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Frontis del Tribunal Departamental de Justicia (Foto: Archivo Urgentebo)

La Paz, 06 de (Urgentebo).- La sala plena del Tribunal de Justicia de La Paz cuestionó las acusaciones que realizan algunos líderes de opinión y que involucran a todo el Órgano Judicial en hechos de presunta corrupción. La presidenta de la justicia paceña Carmen Del Río Quisbert dijo que se debe considerar que esos ataques genéricos afectan a la seguridad jurídica del Estado.

La opinión de la autoridad se da con motivo de la Precumbre Departamental de Justicia que se desarrolla este viernes. Dijo que junto a varios vocales y jueces defenderá la institucionalidad y el valor del sistema judicial. 

“La existencia del Órgano Judicial en un Estado democrático y constitucional adquiere sentido en el Valor Justicia.  Y el que posibilita la materialización de ese valor, investido del mandato que le otorga la ley, es el juez cuya misión medular es resolver conflictos adoptando decisiones sobre bienes jurídicos, patrimonios y dignidades al final de cuya controversia unos resultan beneficiados  y otros perjudicados”, señala un documento de esa instancia judicial al que Quisbert hizo referencia.

Atentado al valor justicia

El documento indica que “en ese marco, algunos malos perdidosos atentan contra el Valor Justicia arremetiendo contra la imagen institucional del Órgano Judicial, con acusaciones genéricas y actitudes intolerantes sin reparar que con ello están afectando no sólo la seguridad jurídica, sino también el proceso democrático, el Estado de Derecho, la armonía y las posibilidades de lograr una cultura de paz en la sociedad”.  

Asegura que los casos de presuntas ilegalidades que se investigan en el Ministerio Público y que involucran algunos operadores de justicia, “constituyen una excepción y, de ninguna manera, comprometen al Órgano Judicial en su totalidad ni menos al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, porque los presuntos delitos son cometidos por personas; no por instituciones”.

“Los eventualmente implicados están asumiendo su defensa ante las instancias respectivas conforme mandan la Constitución y las leyes en el marco de la objetividad jurídica, del debido proceso, los derechos y garantías constitucionales vigentes y la presunción de inocencia”, precisa el documento al afirmar que “las denuncias deben ser individualizadas, investigadas y sancionadas en el marco del respeto pleno al debido proceso”.

Presunción de inocencia

“Por estas razones reprochamos, de manera enérgica, que algunos funcionarios o líderes de opinión lancen acusaciones contra toda una institución, sin considerar que con ello están dañando seriamente no sólo la imagen sino la seguridad jurídica y la credibilidad del Estado”, aseguró la presidenta del TDJ de La Paz. 

Afirmó que mientras no exista una determinación o sentencia judicial “se debe presumir la inocencia de los denunciados hasta que las partes acusadoras no demuestren lo contrario. Ese es un principio constitucional que debe ser aplicado de manera estricta para todo ciudadano, sin distinción de ninguna naturaleza”. 

Una reflexión constructiva

El documento del TDJ advierte que “disminuir o afectar la integralidad del Valor Justicia quebrantaría el control de legalidad. Y ante la ausencia de este elemento esencial, ni la coercitividad más extrema menos las decisiones políticas, podrán reconstruir un orden institucional jurídico fundamental para la convivencia de la ciudadanía, porque en definitiva, el Órgano Judicial constituye y debe seguir constituyendo el cimiento medular del sistema democrático, constitucional y de Derecho”.

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