A sus nueve años, la niña María (nombre ficticio) fue obligada a gestar al bebé que fue fruto de violaciones cometidas por su progenitor. Ella murió a los ocho meses de gestación, no pudo dar a luz porque su condición física de niña le impedía. Ella y su mamá administraban un comedor en el municipio de Puerto Acosta de la provincia Camacho, La Paz.

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En zonas céntricas de La Paz y El Alto se hacen abortos en consultorios que aparentan otros servicios (foto: Alejandro Carrasco)

“Este tipo de casos no se conocen en Bolivia, se arreglan entre dirigentes para tapar el hecho de violación que se ha naturalizado” denuncia María Rene Tapia de la Red Tú decides del Consejo Plurinacional de la Juventud.

Cuando el embarazo es producto del delito de violación, estupro, incesto, y pone en riesgo la vida y la salud de la mujer (niña, adolescente o joven), la persona encinta puede recurrir a un aborto legal sin grandes complicaciones de trámite, según la Sentencia Constitucional 0206/2014.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia señala que no será exigible la presentación de una querella ni la existencia de una imputación y acusación formal y menos sentencia, para que se proceda con el aborto.

“Será suficiente que la mujer que acuda a un centro  público  o privado de salud a efecto de practicarse un aborto por ser la gestación producto de la comisión de un delito, comunique esa situación a la autoridad competente pública y de ese modo el médico profesional que realiza el aborto tendrá constancia expresa que justificala relación del aborto”, señala la sentencia del TCP, que agrega quebasta entregar al galeno la copia de la denuncia ante la autoridad competente: la fiscalía o la policía.

Añade, que “la interrupción del embarazo debe estar sujeta únicamente al consentimiento de la mujer (mayor) y necesariamente debe ser asumido por un médico que efectuará el aborto para garantizar la vida de la mujer”.

En el caso de las menores de edad que estén en la situación de recurrir al aborto legal deben contar con el consentimiento de sus padres, explicó Patricia Brañez, representante del Comité de Americe Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

Sin embargo, dicha norma no se acata en la institucionalidad pública, debido a que las mujeres carecen de información y por miedo. Hay una oposición a la práctica del aborto legal de parte de los médicos, en especial en centros de salud pertenecientes a la iglesia católica, por ello derivan a las pacientes a los hospitales.

En julio pasado, la Defensoría del Pueblo hizo conocer el caso de una mujer gestante que pidió interrumpir un embarazo de alto riesgo y que no fue atendida de acuerdo con el mandato de la sentencia constitucional Nº 206/2014. Pese al riesgo de la vida de la mujer, la junta médica señaló que requieren de una orden judicial.

Fuera de ello, hay muy poca información sobre la Sentencia Constitucional que permite el aborto legal en ciertas circunstancias. “A pesar de ser una obligación del Gobierno de difundir la información, no se la da, y si hay, es muy mínima”, dijo Brañez.

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En la producción fotografica, una jovencita informa a su mamá que está embarazada

De hecho, este medio acudió al Ministerio de Salud para conocer el tipo de información que existe para la socialización de la sentencia del TCP. A pesar de la insistencia no recibió ninguna respuesta.

Desde el fallo del TCP, hace cuatro años, se registraron 350 casos de abortos legales en el país, y por falta de información prevalecen los clandestinos. Los datos son muy altos, cada día al menos hay 185 abortos a nivel nacional y al menos mueren dos mujeres.

Tapia  dijo que si se aplicara la Sentencia Constitucional se salvarían muchas vidas como el caso de María, una niña que murió por una gestación a temprana edad. También se evitaría que adolescentes recurran al aborto ilegal en clínicas clandestinas.