En mi reciente visita a la ciudad de Santa Cruz, pude conocer las instalaciones de la Universidad Privada UPSA, donde se presentó una interesante novedad bibliográfica: el libro titulado: “Derechos Humanos y Proceso de Cambio. Análisis de la situación de los Derechos Humanos en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales durante el período 2006-2016”, cuya autoría corresponde al Dr. Luis Yañez Valdez, un estudioso constitucionalista.

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Este trabajo ha sido elaborado para que cada ciudadano evite la indiferencia frente a las actuaciones gubernamentales, dado que la falta de una mirada crítica puede propiciar el advenimiento de tiempos marcados por el abuso de las autoridades. En consecuencia, el propósito que persigue el autor “es aportar al análisis de actuaciones que se presentaron en un ámbito específico. Así a lo largo del texto, con claridad, se analizan, primero, las violaciones a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada en 2009 y, segundo, las violaciones a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales que el Estado boliviano ha ratificado”.

Ahora bien, en la estructura de la obra se puede apreciar que consta de ocho capítulos en los que el autor expone la violación a los derechos humanos, en que ha incurrido el Estado boliviano, que en diferentes circunstancias ha llevado adelante acciones que ocasionaron alrededor de un centenar de muertes en el período antes señalado. De ahí que, y ante la extensa cantidad de violaciones a los derechos, la investigación plasmada en el libro, se limita a realizar un análisis de los casos más relevantes. “Acotamos –dice el autor– que para establecer el grado de importancia, a fin de elegir los casos que se analizan, hemos tomado en cuenta las repercusiones mediáticas, tanto nacionales como extranjeras, al igual que lo evidente que resultan las transgresiones que se tratan en las siguientes páginas”.

Así, un primer capítulo de la obra, está dedicado a analizar el derecho a la vida y a la integridad personal, así como el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de libertad, en el Centro Penitenciario de Palmasola, de la ciudad de Santa Cruz. En este capítulo se describen sistemáticamente, algunos antecedentes del Centro de Rehabilitación, una breve descripción de los hechos que motivan el análisis, los resultados del proceso judicial concreto, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Constitución, respecto al derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, a la luz de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para concluir con algunas observaciones finales y las recomendaciones que el autor cree pertinentes.

El mismo orden de contenidos, sistemáticamente ordenados, se pueden ver en los siguientes capítulos. Así por ejemplo, el segundo capítulo está dedicado a analizar el derecho a la vida y a la integridad personal, así como la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y la protección judicial o tutela judicial efectiva, en el caso de la represión en (el puente de) La Calancha, cuando protestaron contra una de las sesiones de la entonces Asamblea Constituyente.

El tercer capítulo está destinado a analizar el derecho de buscar y recibir asilo, en el caso del senador Roger Pinto, describiendo la situación de los bolivianos en búsqueda de asilo, así como los ataques de altas autoridades del Gobierno actual, en contra de ese ciudadano.

El cuarto capítulo de la obra, analiza el derecho a la seguridad de las personas, a la reunión pacífica, a la libertad de circulación y los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el derecho a la consulta previa, en el caso del TIPNIS. En esta parte, el autor llega a describir la situación de los pueblos indígenas en Bolivia, los hechos suscitados en la construcción de la carretera que atravesaba el TIPNIS, la Marcha Indígena que se organizó en su defensa, los conflictos sociales emergentes y al represión de que fueron objeto los pueblos indígenas en defensa de su territorio. Asimismo, no descuida de hacer referencia las normas de la Constitución acerca de los derechos de los pueblos indígenas que consagra la Constitución y las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para concluir con algunas observaciones finales y las recomendaciones muy acertadas del autor.

El capítulo quinto, está dedicado a analizar la vigencia de los derechos políticos, la libertad de asociación, libertad de pensamiento y de expresión, en el caso de las elecciones subnacionales del año 2015 en el Departamento del Beni, haciendo referencia concreta a los 228 candidatos a quienes se les suspendió el ejercicio de sus derechos políticos en las mencionadas elecciones; todo ello teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la Constitución, respecto a los derechos políticos y el régimen electoral vigente en Bolivia, abarcando inclusive el análisis de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, que provocan dudas fundadas respecto a la imparcialidad de su integrantes.

El capítulo sexto, hace referencia concreta a la afectación al Principio de Separación de Funciones e Independencia de los Poderes Públicos, en el caso de las actuaciones realizadas por el ex Defensor Rolando Villena, describiendo concretamente la emisión del Informe sobre las muertes, lesiones y detenciones arbitrarias que se cometieron en Caranavi en 2010, y la descalificación de que fue objeto dicha autoridad; así como también, el pedido que hizo el entonces Defensor, para la suspensión del actual Embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, por su participación en la represión a la VIII Marcha Indígena del TIPNIS, y las acusaciones sin fundamento que recibió el ex Defensor Villena, lo cual observa de acuerdo a las normas que aseguran el reconocimiento constitucional del Defensor del Pueblo y sus atribuciones específicas destinadas a la defensa de los derechos humanos.

Los últimos capítulos se refieren al derecho a la liberta de expresión, y la obstaculización al trabajo de la prensa, además de la criminalización de la expresión crítica o disidente; así como los derechos a la integridad personal, la libertad de circulación, el derecho de petición, el derecho a la igualdad (y por ende no sufrir discriminación), y el derecho de reunión, en el caso de la protesta de las personas con discapacidad.

En definitiva, se trata de un aporte valioso que describe de manera objetiva, la situación cruda y real en que se encuentran los derechos humanos, más allá de su proclamación en la Constitución Política del Estado, y en donde se puede apreciar con bastante claridad el constante avasallamiento que sufren nuestros derechos durante el régimen de gobierno actual, que no cesa de desplegar acciones arbitrarias en desconocimiento de los derechos humanos de los habitantes del territorio boliviano, más aún cuando se trata de personas que no pertenecen al partido de gobierno, o no comulgan con su ideología absolutista.