12 de junio (Revista Oxígeno- Urgentebo).- Escrito por Susana López.- Quince puñaladas en contra de la periodista Hanalí Huaycho aceleraron la promulgación de la Ley 348 en marzo del 2013. Su verdugo, el teniente de policía Jorge Clavijo, fue denunciado como agresor ante sus superiores en 14 oportunidades antes del feminicidio. A seis años de esta ley, los feminicidios siguen y suman las terribles cifras a nivel nacional con un común denominador, la impunidad.

Según los reportes de la Fiscalía General del Estado, en Bolivia una mujer muere cada 2 días. Entre marzo de 2013 y febrero de 2019, 574 mujeres murieron producto de la violencia machista. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, sitúa al país con los índices más altos en cuanto a feminicidios en toda la región.

Por todo lo anterior, la clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard (IHRC) por sus siglas en inglés, presentó un informe sobre impunidad y feminicidios en Bolivia. Este documento revisó más de 200 procesos judiciales bajo la Ley 348, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, además que toma como ejemplo ocho casos emblemáticos de familiares que buscan justicia a pesar de que los plazos procesales ya vencieron y todavía no hay sentencias.

El informe señala que las barreras de investigación, barreras judiciales y la discriminación institucional, son  los tres obstáculos para el acceso a la justicia en nuestro país.

Obstáculos en la justicia

Las barreras judiciales que señala el informe, están relacionadas con las fallas durante las investigaciones y que cons-tituyen en una obstrucción para llegar a la verdad en los casos. Cuando encontraron muerta a Verónica Chino, tesista de la carrera de agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés en enero de 2015, presumieron un suicidio. La policía no realizó la autopsia legal pese a la solicitud de su madre, que luego de 4 años de la muerte de su hija consiguió que se realice la necropsia al cuerpo. Según el Manual de Directrices Mínimas para la Investigación de Hechos Delictivos que Atenten contra la Vida de las Mujeres en Razón de Género Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado, realizar las autopsias a tiempo es crucial para las investigaciones.

En el caso de Andrea Aramayo, su madre Helen Álvarez, periodista e integrante de Mujeres Creando,  cuenta que los investigadores no fueron capaces de tomar la declaración respectiva a dos de los principales testigos y que luego de lo sucedido fue imposible encontrarlos. A la vez, las cámaras de vigilancia de cercanías al club nocturno donde sucedieron los hechos no fueron revisadas a tiempo. Al inicio la policía argüía que no se encontraban en funcionamiento y poste-riormente se verificó lo contrario, por lo que el fiscal a cargo demoró en la solicitud de las imágenes que para entonces ya habían desaparecido.

Otro aspecto fundamental sobre este caso, es que la calle donde sucedió el hecho no fue cerrada inmediatamente, sino días después luego de que varios transeúntes y vehículos hicieron su recorrido por el lugar, pudiéndose perder una cantidad importante de información sin recolectar.

La falta de recursos, la capacitación y supervisión en las investigaciones, son el problema en todos los casos. Esto se traduce en que los familiares deben correr con los gastos para llevar a cabo las autopsias, necropsias, etc.

En el caso de Verónica Quintana, estudiante de la carrera de ingeniería geológica de la Universidad Mayor de San An-drés, y cuya muerte data de agosto de 2013, su madre cuenta que en medio de la autopsia de su hija le pidieron que saliera a comprar hisopos para tomar muestras de la posible agresión sexual.

El familiar de otra víctima que no quiso ser identificado por este medio, contó que el médico forense se negó a hacer la autopsia porque no contaba con guantes de látex y que estaba “cansado de comprar con sus propios recursos su material de trabajo”.

“Si los familiares de las víctimas no tienen los recursos económicos para proporcionar los materiales de investiga-ción se puede quedar incompleta”, dice el informe. Con todos esos antecedentes se llega al juicio, con errores en las investigaciones, con falta de toma de pruebas y con omisiones en los detalles. Esto conlleva a que en el proceso se retipifique el hecho, muchas veces de feminicidio a suicidio, como en el caso de Verónica Chino, en cuya muerte se encuentran implicados docentes y estudiantes de la carrera de agronomía.

“En las mismas autopsias, como no se implementaba una perspectiva de género, los investigadores y los fiscales no evaluaban indicadores de violación, de violencia física, porque no tenían esa perspectiva de género y si no lo evalúan con esos lentes de género, entonces nada más ven como si fuera un homicidio regular y no toman en cuenta los prece-dentes”, dijo Fabiola Alvelais, investigadora de la clínica de Harvard.

La falta de preparación de especialistas en el tema, hace que la tarea investigativa se tope con otro obstáculo para los familiares de las víctimas, la fiabilidad de los resultados con los que se va a juicio. Constantemente y bajo el ojo de la tormenta, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha sido señalado por la falta de transparencia a la hora de contratar personal calificado, especializado y experimentado para esta área. Algunos familiares de víctimas de feminici-dio que prefirieron mantener sus nombres en reserva, cuentan que tuvieron que enfrentar la pérdida y/o contaminación de una o más pruebas en manos de los propios investigadores, ya que fueron llevados a sus domicilios y extraviados (en el peor de los casos) o contaminados por negligencia en su manipuleo.

Barreras judiciales

Las Barreras Judiciales es el segundo obstáculo a enfrentar,  el acceso a la justicia tiene un costo económico impor-tante, pese a la gratuidad (en teoría) de este derecho. Entre los costos que se deben cubrir están los honorarios de los abogados, compra de los materiales para las primeras investigaciones, como las autopsias, correr con los gastos de transporte y refrigerio de los investigadores, policías, entre otros. El importe final oscila entre 5.000 dólares a 25.000 dólares durante todo el proceso.

Los familiares de Verónica Quintana afirman que al inicio de la investigación gastaron 10.500 dólares como sumato-ria de los servicios de la contratación de dos peritos forenses particulares, una psicóloga forense y un planimetrista para dar datos exactos de profundidad del barranco en el que el cuerpo de Verónica fue encontrado. Mientras más se tarda en obtener justicia, los costos para el acceso a ella se acumulan y en muchos casos las familias deben optar por abandonar los procesos.

Discriminación institucional

A todo esto se suma la discriminación institucional, como tercer obstáculo para el acceso a la justicia,  esto ocasiona que los familiares desistan del proceso por el modo en que algunos funcionarios y operadores de justicia los tratan. Pese a que el artículo 12 de la Ley 348, establece que los Órganos del Estado adopten y desarrollen programas de formación específica para la lucha en contra de la violencia (cualquier tipo), la perspectiva de género se ausenta a la hora de tomar declaraciones a las víctimas y testigos.

Daniela Tapia, Cientista Social y candidata a un doctorado, murió el 2017 en una clínica de la ciudad de La Paz. Días antes de ser internada, su esposo y prófugo de la justicia, Mauricio Morales Navarro, cortó toda comunicación con la familia de su pareja. El hijo de ambos, de cuatro años y su sobrino de 12 años, contaron que Daniela estaba encerrada en una habitación y que pedía ayuda para ser socorrida.

Sin embargo, la declaración de ambos niños pese a haber cumplido con los requerimientos como la realización de los mismos en cámara Gesell, deben ser sometidos a una prueba de credibilidad de testimonio a solicitud del mismo juzga-do donde se encuentra radicado el caso.

Las dilaciones y las chicanas judiciales (tácticas para retrasar los procesos) como elementos para favorecer a la parte acusada, son infaltables. Un ejemplo de estos retrasos planificados, se encuentra la muerte de Verónica Quintana, y cuyos familiares enfrentan audiencias suspendidas por falta de uno o más implicados en el hecho desde el año 2013 hasta la fecha. Debido a estas dilaciones, el fiscal encargado del caso en la ciudad de El Alto, cerró el proceso por falta de avances sustanciales y fue trasladado a la ciudad de La Paz.

Los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia en lo Penal, determinaron reiniciar por segunda vez el proceso, sin tomar en cuenta los plazos procesales vencidos. “De dónde voy a sacar dinero para seguir con esto, yo pago las notificaciones, yo hago las diligencias a pesar de que dicen que la fiscalía debería correr con los gastos (…) uno de mis principales testigos vive en otro departamento y voy a tener que correr con los gastos de traslado”, dijo la madre de la víctima en la última audiencia.

La impunidad

El caso más emblemático como muestra de la operatividad del sistema judicial boliviano sobre el feminicidio, es el de María Isabel Pillco que murió en el Hospital de Clínicas en octubre del 2014. María escapó de su casa en compañía de su pequeña hija, luego de que su pareja David Viscarra la encerró durante dos días para someterla a una brutal golpiza. Buscó refugio en casa de su mamá y pese a los primeros auxilios brindados, tuvieron que llevarla al hospital.

Días después de su internación, María Isabel murió producto de las graves lesiones internas que comprometieron al hígado y una hemorragia que no pudo ser controlada. Antes de morir dejó una carta identificando a su pareja como el autor de las agresiones.

El feminicidio es una cadena de sucesos de violencia sistemática que anteceden a la muerte de la mujer como última instancia. Es decir, la violencia psicológica, patrimonial, física son algunos de los predecesores al feminicidio. Pese a esta explicación plasmada como espíritu de la Ley 348, los jueces Iván Perales y José Luis Quiroga, dictaron la sentencia absolutoria a favor de David Viscarra.

El informe médico forense de María, señala que la causa de la muerte fue por “Anemia severa por hemorragia interna, laceración hepática y trauma abdominal, con causas de hemorragia subdural y policontusa”.

Días después de la liberación de Viscarra, él y sus familiares se presentaron en varios medios de comunicación anun-ciando que solicitaban la tenencia de la pequeña hija de ambos.

“Hay casos de feminicidios en los que los feminicidas, están peleando por la tutela de los niños y niñas (…) pero no están peleando porque los que quieren sino porque quieren utilizarlos para dar una imagen de que son buenos padres, entonces ahí entra el estereotipo de que un hombre que se hace cargo de sus hijos sería incapaz de matar”, dijo Helen Álvarez.

Luego de la resolución de los jueces Perales y Quiroga, el colectivo feminista Mujeres Creando solicitó a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, una auditoría legal sobre el caso y el análisis determinó que durante el proceso se vulneraron nueve derechos en contra de la víctima.

Resoluciones del documento

El documento CD-CCLSE Nº 001/2018-2019 que fue presentado en junio del pasado año, identifica los derechos nega-dos como acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa, a ser oída, a tener un juez imparcial, a la vida y a vivir sin violencia.  El mes pasado, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, resolvió anular la absolución a David Viscarra por el delito de feminicidio. Esta determinación, además instruye el inicio de un nuevo proceso por las irregularidades identificadas en la auditoría legal.

Las recomendaciones finales del documento de Harvard, establecen que el gobierno Plurinacional, debería redirigir los recursos de investigaciones de feminicidios a la Policía boliviana para que cuenten mínimamente con los materiales básicos para los procesos investigativos. El gobierno nacional debe asegurarse de tener módulos policiales y fiscalías bien equipadas en toda Bolivia. A su vez, es importante contar con el apoyo de organizaciones, ONG’s, sociedad civil, entre otros, para la implementación de políticas dirigidas a la prevención del feminicidio.

Las leyes y los procedimientos jurídicos deben ser respetados por los operadores de justicia con el fin de seguir los protocolos diseñados y que los casos de feminicidios sean juzgados apropiadamente. El estado debería llevar a cabo una auditoría del feminicidio a nivel nacional para verificar la situación en la que se encuentran los índices desde la imple-mentación de la Ley 348, pero además para evaluar la calidad de la operatividad de las instancias encargadas de atender los casos de violencia en contra de las mujeres.

“Bolivia, es uno de los primeros países que ha logrado una ley de feminicidio, hay varios países que no tie-nen algo similar, hay negligencia pero también hay personas que quieren hacer algo  y lo que queríamos hacer era identificar los huecos en el sistema”, dijo Thomas Becker, instructor de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard.