Cochabamba, 10 de julio (ABI).- El Tribunal de Sentencia Sexto de Cochabamba declaró ilegal la detención preventiva que Ángel Fernández Acuña, que cumplió por 14 años y 9 meses en la cárcel de San Sebastián, por un caso de transporte de drogas y ordenó la reparación de los daños y los perjuicios ocasionados a la vida del ciudadano, informó el martes el delegado regional del Defensor del Pueblo, Carlos Herbas
La resolución fue emitida en la consideración de una "Acción de libertad innovativa", que fue planteada por el defensor del Pueblo, David Tezanos, contra los jueces y los fiscales que estuvieron a cargo del caso.
"Ha señalado que se determine reparaciones y daños y perjuicios en favor de esta persona que ha sido indebidamente detenida por más del tiempo que prevé la norma. Ha concedido la tutela porque ha determinado que hubo una detención indebida", informó a la ABI.
El Defensor del Pueblo realizó las denominadas Jornadas de Descongestionamiento Penal 2018 y encontró el caso de Fernández Acuña, que se encontraba con detención preventiva por un cargo de tráfico de sustancias controladas desde el 2 de septiembre de 2003, sin recibir una condena que debió fijarse en el plazo de tres años, como señala el Artículo 133 del Código de Procedimiento Penal y no debió superar los 12 años de presidio.
Según Herbas, la resolución emitida ordena. También la determinación de responsabilidades en la vía administrativa, disciplinaria y judicial de los accionados por el recurso legal.
Informó que dispone, además, que el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba instruya a los jueces de instrucción y los tribunales de sentencia que realicen el seguimiento de causas con detenidos preventivos en el centro penitenciario San Sebastián, de la ciudad de Cochabamba.
El representante regional del Defensor del Pueblo agregó, finalmente, que la resolución demanda que el Órgano Judicial implemente un sistema informático, para el control del tiempo que permanecen personas con detención preventiva en las cárceles, con relación a la pena máxima que puede determinarse en su contra.
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