La Paz, 29 de octubre 2017.- En los dos últimos meses salieron a luz pública casos de robos de recursos económicos cometidos en instituciones públicas, financieras y descentralizadas. Los hechos ponen en manifiesto que los sistemas de control son vulnerables ante la acción de los delincuentes, además de que la detección del ilícito demora.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, dijo que a pesar de activar diferentes medidas de lucha contra la corrupción por mandato del presidente Evo Morales, las instituciones públicas y descentralizadas son vulnerables a los actos de corrupción.
El millonario desfalco al Banco Unión, otro desfalco al Ministerio de Defensa o la compra de maíz de granjas fantasma por parte de la estatal Emapa, son algunos de los casos estallados recientemente.
“No estamos exentos, ni blindados de oportunistas que no tienen el compromiso con el país y pretenden usar y desviar recursos a su favor”, apuntó Jiménez.
Las medidas preventivas de control para evitar los actos de corrupción u otros hechos ilícitos aun están en etapa de maduración.
“Se ha desarrollado la trasparencia de la información activando el acceso a la información a través de portales web y retenciones de cuentas que están en proceso de maduración, construcción y solidificación” explicó.
El Gobierno creó el 2006 primer Plan Nacional de Lucha Contra la corrupción, la Ley 004 de Marcelo Quiroga de Santa Cruz activa mecanismos de control e instrumentos en el aparato estatal para la detección de fortunas, fluctuaciones irregulares en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que los particulares cometan.
EI Viceministerio de Transparencia detectó que los delitos que más cometen los funcionarios públicos son uso indebido de influencias, conducta antieconómica, legitimación de ganancias ilícitas e incumplimiento de deberes,
Desde el Gobierno central anuncian que se aplicará la vara de la lucha y la persecución a los agentes que causaron daños al Estado.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga delitos cometidos en Emapa, Ministerio de Defensa, ENTEL, Fondo Indígena, el Ministerio de Gobierno, Banco Unión. En ellos, el común denominador es la demora en detectar a los delincuentes.
“Las instituciones públicas detectan tarde los actos de corrupción, como el caso del Misterio de Defensa que saltó recién, cuando se suscitó el 2014, se han dado cuenta a tiempo, pero no han denunciado”, explicó Luis Guarachi, Jefe de la División de Corrupción Pública.
La corrupción millonaria cometida en el Banco Unión es suigéneris. “Los funcionarios hacen el ilícito una vez y luego paran, muy pocos casos es donde los funcionarios a raíz de su ambición siguen y siguen acumulando el monto de daño al Estado”, dijo el investigador.
La directora de ASFI, Lenny Valdivia, dijo que en el caso del Banco Unión, donde Juan Pari desfalcó más de 5 millones de dólares, fallaron los sistemas de control en todos los niveles y recomendó a las entidades financieras a mejorar los sistemas de control.
Funcionarios no declaran sus rentas
Luis Guarachi, de la División de Corrupción Pública de la FELCC, indicó que la mayoría de los funcionarios públicos no cumplen con la obligación legal de presentar la declaración jurada de bienes ante la Contraría General del Estado.
“No declaran, este es un acto de corrupción, esto se da en la mayoría de las instituciones, ya sean funcionarios de haber tenemos una estadística alta”, dijo.
También se denuncian delitos complejos que son los fraudes, los desfalcos, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes y servicios.
En las alcaldías utilizan los vehículos y bienes para fines familiares, que no están determinados de acuerdo al reglamento de cada institución.
Los casos son denunciados por terceras personas.
En la División contra delitos de Corrupción Pública se ve una variedad de casos relacionados con instituciones públicas como ministerios y empresas descentralizadas. Por año se denuncian entre 70 a 80 caos de este tipo.
Guarachi dijo que hechos como los descubiertos en las últimas semanas ponen en evidencia la debilidad moral de algunos funcionarios ya que no se tiene relacionado ningún caso con una organización criminal.
“Los funcionarios han visto la oportunidad para incurrir en los delitos, la ambición y la codicia hace que actúen de esa forma”, afirmó.
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