Pobladores y autoridades de San Rafael de Velasco aseguran que gran parte de las 150 comunidades de nueva creación, asentadas en el transcurso de los últimos 10 años, han instalado cerca de 500 hornos de elaboración de carbón. Su materia prima son maderas preciosas y semipreciosas como el morado, el tajibo, el roble, el curupaú y el sirari, entre otras con potencial de exportación con valor agregado, extraídas de zonas de desmonte que se desconoce si cuentan con autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
“Es inadmisible la cantidad de hornos que hay en la Chiquitanía, nadie lo sabe a cabalidad. Aquí en San Rafael, en plena pausa ecológica, en plena humareda, teníamos un horno funcionando sobre la carretera hacia San José de Chiquitos. ¿Quién controla esto? La ABT debería hacerlo”. Así lo afirma Humberto Vargas Roca, alcalde de ese municipio, cuyo 80% de territorio es área de vocación forestal permanente, de acuerdo con el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz.
Alejandro Vaca Díez, cacique de la comunidad de Santa Teresita del Surutú, alega que la elaboración de carbón se realiza de forma ilegal. “Ya abusan mucho de la naturaleza, causan daño al medio ambiente y, alguna vez, tuvieron descuidos y han provocado también incendios en la zona”, relata. Indica que una parte del carbón que sale de San Rafael es legal y otra ilegal, y responsabiliza al Estado y a la ABT, por realizar controles rigurosos para las comunidades oriundas y no así para las de nuevo asentamiento.
“Si alguien de una comunidad indígena va y solicita permiso para realizar alguna actividad acá, le piden varios requisitos y se cansa más sin resultados. Sufrimos este problema hace unos nueve años”, añade el cacique de Santa Teresa del Surutú. El tiempo que señala el cacique coincide con el inicio de asentamientos de nueva creación que se dedican a otras formas de producción, diferentes a las que practica la región.
El gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, Julio Egüez Aguilera, señala que todos los incendios son provocados por “gente que llegó del interior”. “Lastimosamente, hay que decirlo, son ellos y son bolivianos, pero también son malos bolivianos, nadie los controla. La gente de la ABT viene a veces y se hace de la vista gorda, o si lo ven no hacen nada porque, si son afines (las comunidades de nuevo asentamiento) al partido no pueden ir en contra”, declara esta autoridad.
Alejandro Vaca Díez señala que no es posible contabilizar la cantidad de madera preciosa y semipreciosa que emplean para la elaboración de carbón; “pero los camiones salen tres veces a la semana, son camiones grandes, tráileres, que salen y que solo pararon un poco por la pausa ecológica”.
Áreas protegidas, sin protección
La situación para los municipios con áreas protegidas es complicada. Las áreas protegidas subnacionales, que vienen a ser municipales, tienen serios inconvenientes a la hora de administrar estos espacios. Y esto tiene que ver con que tanto el INRA a través de resoluciones de asentamiento, como la ABT con resoluciones de desmonte, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) dando cuadrículas mineras, e incluso la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) autorizando la apertura de carreteras, hacen que el mismo Estado sea el que afecte a las reservas forestales.
En la región chiquitana el INRA otorgó resoluciones de asentamiento a comunidades de nueva creación, dentro de zonas de vocación forestal, que derivan en desmontes de gran dimensión; incluso, las hay dentro de áreas protegidas. Al contar con ese aval, estas comunidades tienen derecho a acceder al plan de desmonte de 20 hectáreas por comunario. El resultado son cientos de hectáreas de desmonte incluso dentro de áreas protegidas, en las que funcionan hornos de fabricación de carbón.
Julio Egüez Aguilera, gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, narra que “de un día para otro” aparecen personas que con resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en mano piden se les indique el lugar aprobado para su asentamiento.
Esa situación complica a las alcaldías porque son nuevos pobladores que de inmediato requieren camino, educación, salud, saneamiento básico y agua potable entre otros, “y no solicitan estos servicios a la Gobernación o al Gobierno Nacional, sino a los municipios, a los que presionan para que se les dé todas estas cosas”.
La pérdida por incendios forestales
San Rafael de Velasco se caracteriza por su caudal ganadero. Existen alrededor de 130.000 cabezas de ganado tanto en comunidades como en pequeñas, medianas y grandes propiedades ganaderas. Como segunda actividad se encuentra la agricultura.
El alcalde Vargas señala que los oriundos de la región han convivido por muchos años con el fuego, “porque era la forma natural de producir”. “Se chaqueaba y se prendía fuego para luego sembrar, cuando era época de siembra; pero, hace ocho años particularmente, nos declaramos en desastre por incendio y por sequía en el municipio, porque durante este tiempo ya hemos llegado a tener fuego de manera permanente”.
Allí, entre junio y mediados de octubre, lo que no se perdió por la sequía y el estrés hídrico lo hizo por los incendios. De las 900 mil hectáreas que abarca el municipio, 600 mil fueron afectadas por los incendios. Se perdieron pasturas naturales y producción estacionaria para la subsistencia de las comunidades; de hecho, toda la base productiva ¾ganadera, agrícola y forestal¾ fue afectada y generó un escenario complejo que la población espera nunca más vuelva a suceder.
El alcalde señala que, con información temprana de un centro de monitoreo, pudieron detectar dónde iniciaron los fuegos. “Sabemos a ciencia cierta las coordenadas del lugar donde comenzaron los fuegos y son sobre todo estos asentamientos nuevos que llegan de otras regiones los que han originado”, sostiene. San Rafael de Velasco cuenta con 22 comunidades indígenas y 150 de nueva creación.
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