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Mineros durante un conflicto social (Foto:AFKA)

La Paz, 3 de mayo (Urgentebo).- Los mineros consideran que la dinamita es su arma de defensa. Plantearon que se trabaje en una reglamentación para evitar excesos en su uso, sobre todo, porque ahora se permite que las protestas sociales utilicen explosivos.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Guido Mitma, destacó que el presidente Evo Morales haya derogado el Decreto Supremo 1359 del 26 de septiembre del 2012 que sancionaba con “cárcel de uno a cuatro años, para aquellas personas que sean sorprendidas en tenencia y uso de explosivos durante movilizaciones callejeras”.

En su criterio, la decisión del mandatario es acertada. Explicó que el sector minero en Bolivia en épocas de dictadura y neoliberal hizo prevalecer sus derechos con el uso de la dinamita.

“La derogación era necesaria, (la dinamita) es el arma para defender la democracia y nuestras luchas que no son casuales. Este pedido al Presidente no es reciente, es un pedido de hace tiempo, porque con la norma se estaba amordazando a nuestros compañeros trabajadores el país”, sostuvo.

El Decreto Supremo 1359 fue aprobado en 2012 tras la muerte de Héctor Choque, minero asalariado que fue víctima de un explosivo que cooperativistas arrojaron a las instalaciones de la Federación de Trabajadores Mineros, durante una marcha en La Paz el martes 18 de septiembre de ese año.

Piden regulación

Federico Escobar, dirigente de la Federación de Mineros Cooperativistas (Fedecomin) de La Paz considera que el uso de los artefactos explosivos en protestas y movilizaciones debe ser regulado.

“En las protestas, por ejemplo en el área urbana de La Paz, se debería hacer reventar solo dos o tres cachorros de dinamita, así como las matasuegras (…) se debe trabajar en una reglamentación para su uso con el Gobierno central, para evitar las molestias en la ciudadanía” propuso.

El 2003, en la denominada Guerra del Gas, los mineros usaron dinamitas para romper el cerco de militares y policías que custodiaban la plaza Murillo. El pueblo movilizado pedía en ese entonces la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Severino Estallani, dirigente de los Trabajadores mineros de Colquiri y Asambleísta Departamental por La Paz, coincide en que el uso de la dinamita debe ser controlado y propuso que ambos sectores, Gobierno y mineros, hablen sobre el tema en una ampliado.

Los cuestionamientos

El domingo, Morales aprobó siete decretos  por el Día del Trabajo. Uno de ellos abroga el Decreto Supremo 1359 con el objetivo de garantizar la libertad de expresión mediante manifestaciones públicas.

Esa decisión fue cuestionada por la  representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, para quien la derogación significa un retroceso.

“El Gobierno tiene que haber valorado la necesidad de protección al derecho a la vida y al derecho a vivir sin temor. En ese sentido, pese a que reconocemos que las organizaciones y el movimiento popular se expresan de diferentes maneras para derechos y hacer peticiones se había indicado que la dinamita es un artefacto de alto riesgo”, dijo.

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