La Paz, 22 de octubre (Urgentebo).- Transcurría la noche del jueves 20 de octubre. Un grupo de personas festejaba el cumpleaños de Kenia Amaral la noche del jueves en el barrio San Pedro, en San Matías.
De pronto, antes de la media noche, irrumpieron en el patio dos sujetos desconocidos y abrieron fuego contra varios de los presentes causando la muerte de los hermanos Julio y Sergio Castedo Aranda, de 40 y 37 años, respectivamente; de Luver Velarde Kuhn (38), de Julio César Zeballos Poñé (45) y, horas más tarde, de Antonio Rojas (28).
Desde Rio Branco, Brasil, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señalaba que el tiroteo ocurrido en la frontera boliviana- brasilera fue producto de una venganza por narcotráfico.
“Se trataría de un acto de ‘vendetta’ (venganza) por una actividad de narcotráfico. Se ha solicitado a la Policía que dé con el paradero de estas personas, en coordinación con Interpol (Policía Internacional)”, decía la autoridad.
La Policía nacional no ha descartado la hipótesis de que se haya tratado de un ajuste de cuentas por narcotráfico, ya que los hermanos Sergio y Julio Castedo Aranda tienen antecedentes por narcotráfico que datan de 2013, ambos fueron encontrados en posesión de 280 kilos de marihuana.
Por el momento, la gente de San Matías vive momentos de temor y prefiere acogerse a una suerte de silencio para evitar represalias. Mientras tanto, la Fiscalía de aquella región ya ha mandado citatorio a 30 personas paras que puedan declarar lo sucedido.
Sin embargo, lo ocurrido el pasado jueves ha encendido las alarmas del Gobierno boliviano, que empieza a temer que San Matías pueda convertirse en un lugar de fácil tránsito y acceso para el narcotráfico y la delincuencia brasilera.
Por eso, Carlos Romero informó que pedirá "una reunión de alto nivel con Brasil poder acordar medidas conjuntas" , principalmente en contra del narcotráfico.
"Tenemos una agenda prioritaria dirigida al narcotráfico, una agenda bilateral con Brasil, pero es necesario tomar medidas de manera conjunta, de manera aislada no vamos a tener mucho éxito. Como Estado boliviano podemos reforzar controles, presencia policial, pero todo esto va a ser insuficiente si sigue dándose esta circulación tan permitida de brasileños que generalmente tienen antecedentes policiales y delictivos y que forman parte de organizaciones criminales", dijo la autoridad desde Rio Branco, capital del Estado Acre de la República Federativa de Brasil, donde coordina acciones de seguridad fronteriza con autoridades de ese país.
Y es que Bolivia es un país vulnerable y un potencial paraíso para los lavadores de dinero, debido a la vulnerabilidad o limitaciones de sus sistemas de control.
Por ejemplo, el grupo colombiano “Insigth Crime” – especializado en investigar temas relacionados al lavado de dinero- informó que “los narcotraficantes con órdenes nacionales de arresto pueden entrar a Bolivia sin temor a ser detenidos”, pues Bolivia no tendría información sobre las órdenes nacionales de arresto de los países vecinos, sino sólo sobre las órdenes internacionales registradas en la Interpol.
Es decir, que cualquier criminal – sea brasilero de otra nacionalidad- que no esté registrado en la Interpol puede entrar al país sin mayor inconveniente.
Por eso, una de las opciones que se manejan es el de militarizar los pueblos fronterizos. Por eso, el tema de San Matías será el tema principal en la reunión del gabinete Regional de la próxima semana, aunque la decisión final está en manos del presidente del Estado, Evo Morales.
Las cárceles fronterizas brasileñas son manejadas por el narcotráfico
A esto se suma también que las cárceles brasileras que están ubicadas en territorio fronterizo del país más grande de Sudamérica son dominadas por las dos organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, el Comando Vermelho (CV, con base en Río de Janeiro) y el Primer Comando da Capital (PCC, de Sao Paulo), según el Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Brasil (CNDH).
Estas dos organizaciones tienen constantes enfrentamientos por el control de las cárceles y de las rutas del tráfico de drogas y armas, especialmente en las fronteras.
Por eso, no sorprende que en la última semana haya habido dos amotinamientos en las cárceles que están cerca de la frontera con Bolivia. El de mayor amplitud se produjo en la cárcel del Acre, muy cerca de San Matías, dejando el saldo de cuatro fallecidos y más de 20 heridos.
No es la primera vez
Los asesinatos del pasado jueves no son los primeros que suceden en San Matías. Hay antecedentes de dos casos parecidos que sucedieron en los últimos dos años.
El 25 de diciembre de 2015, Patricia Ramón, entonces inspectora del Servicio de Migración, falleció tras recibir ocho impactos de proyectiles de arma de fuego, disparados supuestamente por una persona de nacionalidad brasileña.
Y el 17 de junio de este año, Dalmiro Velarde, hermano del exalcalde de San Matías Vito Velarde, murió después de recibir en su cuerpo siete balas, disparadas por un desconocido cuando ingresaba a su vivienda. Los sicarios habrían llegado al lugar en una motocicleta, de donde uno descendió y disparó a quemarropa.
