garantizar los argumentos  por los cuales el Estado tomaba esas decisiones y la forma en las que iba a tomarlas que no eran otras que las señaladas en el Código de Minería en materia de revocación  y de nulidad de concesiones. Aquello tiene un proceso específico. El transcurso de los antecedentes revela que en base a esa ley se procedió que se dictara un decreto que revoca la concesión. Eso generó reclamaciones de la empresa afectada agraviada por esa decisión; cuando a mí me toca llegar al gobierno, vi que no era una actuación que el Presidente personalmente adopta, pues tiene un ministerio, una cantidad de ministros y entidades que ven cada una de las áreas. Recibo la información de que el gobierno debería tomar una acción frente que podría derivar en una disputa potencial con Quiborax. Entiendo que todo esto se procesó previamente por CONAPE que es la entidad previa que conoce las iniciativas de decretos, los informes que  finalmente se convierten en los textos.

Un ciudadano boliviano o uno extranjero tienen derechos de resguardo de garantías frente a la administración.

Se debe respetar el principio de legalidad, de proporcionalidad, el debido proceso.

Entonces, hay un análisis previo

Claro, el CONAPE se reúne por iniciativa de la Superintendencia de Minas y el Ministro de Minería que encuentran que el Estado debía sanear, rectificar el procedimiento utilizado en el gobierno anterior. Tenía que sanearse un aspecto esencial, que era dar el debido proceso al administrado, a quien se le estaba afectando sus derechos porque  así disponía la a ley, lo  disponía el Código de Minería, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Convenio de Garantías sobre Inversiones Reciprocas que Bolivia había suscrito con Chile. Ese análisis lo hizo el CONAPE y recomendó la emisión de un decreto, tras el análisis de todos los antecedentes. Según esa recomendación, decidimos revocar la decisión simple de anular las concesiones.

Entonces, ¿el Conape le recomiena a usted, como Presidente, hacer aquello?

No. No se opera así, el CONAPE no se dirige al Presidente. El Poder Ejecutivo lo conforman el Presidente y los ministros, por eso se llama el gabinete de ministros. La ley de organización del Ejecutivo y sus decretos prevén la existencia de una instancia previa de análisis, la que no se dirige al Presidente. Es una instancia de resguardo, de análisis de legalidad  y de suficiencia técnica, no es que me dicen a mí haz aquello. Ahora bien, quiero destacar por qué se decide anular el decreto anterior, no para poder en duda una decisión de Estado que  emitió una ley  para recuperar algo que se ha convertido en reserva fiscal. Se lo hizo por la sencilla razón de restablecer el principio de legalidad con el administrado, independientemente de que sea Quiborax. Un ciudadano boliviano o uno extranjero tienen derechos de resguardo de garantías frente a la administración. Se debe respetar el principio de legalidad, de proporcionalidad, el debido proceso.

Entonces, ¿en esta circunstancia no hubo este debido proceso?

No, porque se procedió simplemente por decreto. Y por qué hicimos lo que hicimos, porque cuando no hay debido proceso no hay cosa juzgada y segundo porque el Poder Ejecutivo tiene la obligación de administrar con legalidad. Si se advierte que se está obrando mal, debe rectificar para sanear, para tener el principio de proporcionalidad frente al administrado. Mi gobierno  advirtió que no debíamos  incurrir en esa omisión, no para poner en duda la recuperación de las concesiones si no para que el administrado, independientemente de quién sea, ejerza sus derechos.

Al margen de quién tomó la decisión de revertir la concesión, ¿fue correcto hacerlo?

Era correcto pero había que hacerlo de la debida forma, porque si no se presentaba la contingencia de que te reclamen, como lo hicieron y hasta donde llegaron y te lleguen las sanciones como nos llegaron

¿El expresidente Mesa tenía el procedimiento definido como para actuar como correspondía a hacerlo?

Por supuesto, allí están el Código de Minería y la Ley de Procedimientos Administrativos son pre existentes a su gobierno. Pero insisto a mí no me toca juzgar al presidente Mesa ni a su gobierno, lo que yo quiero es recuperar ciertos hechos que como estado, como bolivianos y como gestión pública, deberíamos advertir. Si ese decreto que restablecía el principio de la legalidad hubiera sido objeto digamos de un recurso por  Quiborax, posiblemente esa Superintendencia hubiera recuperado la posibilidad de rectificar  o de reponer los obrados y evitar este reclamo. Lamentablemente _acá no voy a entrar a especular_ eso no ocurrió así y el arbitraje se registró en febrero de 2.006, entiendo que hubo un largo proceso de negociaciones hasta el 2010, cuando se conforma el Tribunal Arbitral y finalmente termina como termina.

El caso Quiborax es muy complejo, hay que evitar análisis reduccionistas a partir del juicio al presidente Mesa, eso no me parece, digamos, lo más productivo, porque acá hay muchos vértices que contribuirían a mirar las lecciones aprendidas. Yo recomiendo siempre que se examinen las razones por las cuales el tribunal arbitral CIADI resuelve dos temas muy importantes: Los tres árbitros incluido el árbitro boliviano _que discrepa en un aspecto del monto_ falla por qué no se dio a Quiborax el debido proceso a su tiempo, esa es un lectura fundamental.

El caso Quiborax es muy complejo, hay que evitar análisis reduccionistas a partir del juicio al presidente Mesa

Entonces, dejemos de hablar del ex presidente Mesa.

Aquí no es que hay que hablar de personas si no del Estado

¿Cómo actúa el Estado desde el momento en que se decide revertir la concesión hasta el momento que se inicia el proceso arbitral?

Yo creo que había un orden normativo a seguir, con un añadido particular, es que era una entidad extranjera cuya inversión estaba protegida por un convenio que estaba vigente

¿Cómo fue el papel de las diferentes entidades del Estado sobre este caso?

Hay varios actores, uno de esos es el Poder Ejecutivo, que tuvo una posición inicial de anulación, luego sucede mi gestión que revoca esa decisión y se restituye el principio de legalidad, que debería haber sido asumido por la entidad concernida _la superintendencia_ o por el propio administrado afectado con los recursos que se le ponían a su disposición por la constitución y por las propias normativas aplicables pidiendo se restablezca sus derechos de ser oído y en su caso lograr las compensaciones necesarias, antes de llegar a un arbitraje. Lamentablemente eso no ocurre; después de esos episodios, entiendo de que se produjeron negociaciones sucesivas desde el Ejecutivo en defensa de los intereses del Estado pero el asunto acaba bajo competencia del CIADI, que emite un fallo de cumplimiento obligatorio.

Entonces, todo esto que es muy prolongado en el tiempo merece una evaluación autocrítica y debe tomarse como una lección para que no vuelva a suceder.

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Eduardo Rodríguez, expresidente de Bolivia y Agente de la Demanda Marítima ante La Haya (Foto: Urgentebo, Alejandro Carrasco)

Hubo críticas opositoras sobre su papel, en sentido de que buscó favorecer a Quiborax

En este país hay libertad de expresión, opinión y el pluralismo es esencial en el Estado. Todos tienen derecho a una opinión y yo asumo la responsabilidad que me toca; como Presidente de la República estaba obligado a preservar el principio de legalidad señalado por la Constitución y las normas. No fue una decisión voluntarista en favor de nadie en particular. Toda administración debe honrar el principio de legalidad indistintamente de quién se trate, de cualquier nacionalidad. Mi respuesta es esa.

Usted percibió que Quiborax, antes del inicio del arbitraje, ¿expresó el interés por resolver el asunto, es decir recuperar la concesión o encaminar la solución al problema?

Yo entiendo que ellos tenían reclamaciones al Poder Ejecutivo y eso fue precisamente lo que alerto a mi administración al  emitir ese decreto. Nosotros hicimos el camino y el camino era de someterse a un procedimiento. Si eso se produjo o no y que el administrado actuó por otra vía, la del arbitraje, eso son otros hechos, por eso hay que examinar de manera desapasionada con un sentido de autocrítica de gestión gubernamental, no criminalizante de los escenarios del Estado en asuntos tan importantes como la expropiación.

¿Cuáles son las acciones que se debe asumir considerando que este caso ha pasado por tres gestiones de gobierno?

Primero, hay que tener una conducta de serenidad y no politización. Es muy importante examinar los antecedentes documentales, hay que  conocer el contenido de las decisiones administrativas y los informes que respaldaban las decisiones de los respectivos gabinetes. En esto quiero reiterarte no es que Conape le dice al Presidente, ésta es una decisión de un gabinete y los decretos lo firman el Presidente y los ministros, en base informes del sector particular concernido, en este caso Minería y la entidad autárquica que es la Superintendencia. Se debe hacer un análisis de todo ese tiempo, cómo avanzaron las gestiones, cuáles fueron los obstáculos y finalmente asumir que Bolivia que no está aislado del orden internacional.

Es probable que se le inicie un juicio de responsabilidades al ex presidente Mesa, pero en este caso puede llegar a involucrar a otro tipo de instituciones, otro tipo de autoridades…

Voy a ser muy respetuoso de las decisiones que tienen las autoridades en este caso la asamblea. Yo he sido juez mucho tiempo y lo más importante es reconocer que cada autoridad tiene su espacio y su tiempo para resolver. Yo no voy a entrar a consideraciones sobre las motivaciones políticas, a mí también me toco también ser parte de un proceso de responsabilidades y me tomó seis años lograr que la Asamblea Legislativa tome una decisión sobre mi enjuiciamiento (la del sobreseimiento en el caso Misiles)

He procurado mantener una posición siempre de respeto por las autoridades que deben resolver estos temas, que lo hagan conforme a los hechos y en equidad.

Uno de los argumentos del ex presidente Mesa es que el arbitraje se inició en una etapa posterior a su gobierno, entonces probablemente haya otros actores

El expresidente Mesa tiene que hacer valer su derecho ante la Asamblea Legislativa es el ente que debe resolver. No puedo inmiscuirme en la defensa ni entrar a evaluar o a contradecir lo que diga el presidente Mesa. Soy muy respetuoso de lo que él piensa, como no hago política tampoco me interesa hacer un análisis político

Ud dice que la nacionalización fue decisión de Estado y que otra cosa es cómo se la hizo. Entonces, ¿qué tipo de corrección se debería hacer en el ámbito normativo?

Hay varias situaciones que se han transformado. La configuración del Estado es otra, hay nuevas instituciones, hoy existe la Procuraduría General del Estado que debe hacerse cargo de este tipo de situaciones; hay una nueva estructura administrativa de autoridades sectoriales que antes llamábamos superintendencias de orden administrativo constitucional. Tal vez a partir de este acontecimiento Quiborax merecería examinarse y ver si resultan suficientes, si corresponden a un régimen que  garantice la legalidad sin que se produzcan este tipo de situaciones donde el Estado perdió una cantidad tan significativa. Hay que hacer un análisis de orden constitucional normativo con sentido de autocrítica, de cambios. Eso falta.

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