La Paz, 30 de mayo (El Mundo).- Cuenta cómo atravesó la frontera de EEUU dibujando un mapa imaginario en el mantel de hule de una de las 10 mesas de su restaurante en Filadelfia. «Llegamos a Ciudad Juárez a las nueve de la noche. A las dos nos llevan a la orilla del desierto: saltamos del auto a la carrera. Nos dan unos calcetines para no dejar nuestras huellas en la arena y cargamos con una mochila con agua y fruta. Caminamos hasta las 11 a pleno sol en una ruta negociada entre el coyote y los narcos. Cuando la Patrulla Fronteriza te atrapa, otros están pasando por otra zona».
A Cristina Martínez la atraparon cinco veces en una travesía que duró 45 días. Tomaban sus huellas dactilares, la encerraban 72 horas y vuelta a empezar en Ciudad Juárez. A la sexta alcanzó Phoenix, Arizona, pero ya estaba registrada como inmigrante indocumentada. Pagó 2.700 dólares al coyote, un traficante de personas que guía a los emigrantes en su travesía por el desierto -hoy cobran entre siete y once mil dólares-.
Eso fue en 2006. Once años más tarde, en enero, el alcalde demócrata de Filadelfia, Jim Kenney, retó a Donald Trump durante su primera visita a la ciudad como presidente a asistir a un encuentro con los congresistas republicanos y lo citó en el restaurante de Cristina. «Espero que vayan al Barbacoa en South Philadelphia, que -además de ser elegido recientemente uno de los 10 mejores restaurantes del país- pertenece a una inmigrante mexicana indocumentada. Ella y otros inmigrantes emprendedores son responsables de buena parte del crecimiento reciente de las pequeñas empresas de Filadelfia, generando 300 millones de dólares en ganancias anuales», dijo Kenney, político que dirige una de las autoproclamadas ciudades santuario para los indocumentados del país.
Ajena, de momento, a la polémica, Cristina Martínez habla de las rutas ilegales, de sus riesgos, precios y recorridos, con la naturalidad del experto. Tiene sus motivos. «Mi exmarido me pegó durante 20 años. Era una continua agresión verbal, física y psicológica. Decidí salir cuando me amenazó de muerte. Antes de que me matara él, prefería morir en el desierto».
Mexicana de 47 años, conoció a Benjamin Miller, estadounidense de 33, cuando trabajaban en 2009 en la cocina del restaurante italiano del conocido chef Marc Vetri. «Cristina estaba trabajando con documentación falsa. Marc Vetri afirmará que no lo sabía, pero yo puedo demostrar lo contrario. Y no era la única en su equipo», asegura Ben Miller, que acaba de dejar el mostrador de los tacos para beber agua fresca de tamarindo. En las paredes del South Philly Barbacoa hay ilustraciones de Pablo O'Higgins y carteles enmarcados del pintor mexicano Alfredo Zalce. Uno de ellos, La URSS defiende las libertades del mundo. ¡Ayudémosla! (1941), ondea sobre nuestras cabezas.
Se casaron en 2012. El matrimonio con un ciudadano estadounidense no cambió la situación legal de Cristina: su única vía pasa por volver a Toluca y esperar allí los 10 años que sanciona la Ley del Castigo para tramitar sus papeles. Esta norma de 1996 se aplica a los inmigrantes que han permanecido indocumentados más de un año en EEUU.
Con una legislación que en la práctica inmoviliza a los inmigrantes en lugar de expulsarlos, Cristina Martínez ha perdido la libertad de tránsito, no puede salir de EEUU. para visitar a sus tres hijos en México. El muro con el que amenaza Trump ya está construido y a ella la retiene en la acera estadounidense. Tampoco puede aspirar a abrir una cuenta bancaria, pero sí un negocio.
«Un inmigrante indocumentado no necesita un permiso especial; de hecho, tener un negocio es la manera de evitar la solicitud para el permiso de trabajo o de tratar con un empresario que exija que todos los papeles estén en regla», explica la abogada experta en inmigración Ayodele Gansallo, que acudió al aeropuerto de Filadelfia el día que Trump vetó la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Cristina y Ben inauguraron South Philly Barbacoa en 2015, un restaurante de tacos y barbacoa de cordero que se ha hecho muy popular desde que la revista gastronómica Bon Appétit lo enalteciera. Las visitas del alcalde también ayudan. «Cuando viene tiene que esperar como todos los demás, no hacemos distingos», dice la cocinera, que da empleo a 12 personas, tres de ellas inmigrantes sin papeles.
Pese a la invitación del alcalde, Trump no apareció por el restaurante. En la sobremesa se hubiera podido encontrar en una de las reuniones de trabajadores indocumentados de Right2Work, la campaña que ha convertido el restaurante en un espacio de discusión política. Cristina y Ben han creado una asociación (Popular Alliance for Undocumented Workers' Rights) para involucrar a otros restaurantes en su cruzada.
¿No teme la deportación? «Si ocurre, regresaría a Toluca con Benjamín (sic). Tengo tres hijos en México y por fin podría verlos, esa es una de las cosas que me mantiene en lucha», reconoce Cristina. @HansGranda
