4 de diciembre (Urgente.bo).- Tras un análisis al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazar la propuesta y le expone cinco argumentos para solicitar su modificación al Órgano Ejecutivo.
“La actual situación económica del país demanda ajustes que deben reflejarse en este instrumento central de política económica; ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país. Sin embargo, el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”, escribió el ente.
El primer argumento que utiliza Cainco para el rechazo del PGE 2025, se ve relacionado con el “atentado directo a la estabilidad macroeconómica”, que contempla un déficit fiscal de Bs 35 mil millones, equivalente al 9,2% del PIB, que solo puede financiarse mediante el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública por Bs 60 mil millones bajo la línea de endeudamiento interno.
“Esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.
La insostenibilidad es el segundo argumento del ente. El PGE 2025 busca financiar el déficit fiscal mediante endeudamiento externo que alcanzará los Bs 14 mil millones, equivalentes a USD 2 mil millones.
“La estrategia del Estado no puede continuar concentrándose únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.
El tercer argumento es la “transgresión a la institucionalidad”, que ha vulnerado la ley del Banco Central de Bolivia para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes.
La “represión y distorsión del mercado”, otro argumento de la Cainco, se sustenta en la propuesta del PGE del control de la inflación a través de los controles de precios.
“El proyecto excede las atribuciones constitucionales de la política fiscal puesto que su ámbito comprende las operaciones de ingresos, gasto y endeudamiento del sector público, no aquellas que están en otras secciones del texto constitucional”.
Y por último, el ente cuestiona los alcances del PGE 2025 que desconoce la profunda crisis que enfrenta el país desde el 2023.
