28 de julio (Urgente.bo).- El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que la Comisión de Fiscales del caso denominado “Fraude Electoral” emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento de acuerdo a los actos investigativos de recolección de información con elementos suficientes como declaraciones, actas, base de datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y fue fundamental el informe de la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, realizada por el “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, que demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.
“Producto de una noticia fehaciente de una posible manipulación informática en relación a la base de datos del OEP02, se apertura un caso, emergente de aquello donde el Ministerio Público, a través de la Comisión de Fiscales con sede en la ciudad de La Paz, desarrolló todos los actos investigativos para colectar la información, indicios y declaraciones del caso, actas, se colectó la base de datos con el que hubiera operado el Órgano Electoral a través del cómputo oficial y el conjunto de los elementos fueron puestos a consideración de la Comisión de Fiscales quienes para establecer una verdad material de los hechos, ha decidido contar con un informe pericial de la integridad de la base de datos de OEP02, por ello se lanzó la convocatoria de “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” para el análisis de la integridad electoral de las elecciones de octubre de 2019”, dijo Quispe.
CONSULTORES CON ESPECIALIDAD
Respecto a aseveraciones de que el estudio fue realizado por gente no calificada, el Secretario General, aclaró que se trata de doctores reconocidos y de prestigio internacional que son parte del “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, a la cabeza del Ingeniero, Juan Manuel Corchado PH.D Doctor en Informática y Doctor en inteligencia Artificial, Director del Parque Científico y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y su equipo de alto nivel.
DOCUMENTO DE LA OEA
La autoridad, indicó que el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue analizar el TREP y sus implicancias, al igual que el informe pericial que analiza el TREP y considera los puntos presentados por el OEA; sin embargo, la OEA realizó un informe rápido e hizo un pronunciamiento prematuro porque no tenía la consistencia para haber analizado el cómputo final en la base de datos oficial de las elecciones de 2019, por eso pasa ha ser un mero indicio que no tiene un sostén técnico ni científico, a los efectos del proceso llevado adelante por el Ministerio Público, por ello la Comisión de Fiscales emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento.
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y COSTO
Con relación a las consultas de que se habría pagado millones por el estudio, Quispe, desmintió esa conjetura y explicó que de acuerdo al informe de la Dirección Administrativa Financiera de la Fiscalía General del Estado, la pericia científica desarrollada cumplió el procedimiento de contratación internacional, vigente en el país, dentro de los proponentes calificó al equipo de investigadores dependiente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca con sede en España. El pago se realizó a través del Banco Central de Bolivia (BCB) y el precio cancelado fue de 216.000 Bs. aproximadamente 30 mil dólares, precio menor con relación a la envergadura que involucra su resultado.
EXTEMPORÁNEO
Respecto a las aseveraciones de algunos políticos que señalaron que el informe de la pericia es extemporáneo, el Secretario del Ministerio Público, aseguró que no existe la extemporaneidad porque cualquier tipo de investigación tiene sus plazos correspondientes y se trata de un caso complejo. “Vemos que el tiempo fue razonable y son emergentes de dos perjuicios como el tema de la pandemia que paralizó plazos y la poca voluntad de las exautoridades de cooperar con el desarrollo de la investigación prestando la información”.
