Abril 19, 2021

Un nuevo escenario para la contienda democrática

 El académico Gene Sharp señala que el problema de las dictaduras es profundo, pues la sumisión incuestionable a las figuras de autoridad y gobernantes ha sido inculcada por largo tiempo siendo la población la más afectada cuando se ve convertida en una masa de individuos aislados incapaces de trabajar juntos para obtener su libertad


Miércoles 31 de Marzo de 2021, 8:15am






El cómputo oficial de las elecciones del 07 de marzo muestra resultados interesantes, el Movimiento al Socialismo obtiene apenas dos gobernaciones en primera vuelta y dos de diez alcaldías de capitales de departamento, lo cual deja en evidencia el nivel de desgaste del instrumento político en la percepción popular con la incertidumbre de obtener resultados favorables en el balotaje para cuatro de las nueve gobernaciones.

En un intento bajo y desesperado para influir sobre la voluntad del electorado, el Presidente Luis Arce advirtió públicamente a la población del municipio de Entre Ríos que si no existiera coordinación con las autoridades elegidas no llegarían las vacunas, lo que demuestra que la línea discursiva del Movimiento al Socialismo no ha cambiado desde que asumió el poder en 2006 dejando expuesta la nula personalidad del primer mandatario. Esta línea discursiva busca el debilitamiento social y la sumisión al poder mediante la amenaza, un recurso que no es nuevo y que ha sido utilizado antes, basta recordar un discurso del ex Vicepresidente cuando en noviembre de 2015, en campaña hacia el referéndum de 2016 decía que si Evo Morales no tenía apoyo habría llanto, el sol se escondería y la luna escaparía.

 El académico Gene Sharp señala que el problema de las dictaduras es profundo, pues la sumisión incuestionable a las figuras de autoridad y gobernantes ha sido inculcada por largo tiempo siendo la población la más afectada cuando se ve convertida en una masa de individuos aislados incapaces de trabajar juntos para obtener su libertad, y es que el Movimiento al Socialismo trata a las personas como si fuesen un rebaño de ovejas carentes de inteligencia y principalmente temerosas frente a la figura de autoridad.

El carácter centralista del gobierno nacional lo lleva a querer ser el titular del interés público, especialmente en la gestión de la crisis sanitaria, sin embargo, al 30 de marzo no han llegado al territorio nacional las vacunas en las cantidades comprometidas demostrando que está muy lejos de ser el buen padre de familia que pretende ser.

En este punto la pregunta es ¿cómo enfrentar un régimen que busca debilitar a la sociedad para garantizar su supervivencia?

El gobierno tiene muchos puntos débiles, voy a detenerme en uno de los más evidentes: la ineficiencia del aparato burocrático. Desde la primera autoridad del país, existe un déficit de talento para asumir los retos de la administración pública por lo que una alternativa para enfrentar pacíficamente al centralismo es trasladar la contienda a una arena desconocida para ellos, la de la institucionalidad democrática.

De vuelta a Sharp, este identifica un factor importante para determinar hasta qué punto un gobierno puede o no ser controlado: el deseo relativo del pueblo a imponer límites al poder del gobierno. Comprendamos lo siguiente: controlar a un gobierno no significa enfrentarlo con violencia, significa establecer los límites de su accionar frente a los intereses colectivos concientizando a la población que somos los ciudadanos los titulares del derecho que justifica la existencia de la administración pública. Existe un gran malestar en la población urbana desde el 21 de febrero de 2016 que se ha ido incrementando paulatinamente habiendo llegado a un punto de no retorno con el fraude electoral de 2019 y aunque las elecciones generales de 2020 hayan determinado la estructura del actual gobierno, ello no significa que el malestar ha desaparecido.

Había marcado al inicio de esta anotación los resultados de las últimas elecciones que abren la posibilidad de que las autoridades elegidas inicien una verdadera recuperación de la institucionalidad en el país, es momento de dejar de ver a la administración pública como botín político de propiedad de los ganadores de una elección.

El profesor Jaime Rodríguez Arana expresa que las reformas deben partir por garantizar un sistema de función pública estable y profesional en el que el acceso y la promoción se realice mediante criterios de mérito y capacidad, ello significa darle un nuevo giro de tuerca a la cuestión pública buscando recuperar un Estado social y democrático de Derecho en el que exista respeto hacia la institucionalidad, pero principalmente hacia los administrados.

Por su parte, la Carta Iberoamericana de la Función Pública suscrita en Santa Cruz de la Sierra el 27 de junio de 2003, señala en su primer artículo que la función esencial inherente a la existencia de la administración pública es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos en el marco de una administración profesional y eficaz al servicio del interés general condenando el nepotismo, el amiguismo y la arbitrariedad en el nombramiento de las autoridades apuntando a un cambio real del manejo institucional.

El diseño de políticas públicas debe estar a cargo de un aparato administrativo bien preparado que demuestre entendimiento de las verdaderas necesidades de la población buscando que los cambios no afecten a otros sectores de manera significativa y se priorice el bienestar de la población mediante criterios de eficiencia y eficacia institucional. Rodríguez señala con acierto que es importante abrir el debate sobre la dignificación del servicio público planteando sin miedo la profesionalización de la administración pública como cometido básico. Lo que se busca es cambiar la percepción de la sociedad respecto a sus instituciones devolviendo la honorabilidad al servicio público, atrayendo a los mejores y evitando la fuga del capital humano.

 Este resulta ser un escenario ideal para enfrentar el discurso y el modelo centralista del gobierno nacional demostrando que existen otras alternativas en el manejo de la administración pública, son las autoridades elegidas las que deben abrir las puertas de las entidades autónomas a profesionales comprometidos con el desarrollo del país, al servicio de los intereses de la población, sin discursos, garantizando la participación activa de la población en el diseño de políticas públicas y materializando los alcances de la autonomía establecidos por la Constitución Política del Estado.

 

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