(Fundación Tierra, 05 de agosto).- Un saneamiento que no toma en cuenta más que cifras en hectáreas y títulos; la dotación de títulos a mujeres sin verificar su consolidación y contexto; el lento avance del proceso, que aumenta la violencia por tierras y la indefensión de los propietarios de tierras, frente a los avasallamientos son los cuatro factores que opacan el proceso de saneamiento en Bolivia. Esa es la conclusión a las que llegan Efraín Tinta, Eloy Valda y Alcides Vadillo, integrantes de la Fundación TIERRA, quienes, a través de su experiencia y trabajo de campo, explican las sombras detrás de este proceso, en el marco del 2 de agosto, fecha en que se conmemora 69 años de la Reforma Agraria en Bolivia.
Cuando se aprobó la Reforma Agraria, en 1953, se tenía como meta dotar de tierra a los indios y finalizar el régimen de servidumbre. Hasta ese entonces, los grandes terratenientes, principalmente en valles y altiplano, eran propietarios del 95% por ciento de las tierras cultivables. 40 años después, en 1996 se aprobó la Ley 1715, más conocida como Ley INRA que entre uno de sus objetivos, tenía el regularizar el derecho propietario en el país, y con ello, revertir los latifundios que se habían creado en los últimos 25 años en el oriente y la Amazonía. En sus primeros 10 años de aplicación, sólo se logró concluir el saneamiento de tierras en un 10% de la superficie nacional.
En 2006, durante la primera gestión de Evo Morales, se aprobó la Ley 1715 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, con la que intentó culminar el proceso con nuevos procedimientos. En ese marco, según datos del director del INRA Eulogio Nuñez, el 70% de la estructura de la tierra estaba en manos de medianos y grandes y solo un 30% correspondían a pequeños productores, indígenas y campesinos originarios, pero ahora es al revés.
“En toda la gestión de Morales, que estuvo 14 años, logró regularizar el 86% de saneamiento y en ese porcentaje cambió la estructura de la tenencia de la tierra (…). En la gestión de Luis Arce, del 14% que hemos recibido, hemos logrado bajar al 11% y este año queremos llegar al 9%”, declaró la autoridad al programa Plurinacionalidad.
Actualmente, según los datos a julio de 2022, el 30% de la tierra del país corresponde a parques nacionales, reservas forestales y tierras fiscales disponibles para distribución. En segundo lugar, están las tierras de, campesinos, interculturales y pequeños productores con 28%; le siguen las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de pueblos indígenas del Chaco, Oriente, Amazonía y naciones originarias de tierras altas con el 27% y las propiedades del sector mediano y grande empresarial con el 15%.
En criterio de Efraín Tinta, director de la Regional Altiplano de la Fundación TIERRA, actualmente hay una incomprensión sobre cómo llevar adelante el proceso de saneamiento porque si bien el INRA brinda datos sobre superficies y la cantidad de títulos, no verifica la calidad del proceso de saneamiento.
“Por ejemplo, en el caso de una titulación colectiva, si se disponen 10 hectáreas, no se hace un análisis de la subdivisión que se hará en un futuro de los predios, tomando en cuenta la cantidad de herederos y sus generaciones. Esos predios, a su vez, se dividen seis hasta siete veces por lo que a los nuevos dueños les queda media hectárea o una hectárea. En esas condiciones la propiedad no es viable económicamente, pero además no todo el suelo es bueno, hay sitios áridos, que no tienen acceso al agua, condiciones que no se analizan”, explicó.
La estructura de la tenencia de la tierra también puede variar entre departamentos. Para Eloy Valda, responsable de la Regional Valles, de TIERRA, este factor no tuvo variación en Chuquisaca, pues las unidades productivas familiares son minifundiarias.
“Se identificó este problema en la región y por ello quienes tenían tierra insuficiente buscaban acceder a tierras fiscales en el oriente, pero no sucedió porque cuando las familias campesinas fueron a Santa Cruz se encontraron con la limitante de que ya figuran en bases de datos del INRA como propietarios de parcelas de tierras y están excluidos de dotaciones. Por ello las familias que no tienen tierra o tierra insuficiente no han logrado acceder a la tierra”, destacó.
Para Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA, la superficie como elemento del saneamiento es un factor que puede generar variación sobre este procedimiento.
“Si bien hay elementos que muestran que la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia cambió, es importante ver el contexto. No es lo mismo una hectárea de tierra en A, B o C. Su valor varía en función de su cercanía a centros poblados, su valor productivo u otros. El INRA no toma ninguno de esos elementos, simplemente toma en cuenta el tamaño de propiedad y en función a ello si hubo cambio de la estructura, que no es del todo beneficiosa”, señaló.
Si bien resalta que el proceso de saneamiento esté bordeando el 90%, Vadillo, observa otro problema, pues esta regularización no está brindando la seguridad jurídica cuando existen propiedades saneadas que son invadidas, avasalladas en un alto nivel de indefensión. “Si no hay autoridad que defienda su derecho, entonces, ¿para qué sirvió el proceso de saneamiento y 25 años de trabajo?”, cuestionó.
Un segundo dato que pone en relevancia el Gobierno, a través del INRA, es que se logró promover la equidad de género en la titulación de tierras, por lo que a la fecha el 48% de los títulos entregados fueron entregados a mujeres. “A nivel Bolivia, en la reforma agraria del 53 al 92, el 90% de los títulos estaban a nombre de los varones y el 10% a nombre de mujeres. Actualmente estamos con 52% a nombre de varones, 45% de mujeres y personas jurídicas 2%”, destacó Nuñez.
En este punto, si bien se destaca la inclusión de las mujeres, para Tinta el trámite solo queda en los papeles, porque en los hechos, los varones siguen siendo los que manejan la tierra, los que participan en las reuniones de la comunidad y define que es lo que se hace con ella.
“Efectivamente hay casos de mujeres que se han titulado solo mujeres como viudas, solteras, pero son datos que no están desagregados. Si se hiciera un análisis a detalle, se vería que todavía reciben menos tierra o recibieron tierras que no son productivas, que lo poco que hemos visto en las comunidades que hemos trabajado”, apuntó.
Valda, a su turno, recordó que no es que se haya distribuido nuevas tierras a las mujeres, sino que se les incluyó en los títulos ejecutoriales de las pequeñas parcelas de tierras que ya poseían las familias campesinas nombre de campesinos. “Si bien hubo un avance, con la figuración de propietaria de tierra, la mujer aun no puede decidir el destino que se da a la tierra. Las mismas organizaciones de mujeres mencionaban que al margen de ser figurativas, no hubiesen recibido nuevas dotaciones”, remarcó.
Concluir el proceso de saneamiento durante la gestión de Luis Arce es uno de los retos que tiene el INRA. Según sus datos a julio, del porcentaje que falta por sanear, que alcanza a unos 11 millones de hectáreas. De esa cifra, al menos la mitad tienen conflictos por problemas de sobreposición con machas urbanas y límites, entre otros.
Vadillo destacó en la actual gestión, a diferencia de los anteriores años, se genera más información pública respecto a los progresos en temas de saneamiento, datos que tendrían que ser analizados con detenimiento. Entre tanto, para mejorar los procedimientos, Tinta sugirió realizar una actualización de las normativas que acompañan los procedimientos.
“Hay factores que están influyendo como el tema de los recursos naturales en sitios no saneados como la minería en la cordillera de Los Andes, en el norte de La Paz o los Yungas. Todavía se está manejando la ley el reglamento de hace más de 20 años. probablemente hasta hace 10 años funcionaba, pero habrá que revisar que tan útil es este documento en la actualidad”, enfatizó.
