La Paz, 5 de julio (Urgentebo).- A cuatro días de que el Ministerio Público decida si el expresidente Carlos Mesa es enjuiciado o no por el caso Quiborax, el exmandatario le dijo al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que sería una “aberración”, aceptar la preposición acusatoria en su contra presentada contra él y dos de sus exministros por el Procurador del Estado, Pablo Menacho.
En su blog, el exmandatario escribió “ Constituiría una verdadera aberración jurídica que su autoridad acepte la Proposición Acusatoria presentada en mi contra y de tres de mis Ex Ministros por el Procurador y otras autoridades de la Procuraduría auditadas, si en la conclusión de la auditoría ordenada por el Órgano Ejecutivo, se establecerían indicios de responsabilidad penal de estos u otros funcionarios por la mala defensa de Bolivia en este arbitraje, generadora del daño económico al Estado”.
En la carta enviada a Guerrero, Mesa hace referencia a que el Gobierno hace una auditoria de cómo se “llevó a cabo la defensa de Bolivia en este juicio internacional”. El Fiscal General del Estado dijo ayer que se definirá la situación jurídica del exjefe de Estado el 9 de julio.
Le recuerda también que el 18 de julio, fue él (Carlos Mesa) y dos exminstros, alertó sobre la irregularidades en las negociaciones que realizó la Procuraduría del Estado calificadas como “fallidas” por el exmandatario (2003-2005).
Además el expresidente de Bolivia hace referencia a declaraciones que respaldan que tiene la razón, citó una declaración publicada en el portal Urgentebo.com que hizo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, el 29 de junio.
“ La gravedad de esta irregularidad, también está confirmada, por las declaraciones del Diputado del MAS Edgar Montaño que en la publicación de Urgentebo de fecha 29 de junio de 2018, que adjunto a este memorial, se señala textualmente: “Eso es traición a la patria, así de tajante fue la expresión del diputado oficialista Edgar Montaño frente a la filtración de documentos por parte de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti a los abogados de la empresa chilena Quiborax, mientras se llevaba adelante el arbitraje”.
“Eso no debería haber ocurrido jamás, eso es traición a la patria, en mi modesto entender y no solamente ella (Llorenti) sino hay otros funcionarios, también, que se han prestado a este tipo de delitos, es un delito afirmó”.
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