El Director Ejecutivo de la Fundación Milenio, Henry Oporto, afirmó este lunes que la devolución de campos hidrocarburiferos y la incapacidad para cumplir el contrato con la Argentina en 2024, muestran una vez más la grave crisis del sector, que arriesga la seguridad energética y acrecienta la amenaza de tener que importar en el futuro gas natural para atender la demanda interna.
En los últimos días se conoció que la empresa española REPSOL devolvió a YPFB los campos Mamoré y Surubí, luego que Petrobras hiciera lo mismo con los campos de Caranda y Colpa; Shell lo de Escondido y La Vertiente y Pluspetrol con los de Bermejo. Asimismo, se informó que YPFB había notificado a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de Argentina que Bolivia no garantiza los despachos de gas natural a país desde 2024.
Oporto explicó que la industria de hidrocarburos en Bolivia vive en “tormenta perfecta” caracterizada por la caída de la producción, la pérdida de mercados externos, la escasez de dólares para la importación de combustibles y las constantes interrupciones en el abastecimiento de carburantes y atribuyó esta crisis a la disminución extrema de la Inversión Extranjera Directa.
En criterio del investigador, la devolución de campos confirma el agotamiento productivo de los campos y es una alerta importante de la crítica situación del sector petrolero. “Estas devoluciones se hicieron por la falta de resultados económicos, sea porque los campos cumplieron su ciclo productivo o porque su explotación no asegura la rentabilidad necesaria”, dijo.
Por otro lado, el Director de Milenio explicó que en 2022 el sector de hidrocarburos en Bolivia se contrajo 8.4% a pesar del alza de los precios de exportación y ese año Bolivia importó combustibles por valor de $us 4.407 millones, mientras que las ventas de gas al exterior fueron de $us 3.089 millones. “La creciente dependencia de combustibles importados implica que año tras año aumenta el subsidio a los combustibles, que Milenio ha estimado en $us 1.700 millones para el año 2022 (3.8% del PIB), siendo esta una de las razones del elevado déficit fiscal, por encima del 7% del PIB durante 8 años consecutivos”, señaló.
El analista dijo además que la reducción de la producción tiene relación directa con el déficit de inversiones en el sector, las que declinan desde el 2015. “Durante la última década y media, las inversiones hidrocarburíferas priorizaron la explotación de reservorios ya existentes y poco o nada la exploración de nuevos campos para sustituir las reservas consumidas. Las inversiones de YPFB intentaron llenar el vacío dejado por el repliegue de la IED, pero sin conseguirlo y los resultados han sido muy modestos, lo cual demuestra que tan importante como el capital es el conocimiento técnico avanzado del que nuestra petrolera carece”, sentenció.
Oporto concluyó señalando que lo único que pueda salvar a la moribunda industria hidrocarburífera es una nueva corriente de inversión extranjera, y para ello es indispensable una nueva ley de hidrocarburos que dé seguridad, garantías e incentivos a la inversión privada, una política agresiva de búsqueda de mercados y un nuevo marco regulatorio que promueva la competencia y libere el mercado de un intervencionismo estatal asfixiante”.
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