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Una parte de la carta suscrita por los familiares de los 9 bolivianos detenidos en Chile

La Paz, 31 de marzo (Urgentebo) .- Los familiares de las nueve personas que fueron detenidas en la frontera el domingo 19 de marzo y luego detenidos en el penal de Alto Hospicio de Tarapacá (Chile), mediante una carta, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instituya las medidas cautelares para que el estado chileno garantice la vida de los connacionales y permita la libertad plena en el movimiento de sus parientes.

La carta menciona “que garantice la libertad plena e inmediata de sus familiares, detenidos arbitrariamente por los tribunales jurisdiccionales chilenos que, adicionalmente, se encuentran actuando sin ninguna competencia o jurisdicción sobre agentes de un Estado extranjero”.

Asimismo piden que Chile se abstenga de realizar cualquier actividad jurisdiccional en perjuicio de sus familiares, toda vez que este tipo de hechos pertenece al ámbito político de los Estados; también que realice medidas de desagravio sobre la honra y la dignidad de sus familiares que en calidad de funcionarios del Estado boliviano, se encontraban realizando acciones de lucha contra el delito transnacional de contrabando, cometido mediante grupos organizados delictivos.

“Que inicie una investigación en la vía pública penal en relación a quienes presentan como víctimas y testigos de los hechos y que confiesan abiertamente haber estado desarrollando actividades de contrabando”.

El 19 de marzo, dos militares y 7 funcionarios de la Aduana Nacional fueron detenidos en una frontera por carabineros de Chile, cuando estos realizan operativos en lucha contra el Contrabando.

“La falta de diligencia de las autoridades chilenas para denunciar e investigar los delitos de contrabando de exportación, tipificados en la Ley chilena, respecto a las personas que el Ministerio Público chileno presento como supuestas víctimas y testigos, las que, sin ningún reparo, declararon abiertamente haber estado realizando procedimientos típicos de contrabando en la frontera chileno-boliviana”, termina la carta.

El 22 de marzo el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte decretó prisión preventiva por 120 días para los nueve bolivianos detenidos en territorio nacional, por los delitos de cruce ilegal, porte de armas y robo con intimidación.

El fiscal a cargo de la investigación, Hardy Torres, indicó que "la prisión preventiva fue otorgada por los tres delitos. Se consideró que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido que las penas que arriesgan son penas de crimen que impiden la posibilidad de que ellos cumplan la pena en libertad".

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