Cochabamba, 4 de marzo.- Veintiún días se “tardaron” tres policías en devolverle al abogado Jhasmany T.L. los dos discos duros externos que la Fiscalía le había secuestrado el 22 de octubre de 2018. Un sargento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Cochabamba fue hasta la casa donde el director del bufete Leclere y Asociados cumplía con una detención domiciliaria, para entregarle en sus manos los “teras” que contenían evidencias de los delitos cometidos.

La revelación la hizo el teniente de la Policía Carlos Armando P.R., quien permanece detenido en la cárcel de San Antonio desde el 18 de enero, cuando junto a otros tres efectivos, un fiscal, una vocal y el esposo de ella fueron aprehendidos y sindicados de ser integrantes del consorcio que montó Jhasmany T.L. para “torcer” la justicia en favor de sus clientes o de su conveniencia. 

Por fuentes ligadas al ámbito judicial, OPINIÓN accedió a las declaraciones que hizo el teniente Carlos Armando P.R. el 22 de febrero de este año. En ellas, el oficial hizo sorpresivas afirmaciones.

Explicó que, hasta el momento de su detención, él trabajaba en el Instituto de Investigación Técnica Científica de la Universidad Policial (Iitcup) que, además del Instituto Departamental de Investigaciones Forenses (IDIF), era la institución donde se llevaban las evidencias de los procesos penales, bajo custodia, para analizarlas.

El 22 de octubre de 2018, policías y fiscales allanaron la casa de Jhasmany T.L. en Colcapirhua, y secuestraron, entre otras cosas, dos discos duros externos, dos discos internos de computadoras, un celular Samsung de Jhasmany y un pendrive o flash memory. Todos estos soportes técnicos fueron codificados, lacrados y trasladados al Iitcup para que sean resguardados y, en su momento, abiertos legalmente para ser analizados y emitir un dictamen profesional.

Según Carlos P.R., él tomó vacaciones esos días porque iba a casarse a mediados de noviembre. Sin embargo, el sargento de la fuerza anticrimen de Cochabamba Jorge Armando T.T. (también detenido desde el 18 de enero) lo llamó a su celular y le pidió ayuda para escribir una monografía después de su boda. Él aceptó. Luego le propuso ayudar también a “Jhazz”, el abogado Jhasmany T.L., “cambiando lo que se había secuestrado en su casa a cambio de ganar un buen dinero”.

“Yo le dije que eso está difícil porque yo estaba de vacaciones, que no podía ir a la oficina y que un subteniente estaba a cargo”. Pero, el teniente y el sargento se encontraron el 26 de octubre en la avenida Blanco Galindo. Allí, el sargento Jorge Armando T.T., quien decía que Jhasmany es su primo, le entregó una caja de zapatos en la que había cuatro discos duros, un celular dorado Samsung, y un pendrive naranja., para que los intercambie por los secuestrados. Además, le dio 2.800 bolivianos para comprar los discos duros externos que debían tener una capacidad de memoria de un terabyte. “Yo le repetí que estaba de vacaciones y no iba a poder, pero él me dijo que sabía que lo iba a lograr”.

El 29 de octubre, el teniente Carlos P.R. adquirió dos discos externos marca Toshiba, en 450 bolivianos, cada uno, en una tienda de la calle Esteban Arze y “se quedó” con el saldo de los 2.800 bolivianos. “Jorge T.T. me llamaba cada día para preguntarme cuándo íbamos a hacer el cambio, y yo me enojé y le dije que le devolvería todo”. El 2 de noviembre lo llamó el abogado Jhasmany T.L. y, según su versión, le dijo: “Hola, papi rey, tranquilo, no te estoy grabando ni nada papito. Te he mandado tantawawas (discos duros) con mi primo para hacer el cambio. Está fácil. Si no eres tú, alguien más lo va hacer. Te voy a mandar todo mi amor (dinero) posible”. El teniente preguntó a cuánto “amor” se refería. Y Jhasmany le respondió: “Sabes que estoy pagando fiscales y jueces para salir de este quilombo. Saliendo de esto aunque sea voy a trabajar para ustedes todo lo que quieran, pero sálvame de esto, papi rey... Además, (cambiando su tono de voz) sabes que me junto con maleantes y delincuentes y no queremos que le pase nada a tu familia cuando van a comer a mediodía en la avenida Villarroel y América”. 

Según Carlos P.R. fue al Iitcup para firmar documentos de otros casos y le dijo al responsable de la custodia de evidencias, subteniente Roly C., que podía ganarse un dinero si cambiaba los discos duros externos, internos, el celular y el pendrive. “Le dije que coordine con el sargento Jorge T.T., pues yo no me quería meter en líos”.

El lunes 12 de noviembre se reunieron dentro de un auto, y cerca de la EPI Norte los tres policías, el sargento Jorge T.T., el teniente Carlos P.R. y el subteniente Roly C. Este último llevaba en el bolsillo lateral de su pantalón los discos duros externos, según la declaración del teniente. Desde allí llamaron a Jhasmany y le preguntaron qué contenían los discos duros. El abogado respondió: “Tengo resoluciones supremas, autos de vista, está toda mi vida de abogado. Aparte tengo pornografía de todas las cosas que hice estos años, y si la Fiscalía ve eso mi esposa se va a enterar. Les he mandando algo de amor ahorita, pero después voy a trabajar aunque sea toda la vida para ustedes”, y después de acordar verse en la noche con el sargento Jorge T.T., colgó. 

El efectivo sacó 1.500 dólares y se los repartieron en partes iguales. Los discos duros secuestrados le fueron entregados a Jorge T.T. El celular y pendrive no, para evitar sospechas.

El 16 de noviembre, la fiscal Faridy Arnez recibió una alerta de que los soportes digitales habían sido cambiados y fue hasta el Iitcup donde habló con el oficial Hugo M., quien le avisó del peligro a Roly. “Yo estaba en La Paz y llamé al sargento Jorge T.T para decirle que había que devolver los discos duros, porque habrá problemas, pero él me dijo que esa misma noche, el 12 de noviembre, le devolvió a Jhasmany los teras”.

Según la versión del teniente Carlos P.R., el sargento le dijo textualmente: “Esa misma noche yo le entregué al Jhazz, he ido a su casa y he visto lo que había en un disco. Estaban encriptados y su clave era casi como una estrofa de una canción, era como si estuviera poniendo el Himno Nacional como clave. Había documentos en Word y pornografía. Pero solo vimos uno de los discos y ese lo ha roto delante de mí. El otro supongo que lo ha roto también”. 

Sobre los problemas que iban a surgir en el Iitcup, Jorge T.T. les restó importancia y comentó: “Que se las arregle el Roly C., ya que él es el responsable de las evidencias”.

El 19 de febrero de este año, tras una audiencia de apelación en la que le negaron su libertad, el teniente Carlos P.R. volvió al penal y, según reveló, un interno al que le dicen Chino Terán le susurró “El Jhazz te quiere hablar”. Después, en la formación, el mismo reo se le acercó y le dio un mensaje: “El Jhazz dice que no hables nada, que ya está arreglando todo desde arriba y que ya se va a solucionar”, pero él le respondió que no lo conoce y que no quiere saber nada más”. 

Julieta Montaño: “La imagen y credibilidad del Iitcup se fueron al piso” 
 

Desde España, donde sigue todas las noticias de Bolivia, y especialmente las de Cochabamba, la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, lamentó que “malos” policías sigan enlodando las instituciones en las que trabajan. Sostuvo que lo que ha ocurrido con el Instituto de Investigación Técnica Científica de la Universidad Policial (Iitcup), en el caso del abogado Jhasmany T.L. “es muy grave” y no se está midiendo sus efectos “catastróficos” en la sociedad. 

“La revelación de que oficiales que se supone que deben ser éticos, honestos y rigurosos en el manejo de las evidencias para el análisis científico, son capaces de cambiar las pruebas de los casos, afecta toda investigación y la seguridad jurídica”, expresó la abogada y defensora de los derechos humanos.

“Está claro que la imagen del Iitcup y su credibilidad se han ido al suelo. Tanto así, que ningún tribunal serio estará obligado a aceptar sus conclusiones porque se ha demostrado que no son seguras ni confiables”. Montaño explicó que en el mundo, los institutos de investigación científica son constantemente evaluados y calificados para ser tomados en cuenta, o no, como fuentes de apoyo a la justicia. 

“Enterarse de cómo manejan las evidencias de casos tan delicados nos lleva, inevitablemente, a pensar en cuánta gente estará injustamente encarcelada y cuántos delincuentes andarán sueltos e impunes gracias a policías que pueden perforar de esa manera la seguridad jurídica”, acotó.

El Iitcup se hizo conocido en todo el país, cuando sus pericias lograron demostrar que la Fiscalía y los jueces de Santa Cruz se equivocaron al sentenciar a un inocente a 30 años por feminicidio. Lograron liberarlo de un fallo injusto. Y la institución se estaba construyendo, ganándose la confianza de la población. Con el escándalo del caso del abogado del diablo se ha vulnerado la idoneidad y la profesionalidad, porque mañana, al inocente lo harán ver como culpable, o al culpable como inocente, alterando las evidencias para favorecer o perjudicar, según el monto que les ofrezcan.

Para dos jefes policiales jubilados con los que conversó este diario, lo que ha sucedido es “trágico”. “Se ha retrocedido 50 años, a la época del empirismo. Esto no lo hacían ni los tiras (policías no formados en la Academia) más avezados. Es una pena. Y no se ven las sanciones que deberían ser aplicadas públicamente para que nadie más se atreva a cometer semejante afrenta contra la imagen de la Policía y el Iitcup”, dijeron.

Las acciones cometidas por los policías implicados con el caso del abogado del diablo deben ser investigadas en la vía penal como en la disciplinaria.

En la penal, ya están detendios preventivamente por el delito de consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías, que tiene una pena de 5 a 10 años de cárcel, en caso de ser hallados culpables en un juicio oral. En la vía disciplinaria, según los jefes policiales consultados, deberían ser procesados por faltas graves y muy graves, previstas en la Ley 101 de la Policía Boliviana.

Por ejemplo el artículo 14 inciso 4 se refiere a recibir, como consecuencia de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales.

El inciso 7, detalla que es una falta la retención y uso injustificado de vehículos, valores u objetos hallados, recuperados, secuestrados, incautados o confiscados. El inciso 8, considera una falta grave el “ordenar, instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos”.

El artículo 13 de la Ley 101, inciso 7, considera una falta grave el “extraviar, extraer folios o inutilizar dolosamente expedientes disciplinarios, cuadernos de investigación, pruebas, informes periciales, archivos de personal, valores policiales y documentos administrativos que se encuentren bajo su responsabilidad en el marco de la función policial, sin perjuicio de la reposición de los mismos”.

Por estas faltas, los agentes podrían ser sancionados con la baja definitiva de la Policía, sin derecho a reincorporación.

OPINIÓN