La Paz, 22 de octubre (Paraguay.com).- "Brasil es el cuarto país en población carcelaria del mundo, tiene un sistema penitenciario que viola derechos y donde la tortura y el hacinamiento existen", denunció hoy la presidenta del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Brasil (CNDH), Ivana Farina.

"El Estado admite facciones dominando los presidios y situaciones insalubres", afirmó Farina tras presidir una reunión del Consejo que permitió avanzar en el diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en el país y constatar violaciones de distinto tipo, en particular en el sistema carcelario.

Las denuncias sobre el "caótico" modelo penitenciario brasileño coinciden con un nuevo motín, el tercero con víctimas en una semana, que ha dejado al menos cuatro muertos y veinte heridos en una cárcel de Acre, en la frontera con Bolivia.

El lunes, otro motín en una prisión de Rondonia, también en la frontera con Bolivia, provocó 8 muertos y, apenas un día antes, 10 reclusos murieron en un enfrentamiento en una cárcel del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.

Las autoridades brasileñas atribuyen los motines a la guerra abierta entre las dos mayores organizaciones criminales del país, el Comando Vermelho (CV, con base en Río de Janeiro) y el Primer Comando da Capital (PCC, de Sao Paulo) por el control de las cárceles y de las rutas del tráfico de drogas y armas, especialmente en las fronteras.

Para evitar nuevos enfrentamientos, las autoridades iniciaron traslados masivos de presos en varias cárceles y reforzaron la vigilancia, aunque, según expertos, la guerra entre el CV y el PCC puede derivar en una sangría.

"El Consejo ha recibido la noticia de la guerra entre el CV y el PCC", apuntó Farina, quien advirtió que "apenas el anuncio de esta guerra ya generó un clima todavía más inestable dentro del caótico sistema de prisiones".

Los enfrentamientos entre facciones registrados en las cárceles en los últimos días "demuestran el nivel de caos del sistema", lamentó.

"Si se permite la libre comunicación desde dentro de la cárcel hacia fuera y las facciones pueden organizar ataques desde dentro del presidio en comunidades del exterior, puede imaginar que el sistema dista mucho de cumplir la ley", afirmó.

El Consejo, integrado por autoridades y sociedad civil, "debe actuar encima de un Estado que permite que el crimen organizado, desde dentro de un establecimiento estatal, lidere acciones criminales en todo el país".

Una situación provocada, añadió, porque "el Estado brasileño no ha actuado dentro de los moldes legales en el desarrollo de la política penitenciaria".

La solución, admitió Farina, es "muy compleja" y pasa por un conjunto de medidas que van desde las garantías de defensa en los juicios hasta la separación de los presos, pasando por la mejora en las condiciones de las prisiones, "el castigo a los agentes torturadores y la depuración del sistema".

Según estimaciones oficiales, entre los años 2000 y 2014 la población carcelaria creció casi un 170 % alcanzando los 622.000 reclusos y ubicando a Brasil en el cuarto lugar del mundo en el ránking mundial, solo superado por Estados Unidos, Rusia y China.

De acuerdo con el informe, elaborado con datos del Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia, el 62 % de los reclusos es de raza negra y solo el 9 % terminó la educación secundaria.

Las proyecciones no dejan lugar para el optimismo. De mantenerse esta tendencia, en 50 años Brasil tendrá al 10 % de su población en la cárcel.